La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, anunció que no hará un monitoreo in situ de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre, como le habían pedido sus organizadores y varios grupos de activistas y políticos.

De acuerdo con la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, en una respuesta vía correo electrónico enviada a Radio Televisión Martí, esta "continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

La funcionaria recordó que el 16 de julio de 2021 Bachelet hizo una declaración sobre las protestas masivas del 11J y la respuesta violenta del régimen cubano, donde "destacó la importancia del diálogo y el respeto de los derechos de reunión pacífica y la libertad de opinión y expresión".

"Las normas internacionales de derechos humanos estipulan lo que implican los derechos a la libertad de asociación y la libertad de opinión y expresión. Estos derechos solo pueden limitarse si las restricciones son necesarias, proporcionadas y prescritas por la ley", agregó Hurtado.

"Como señaló el Comité de Derechos Civiles y Políticos, la imposición de cualquier restricción debe guiarse por el objetivo de facilitar el derecho. Las restricciones deben ser neutrales en cuanto al contenido y no estar relacionadas con el mensaje transmitido por los manifestantes y no deben ser discriminatorias, menoscabar la esencia del derecho o tener como objetivo desalentar la participación en las manifestaciones", señaló.

Finalmente, la portavoz aseguró que "la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista para brindar asistencia a las autoridades y otros actores cuando sea relevante".

Se trata de la primera reacción de esta entidad de Naciones Unidas después que diversos grupos de la sociedad civil cubana y organizaciones del mundo le pidieran hacer referencia a la grave situación que se vive en la Isla.

En octubre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a Bachelet exigir la liberación de los presos políticos en la Isla, condenar la actuación de la Fiscalía estatal, que amenazó a los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio con procesarlos judicialmente, y apoyar al pueblo cubano en su deseo de manifestarse el 15N.

También varios centenares de cubanos enviaron una carta a la responsable de los derechos humanos en la que exigieron una condena "sin rodeos a la doble violencia institucionalizada en Cuba: la que proviene del Estado y la que, azuzada por este, adquiere los modos, estilos y discursos del paramilitarismo".

A inicios de septiembre, en el informe acerca de las violaciones de los derechos humanos en el mundo que presentó Bachelet al inaugurar la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Alta Comisionada no hizo mención a la represión desatada por el régimen cubano tras el 11J.

No obstante, sí condenó la persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro, estrecho aliado de La Habana, y criticó la escasez de datos públicos en ese país.

DIARIO DE CUBA