El Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa denunció que 1,3 millones de cubanos perderán su empleo, lo que implcará "mayores violaciones a sus derechos" y mayor represión.

El 25 de agosto entró en vigencia una norma que reduce la cantidad de empleados públicos y aspira a aumentar así el trabajo por cuenta propia, para paliar la crisis económica de la isla comuniista.

Para el director ejecutivo del GIRCC, José Brito, en Cuba quedarán sin empleos un total de 1,3 millones de trabajadores de una fuerza laboral de 4,9 millones, según denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Un Gobierno como el de (Raúl) Castro no sabrá enfrentar esta grave coyuntura si no con mayor represión y mayores y más severas violaciones a los derechos individuales y colectivos del pueblo", alerto Britos, quien acusó al presidente Castro de ser "un dictador militar dispuesto a mantenerse en el poder a toda costa y a todo costo, al más ortodoxo estilo estalinista".

El régimen comunista se propone suprimir en seis meses 500.000 empleos de las abultadas plantillas estatales.

A los funcionarios que sean despedidos se les ofrecen las alternativas de otras plazas públicas vacantes "imprescindibles de cubrir", incorporarse al trabajo por cuenta propia, dedicarse a la agricultura con la entrega de tierras en usufructo y "otras formas de empleo en el sector no estatal".

Además hay un listado de 178 actividades en las que se podrá ejercer el trabajo por cuenta propia. Y se permitirá la contratación de asalariados en 83 de esos oficios.