El régimen de Nicolás Maduro ha cerrado todas las vías institucionales a la oposición lo cual podría condenar al antichavismo a apelar a la vía insurreccional o la golpista. El país parece caminar hacia el colapso económico y la crisis institucional y política.

(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha chocado una y otra vez con el  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que derrumba las iniciativas nacidas en el legislativo. La última, este mes de enero, cuando declaró la nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional en 2017 por desacatar “varias sentencias” de las salas Constitucional y Electoral.

Por eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se niega a rendir cuentas ante la AN y lo hace ante el TSJ a quien ofreció este año la memoria y cuenta anual sobre el ejercicio.

Y ello pese a que la Constitución venezolana establece que a más tardar el 15 de enero de cada año el jefe de Estado debe presentar “personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”.

Del bloqueo institucional…

Venezuela sigue, por lo tanto, inmersa en pleno choque de trenes institucional.

El Aissami con Maduro

Nicolás Maduro ha logrado bloquear las iniciativas opositoras y ha empujado al antichavismo a pensar solo en defenestrar al presidente.

Maduro y su entorno no solo controlan 4 de los 5 poderes del régimen sino que han encontrado una herramienta para bloquear la mayoría opositora de la Asamblea. Se trata de la Sala Constitucional de Tribunal de Justicia que se ha convertido en un “suprapoder” con capacidad de veto para todo aquello que emprende el legislativo el cual ha quedado como un cascarón vacío carente de contenido.

En enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, declaró en desacato a la nueva Asamblea Nacional. La calificación vino como respuesta a un recurso introducido por la bancada oficialista, en el que se pedía al tribunal pronunciarse sobre la, entonces, presunta inconstitucionalidad de la juramentación, ese mismo día, de tres diputados opositores por el estado de Amazonas cuyas proclamaciones el máximo tribunal había ordenado suspender.

En febrero, el TSJ validó el decreto de emergencia económica que el presidente Nicolás Maduro dictó a principios de enero ya que que consideró que el procedimiento que la Asamblea Nacional siguió para rechazarlo no fue el correcto y por ello dictaminó que la resolución, que permite al Gobierno tomar medidas especiales durante 60 días, “se mantiene irrevocablemente incólume”.

En marzo, los cinco magistrados de la Sala Constitucional emitieron una decisión en la que se determinaban que la Asamblea Nacional “no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.

“La sentencia del TSJ [que elimina o limita el control parlamentario a los poderes públicos] es equivalente a un golpe de Estado. Si el gobierno se sigue oponiendo, no nos temblará el pulso para convocar una constituyente”, anunció Jesús Torrealba, secretario de la MUD.

Luego, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó que el Banco Central de Venezuela utilice las reservas internacionales sin consultar a la Asamblea Nacional. Y en julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaraba la nulidad de la decisión de la Asamblea Nacional que dejó sin efecto las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de diciembre pasado, mediante la sentencia N° 614, del 19 de julio.

El 17 de octubre la Sala Electoral del TSJ estableció como obligatorio obtener un mínimo del 20% en cada estado para activar el referéndum revocatorio, por lo que si se suspendía el acto en alguno, se frenaba la consulta a escala nacional lo cual es lo que acabó ocurriendo. Esto acabó hundiendo el referéndum.

Por último en este mes de enero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró mediante un comunicado que la AN no tiene facultad para destituir al jefe de Estado. La Asamblea Nacional de Venezuela había pedido elecciones tras declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, pese a que el Supremo sostiene que la Cámara no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.

Como señala en Prodavinci, José I. Hernández, “¿y si la AN cumple con la nueva exigencia de la Sala, y la Junta Directiva del 2016 convoca a una sesión para aprobar formalmente la desincorporación de los diputados? La AN puede hacer eso fácilmente, sin duda. Pero sería iluso pensar que esto bastará para rehabilitar jurídicamente a la Asamblea. Para decirlo en lenguaje claro: los antecedentes de la Sala Constitucional demuestran que, más allá de lo que haga la Asamblea Nacional, sus funciones serán desconocidas y sus actos anulados y suspendidos. Seguir insistiendo en ejercicio jurídico de esas funciones solo producirá el mismo resultado. Una y otra vez”.

