Perdue respondió afirmativamente a una pregunta al respecto del congresista republicano por Arkansas Rick Crawford, uno de los patrocinadores de la propuesta H.R. 525, Ley de Exportaciones Agrícolas a Cuba, la versión de la Cámara de Representantes.

“Creo que es algo que yo apoyaría. La gente en el mundo necesita créditos privados para comprar nuestros productos, y yo estoy totalmente a favor de eso. Yo probablemente tendría alguna preocupación personal si estuviésemos dando créditos públicos a la nación cubana”, dijo el titular de Agricultura en la audiencia del pasado 15 de mayo ante el Subcomité de Agricultura de la cámara baja, donde presentó el informe “Estado de la economía rural”.

El representante Crawford respondió que compartía ese sentimiento y que el borrador está escrito para atender esa preocupación, de modo que sea estrictamente una transacción privada sin aporte de los contribuyentes.

En el siguiente video de la audiencia puede ver el intercambio acerca de Cuba entre Perdue y Crawford desde que el contador marca 1:23.23

La legislación pondría fin al requisito de pago en efectivo y por adelantado por parte de Cuba o mediante financiamiento de terceros países que estableció la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Fomento de las Exportaciones del año 2000. Esta excepción al embargo dio paso desde fines de 2001, después del paso por la isla del huracán Michelle, a las compras cubanas de alimentos, materias primas y otros insumos agrícolas a firmas estadounidenses.

El resumen disponible en la base de datos del Congreso no establece la diferencia entre financiamiento público y privado, aunque si precisa que la exención no se aplicará si el beneficiario de la asistencia estadounidense fuese una entidad controlada por el gobierno cubano, incluidas las fuerzas armadas, el Ministerio del Interior o cualquier subdivisión de cualquiera de estas entidades gubernamentales, o si se considerara que está traficando con propiedades de personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, que fueron confiscadas por Cuba a partir del 1 de enero de 1959.

En la cámara alta el proyecto fue presentado por los senadores Heidi Heitkamp (demócrata por Dakota del Norte) y John Boozman (republicano por Arkansas), bajo el título "Ley de Expansión de las Exportaciones Agrícolas",

Perdue reitera con esta declaración lo que ya había manifestado durante su audiencia de confirmación en el Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado en marzo pasado. Entonces dijo lo siguiente en un intercambio con el senador Boozman:

"Con respecto a Cuba (…) creo que nos encantaría tener a Cuba como cliente en muchas cosas. Encabecé en 2010 una delegación de Georgia a Cuba como Gobernador (2003-2011) y encontré que gran parte del problema para ellos era la capacidad de pago y la capacidad de financiamiento".

"Creo que tenemos el producto que ellos necesitan y que les gustaría. La gran interrogante que escuché con respecto a Cuba fue la parte de la financiación. Sin duda que eso se ventilaría probablemente en otra área, no en el Departamento de Agricultura, pero yo apoyaría sus esfuerzos si pudiéramos obtener financiamiento privado", dijo el entonces nominado a la Secretaría de Agricultura, aludiendo al mencionado proyecto de Ley de Exportaciones Agrícolas a Cuba.

Después de alcanzar un máximo de 710 millones de dólares en el 2008, las compras cubanas de productos agrícolas estadounidenses (principalmente granos, aceites, pollos y productos hortícolas) disminuyeron a 180 millones de dólares en 2015.

Para John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (USCTEC), que monitorea el comercio entre ambos países, la gradual reducción estaría relacionada no solo con la disponibilidad de créditos extendidos por gobiernos aliados, sino también con una intención de las autoridades cubanas de generar mayor presión por parte de compañías y congresistas de Estados Unidos a favor de la eliminación del embargo, o al menos de la extensión de créditos estadounidenses.

La Habana cubre con importaciones alrededor del 60 % de las necesidades alimentarias del país, lo que supone una erogación anual próxima a los $ 2.000 millones.

MARTINOTICIAS

(Redactado por Rolando Cartaya con información del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes)