Las medidas adoptadas por el gobierno para el transporte público en la capital afectan al sector privado, opina el analista Énix Berrios, director del independiente Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática de Cuba.

En lo que va del 2017, el gobierno ha retirado 92 licencias a taxistas privados e impuesto precios topados a los boteros, pero en Cuba "el sector estatal no es capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la población a pesar del anuncio de medidas regulatorias", dijo el experto, que calificó dichas medidas de “propaganda política y represalia contra los trabajadores”.

El sector privado, que hasta ahora ha sido el encargado de llevar adelante el transporte con “las antiguallas, almendrones y coches la transportación depersonas, sigue enfrentando “restricciones y persecución”.

Como parte de la política de reordenamiento del transporte de pasajeros en la capital, en el último trimestre del año deben comenzar a funcionar piqueras para los taxistas privados (boteros), anunció el pasado jueves en conferencia de prensa Marta Oramas, viceministra de Transporte.

Las acciones con los "boteros" conllevarán un respaldo del gobierno que incluye, entre otros aspectos, el otorgamiento de facilidades para el acceso al combustible, señaló la Viceministra, quien además aclaró que los que “no deseen trabajar por rutas podrán permanecer desvinculados de las estructuras que se crearán; no obstante, se adoptarán medidas para evitar infracciones”.

Para Berrío, esa alternativa del gobierno no aporta mejorías, puesto que “lo único diferente que tiene para los transportistas es que le venden el combustible a menor precio, y eso los obliga a mantener un precio oficial”.

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