…a la vía insurrecional

Sin margen de acción institucional, la oposición parece plantearse otras alternativas. Sobre todo por las acciones represivas del gobierno: el parlamentario Gilber Caro ha sido detenido por supuestamente preparar una conspiración y tenencia de armas. Asimismo, la Contraloría acusó a Henrique Capriles, gobernador de Miranda y principal líder de oposición, de malversación de fondos. Además, el 10 de enero el presidente Nicolás Maduro juramentó al Comando Nacional Antigolpe para “enfrentar las pretensiones golpistas de la derecha local e internacional y castigar todos los intentos para desestabilizar a Venezuela”. Al frente de este organismo situó al vicepresidente, Tareck el Aissami.

“La utilización de absurdos argumentos conspirativos para justificar detenciones irregulares demuestra la falta de compromiso de Venezuela con la promoción y protección de los derechos humanos”, ha dicho Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El diálogo ha fracasado como fracasaron anteriormente el de 2002 y el de 2014. De hecho, Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue el encargado de anunciar que la coalición opositora no acudirá a la reunión de diálogo de este pasado viernes: “No tiene sentido reunirse con quien incumple su palabra”. El diálogo político fue instalado el 30 de octubre y tuvo una segunda reunión plenaria el 11 de noviembre, tras la cual ambas partes emitieron una declaración conjunta en la que reseñaron los acuerdos que habían alcanzado.

El secretario ejecutivo de la MUD recalcó que enfrentarán al Ejecutivo nacional con legalidad y no irán en contra de la Constitución: “El triunfo de estos sujetos, que incurren en acciones ilegales, es que nosotros seamos un grupo inconstitucional. Ese sería su escenario ideal, dos grupos políticos peleando sin contar al país; dos borrachos peleando por una botella vacía”.

La postura de Torrealba apuesta por derrotar al régimen en la calle: “Nosotros usamos la movilización de calle, los paros, las huelgas, los recorridos y el diálogo. Todas estas son formas de lucha que necesitan una estrategia, y nuestra estrategia es constitucional, pacífica y electoral”, concluyó.

Otros se inclinan por vías más radicales.

Unos apuestan por conseguir que las FFAA tomen partido y de una forma u otra ejerzan presión sobre el ejecutivo de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, no ha dejado de lanzar guiños a los militares: “Las Fuerzas Armadas deben salir de esa cárcel en la cual la han metido de usarlas como si fueran parte del partido de Gobierno y asumir, como dice la Constitución, que ellas son de todo el pueblo, que no se deben a parcialidad o individualidad; y eso pasa porque violaciones a la Constitución tengan un contrapeso, una expresión, una manera de hacer vigente a la Constitución”.

“No estamos pidiendo que la FANB venga a salvar al país, sino que ellas están cumpliendo un papel indebido. Nuestro llamado a la FAN es que se permita que haya elecciones. Yo no quiero que la FAN salve al país sino al voto, pero ellas son fundamentales para que la Constitución se cumpla”, asegura Borges.

“Debe haber un cambio y tiene que haber una presión para que la FAN que hoy son dominadas partidistamente sean unas FAN liberadas de todos los venezolanos. Quien ha roto la Constitución es Maduro”, concluye Borges.

Marina Corina Machado hace otro tipo de apuesta, la insurreccional popular: “AN actuó hoy. ¿Y ahora qué? Valentía, firmeza y calle para sacar al dictador y sus mafias de Venezuela “Nicolás Maduro no es presidente legítimo, ni lo ha sido nunca”,”,

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela (VV) asegura que su organización permanecerá en la calle el tiempo necesario para derrotar “a la dictadura” que a su juicio encarna el Gobierno que preside Nicolás Maduro en Venezuela: “Hoy salimos por una hora, la próxima será el tiempo que sea necesario. No hay lugar prohibido para los ciudadanos venezolanos que luchan por democracia y libertad”.

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