El plan del Tesoro norteamericano incluiría, además de las sanciones primarias o directas que afectan solo al régimen venezolano y varios de sus jerarcas, establecer sanciones secundarias que penalizarían a aquellos que compren el crudo y otros productos al régimen.

La medida afectaría no sólo a empresas rusas como Rosneft, sino también a estadounidenses como Chevron o españolas como Repsol, apunta ABC. Pero desde la Administración Trump recalcan que el blanco es la petrolera rusa.

Según estimaciones del Gobierno norteamericano, la compañía rusa ya distribuye dos tercios del crudo que extrae el régimen que, por medio de un despacho en Panamá, acaba sobre todo en India y China. Rusia cobra también comisiones por la distribución, en un negocio redondo.

Es que después de décadas de dominar su industria petrolera, el régimen venezolano está entregando silenciosamente el control a las compañías extranjeras en un intento desesperado por mantener la economía a flote y aferrarse al poder.

Nicolás Maduro, en su lucha por mantener el control de un país que se encuentra en su séptimo año de una crisis económica agobiante, está abandonando las políticas que una vez fueron fundamentales para su revolución de inspiración socialista. Las empresas privadas están bombeando crudo, organizando las exportaciones, pagando a los trabajadores, comprando equipos e incluso contratando escuadrones de seguridad para proteger sus operaciones en un campo que se está colapsando, según los gerentes y consultores petroleros que trabajan en los proyectos energéticos del país.

En efecto, se está llevando a cabo una privatización sigilosa, denunció Rafael Ramírez, quien dirigió la industria petrolera de Venezuela durante más de una década antes de romper con Maduro en 2017.

De hecho, detrás del golpe a la Asamblea, del uso de la fuerza para impedir que Guaidó y 100 diputados ingresaran al Parlamento el 5 de enero pasado para renovar autoridades, hay un intento de la dictadura de asegurar su supervivencia a largo plazo atrayendo inversionistas rusos y chinos para revivir la colapsada producción de crudo del país. El gobierno de Putin exige seguridad jurídica para extender su respaldo al chavismo y el Parlamento, hoy en manos de Guaidó, es el único organismo gubernamental legalmente capaz de aprobar acuerdos de licencias petroleras en Venezuela.

El intento de Maduro, que por burdo fue repudiado hasta por sus aliados México, Argentina y España, fue parte de una estrategia para redactar una ley que diera a las compañías extranjeras el poder legal de dirigir las operaciones diarias de los proyectos petroleros en Venezuela.

INFOBAE