La militarizada Guardia Nacional es responsable de medio millar de heridos (más de la mitad del total) y de la muerte del joven Juan Pernalete durante las violentas protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este miércoles la fiscal general, Luisa Ortega.

Según la funcionaria, hasta este miércoles 55 personas murieron en las manifestaciones iniciadas el 1 de abril (52 son civiles y tres policías y militares), reporta AFP. En una declaración pública, Ortega también reportó un millar de lesionados: 771 civiles y 229 policías o militares.

"Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Preocupa cómo se ha exacerbado la violencia", expresó.

Ortega responsabilizó a un oficial de la Guardia Nacional (no identificado aún) por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril.

Murió por un "shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Fue impactado por un objeto como este", dijo al mostrar una bomba lacrimógena. El Gobierno había señalado que Pernalete había fallecido por un impacto de un objeto metálico.

"Repudiamos la violencia venga de donde venga", señaló.

"Las manifestaciones deben ser pacíficas. Eso es un derecho que el Estado debe garantizar. Si empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho. La violencia solo deja daños irreparables", agregó la fiscal, quien fustigó abusos cometidos durante las protestas de la oposición.

La fiscal sostuvo además que el Ministerio Público investiga siete casos "por uso de justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria" y pidió comprobar el estado de salud de esos detenidos.

"Estamos preocupados por la situación en que puedan estar estos cuantos detenidos ahí en la Justicia Militar", dijo en una rueda de prensa, tras señalar que solicitó a la Fiscalía General Militar el "número de procesos y detenidos".

Además, subrayó la importancia de que los procesos contra esas personas sean abiertos en jurisdicciones naturales.

"Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas", agregó.

La fiscal indicó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) considera que la detención por la justicia militar es "contraria a los mandatos y principios emanados de la República Bolivariana de Venezuela".

"El Ministerio Público tiene la obligación, esto yo no lo estoy diciendo, lo dice la ley (...) es una obligación que yo tengo, el Ministerio Público, (de) verificar el estado en que se encuentran los detenidos", afirmó.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo el pasado 12 de mayo que las personas que cometan actos vandálicos, terroristas o ataques a establecimientos comerciales en el país serán sometidas a la Justicia militar.

Mientras que el pasado 5 de mayo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró a EFE que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley.

De acuerdo con estimaciones de la organización Foro Penal Venezolano unos 334 civiles son procesados en la actualidad por tribunales militares.

La fiscal Ortega, confesa chavista, se distanció de la linea gubernamental desde que el máximo tribunal asumió brevemente en marzo las competencias del Parlamento (de mayoría opositora), por considerarlo una "ruptura del orden constitucional".

También ha expresado sus críticas a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, por considerar que agravará la crisis del país.

Una jueza del Tribunal Supremo se desmarca

La magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Marisela Godoy, hizo suyas las palabras de su colega Danilo Mojica Monsalvo, que este martes manifestó su desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

"Una Constituyente en esos términos, donde no existe la representación de empoderamiento del venezolano no nos va a representar y lo que va a traer como consecuencia es más sangre, más horror, no vamos a poder resolver nuestros problemas", dijo Godoy a la emisora privada Unión Radio.

La magistrada señaló que también hace suyas las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que el viernes pasado señaló que cambiar la Carta Magna a través de una Constituyente como ha propuesto el presidente "aceleraría la crisis" en el país.

Godoy dijo que Maduro ha propuesto que se elijan 540 corredactores de la Constitución en las próximas semanas y que muchos venezolanos, incluyéndola, no han sido consultados para saber si están de acuerdo con ese proceso.

"Cualquier persona que se levante, cualquier ciudadano, tenga la edad que tenga, que se levante para que sostengamos el legado de mi papá, de mi familia, que es la democracia, bienvenido sea", dijo.

La declaración de Godoy se conoció horas después de que el magistrado Mojica, de la Sala de Casación Social, expresara su desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente en una carta enviada a Maduro a la que EFE tuvo acceso y en la que pide al presidente "un espíritu republicano y de apego constitucional".

El pasado 1 de abril se inició en Venezuela una ola de protestas antigubernamentales, después de que el Supremo asumiera funciones del Parlamento, lo que fue visto por la oposición como un "golpe de Estado" y ponderado por la fiscal general como una "ruptura del hilo constitucional".

La escalada de tensión se recrudeció con la convocatoria de la Constituyente, lo que ha animado las protestas en el país, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado más de medio centenar de heridos.

DIARIO DE CUBA