“Los problemas detectados se repiten y que no se ha logrado frenar la ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción” reza el informe anual de la Contraloría General de la República de Cuba correspondiente a 2018, según una publicación del diario oficialista Granma.

Lo cual se debe, de acuerdo a la contralora general, Gladys Bejerano Portela, a que falta documentación en los sistemas contables de las empresas estatales y a que estos carecen de registros primarios; hacen tratamientos contables incorrectos, se saltan los cuadres diarios; no se emiten vales de entrega y devolución de productos y “al débil monitoreo” de los jefes de la supervisión.

El problema más grave, en opinión de Bejerano, lo tienen en las unidades y empresas, por lo que no tiene sentido que los cuadros que están al frente de éstas asistan a cursos teóricos si no tienen habilidades de dirección.

Por otro lado, Granma cita en su nota a Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, quien admitió que las actividades mayoristas y minoristas del sector que dirige son las que concentran el mayor número de hechos delictivos. De ahí que sea en estas áreas donde se lleva a cabo “la mayor depuración de actos” para que la contabilidad funcione.

Este jueves ya Miguel Díaz-Canel había dicho que para frenar las ilegalidades se debía empezar por poner el fin al robo de combustible, pues en una reciente inspección a la administración provincial del Estado, el Gobierno detectó la falta de documentos primarios que justifiquen la actividad, “el deterioro de los índices de consumo”; el descontrol de las tarjetas magnéticas y la mala utilización de los GPS.

En tal sentido, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, aseguró que el Gobierno de Cuba ha retirado 180 toneladas de combustible a las empresas estatales que han recibido calificación deficiente en el control del robo de petróleo y gasolina.

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