Una iniciativa ciudadana con el nombre de "25-S. Rodea el Congreso" ha llamado a cercar la cámara baja del Parlamento con la intención de reclamar un nuevo proceso constituyente

Madrid vive un martes difícil de protestas en las calles contra las políticas y los recortes que el gobierno de Mariano Rajoy aplica en España, una jornada que estará acompañada por un fuerte despliegue policial y que el lunes se calentó con unas polémicas declaraciones desde el Partido Popular (PP).

Según los convocantes, en España se viven las consecuencias de "un sistema condicionado y coaccionado por los mercados, que es a todas luces insostenible". Pretenden rodear el Congreso de los Diputados con tres marchas simultáneas a la misma hora en la que en la cámara se celebra un pleno, pese a las advertencias desde el Ejecutivo, que ha recordado que según la ley, no se pueden celebrar manifestaciones junto al edificio cuando los diputados se encuentran reunidos.

El ambiente se caldeó el lunes con unas declaraciones de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en las que comparó la iniciativa con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

"La última vez que se rodeó Congreso fue por el intento de golpe de Estado por unas personas que querían taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y querían ocupar la casa que es de todos", dijo en rueda de prensa. "No sé por qué hay que tratarlos de manera distinta si lo que pretenden es ocupar la casa de la soberanía nacional", señaló, encendiendo los ánimos de muchos de los que pretenden manifestarse contra la política de recortes del gobierno de Rajoy.

El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición española, criticó esa comparación. El 23-F "entraron militares con pistola" a la cámara, dijo su número dos, Elena Valenciano, quien no obstante señaló que quien se manifieste este martes "debe hacerlo dentro de la ley".

La Audiencia Nacional española imputó ya la semana pasada a ocho personas por la convocatoria de la marcha alrededor del Congreso de los Diputados, sobre quienes se cierne, en caso de llegar a ser acusados, penas de entre seis meses y un año de cárcel o una multa de entre 12 y 24 meses.

"No va se a permitir bajo ningún concepto que se rodee o que se tome el Congreso", manifestó la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. "Eso sería delito".

Las autoridades han autorizado varias concentraciones, reuniones y marchas para el martes en el centro de Madrid, pero a cierta distancia del Congreso de los Diputados. Asimismo han rechazado una acampada permanente de cinco días junto a la cámara baja del Parlamento español.

El Ejecutivo parte de que será una jornada "difícil" y ha preparado un fuerte dispositivo policial que, según Cifuentes, permitirá afrontar "una situación que se prevé que puede ser complicada". Habrá más de 1.300 agentes de policía desplegados.