Alberto Fumero fue abogado del opositor José Daniel Ferrer durante la Primavera Negra de 2003. Por su postura durante el proceso legal contra el Grupo de los 75 activistas y opositores condenados por el régimen cubano entonces, Fumero tuvo que abandonar su trabajo en los bufetes colectivos oficiales.

DIARIO DE CUBA conversó con el abogado sobre las violaciones durante el arresto de Ferrer y otros tres activistas de la organización que lidera, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el pasado 1 de octubre de 2019.

¿Qué artículos de la Ley de Procedimiento Penal y de la Constitución se violaron durante la detención y encarcelamiento de José Daniel Ferrer y los otros tres activistas de la UNPACU?

El artículo 244 de la Ley de Procedimiento Penal, por ejemplo, dice que las autoridades competentes informarán la detención y el lugar en que se halla el detenido.

Este procedimiento fue violado en el caso de José Daniel Ferrer, máxime si se tiene en cuenta que los detenidos están desamparados, no cuentan con asistencia jurídica ni representación legal durante los siete días de incomunicación. Después de este período, Ferrer y sus otros compañeros tenían derecho a recibir visitas familiares, y debían ser informados sobre el supuesto delito por el que se les mantiene en prisión.

Aunque el capítulo V de la actual Constitución cubana asegura garantía, igualdad y protección a los ciudadanos ante la ley, en el caso de José Daniel no ha existido respeto alguno por esos derechos. El artículo 51 de la Carta Magna, por ejemplo, expresa que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas, ni tratos crueles inhumados y degradantes.

¿Tienen algún tipo de defensa los ciudadanos ante las violaciones de sus derechos por parte del Estado?

El ciudadano cubano de hecho está totalmente indefenso, y ello tiene una raíz que va más arriba, va precisamente a la concepción socialista del sistema. En Cuba el irrespeto a la ley prevalece por sobre el respeto a la ley.

Se habla de Estado de Derecho, de ley fundamental, pero el Estado no es capaz de cumplir lo que estableció como garantía de los derechos fundamentales. Si estas violaciones se cometen de forma sistemática y tan evidentes, te das cuenta que no hay garantía alguna.

El Estado cubano viola los derechos de José Daniel y sus compañeros sin parecer demasiado preocupado por la opinión pública. ¿A qué obedece esta actitud?

Con esta actitud el Estado cubano más bien lo que está tratando es de hacer extensivo su mensaje a todo aquel que disienta, a las organizaciones independientes de la sociedad civil, por ejemplo, para demostrar fuerza y poder para amedrentar.

Esto para mí obedece al contexto internacional: por una parte está Donald Trump, con todas sus medidas contra el Gobierno cubano. Por otro lado, está la Unión Europea. Hoy, para mí, la posición de este bloque comunitario es que la situación de los derechos humanos en Cuba no es su prioridad. Prevalece el interés económico. Y este mensaje el Gobierno cubano lo ha recibido perfectamente.

¿En qué se diferencia el proceso penal de 2003 contra el Grupo de los 75 al que acontece hoy contra José Daniel y los demás detenidos?

Recuerdo que los juicios de 2003 fueron sumarísimos, todas las garantías fueron reducidas a cero, se redujeron todos los términos, los abogados no tuvimos acceso a la instrucción o fase preparatoria. Fue un proceso en el que las violaciones del debido proceso estuvieron a la orden.

En aquel momento había otra coyuntura, incluso hubo amedrentamiento para los abogados por parte de la policía política. Ahora el contexto es otro, existen las redes sociales e internet. Los cubanos de alguna forma están más empoderados para denunciar las violaciones.

DIARIO DE CUBA