(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. Nicolás Maduro y el régimen chavista buscan a la desesperada minimizar el impacto de la derrota en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre. Para conseguirlo están impulsando una triple estrategia que persigue licuar el triunfo opositor y la mayoría que ahora posee el antichavismo en la Asamblea Legislativa.

El nuevo panorama político obligaría a que el gobierno -chavista- y la mayoría opositora del legislativo -antichavista- pactaran y alcanzaran acuerdos para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, 15 años de “guerra” abierta y declarada entre los partidarios de Hugo Chávez y sus rivales han destruido los posibles puentes que comunican ambas veredas.

Además, la misma naturaleza del chavismo se desarrolla mejor instalado en el conflicto permanente con el rival político al que considera enemigo de la “Revolución”.

Así pues, una larga historia de rivalidad cainita y la esencia del movimiento que hegemoniza el poder en Venezuela desde 1999 provocan que el régimen esté impulsando una triple estrategia para aguar el triunfo opositor.

1-. La polarización como arma para contrarrestar la derrota

Nicolás Maduro no solo se resiste a tender puentes con la oposición sino que además ha establecido unas líneas rojas tan adelantadas que el margen de acción y diálogo es mínimo.

Por ejemplo, Nicolás Maduro ha adelantado que vetará la Ley de Amnistía que prepara la diputada electa opositora Delsa Solórzano, y que aspira a poner en libertad a los 70 presos políticos del chavismo: Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, y el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, entre otros.

Los líderes de la Mesa de Unidad Democrática

El gobernante sigue, además, sin responder a los llamamientos en favor de convocar a los ganadores de los comicios legislativos a un diálogo para coordinar políticas contra la crisis económica.

La dinámica que impulsa el gobierno no es de diálogo sino de polarización, de enfrentamiento entre los defensores de la “Revolución bolivariana” y quienes estarían deseando destruir la obra de Chávez y su sucesor.

2-. Deslegitimación del triunfo de la Mesa de Unidad Democrática

El triunfo opositor fue arrollador y lo fue porque utilizó las armas y la institucionalidad del propio régimen.

En las elecciones, la Mesa de Unidad Democrática obtuvo 112 escaños para la Asamblea Nacional, lo que le posibilitó contar con una mayoría calificada, con la que podrá promover leyes fundamentales y evitar que se realicen modificaciones sustanciales a éstas, aprobar votos de censura contra ministros y el vicepresidente y remover a las autoridades electorales.

Nueva Asamblea de Venezuela con mayoría antichavista

Sin embargo, Maduro y su entorno ha enfilado sus baterías para conseguir deslegitimar esa victoria, a pesar de que públicamente aseguraron que desde el oficialismo iban a respetar los resultados electorales.

Nicolás Maduro ha acusado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de comprar votos para asegurar su victoria en las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

De acuerdo con el presidente, una investigación habría sido abierta desde ya para aclarar esa supuesta compra de sufragios: “La antipolítica, expresada en el fraude, entró al corazón político-electoral. Hay pruebas de cómo se hizo. Grupos que atacaron el sistema de seguridad electoral, que aplicaron la compra de votos”.

3-. Vaciar de contenido el triunfo opositor

El régimen chavista cuenta con una larga tradición de licuar las victorias electorales opositoras para minimizar su impacto. Lo hace creando entramados políticos y entes administrativos exnovo que acotan y restringen las competencias de las instituciones que están en manos del antichavismo.

En 2009 la oposición se hizo con el municipio Libertador, también conocido como la “alcaldía de Caracas”, ya que la Alcaldía Metropolitana ejerce funciones de ente coordinador de las cuatro alcaldías menores de Caracas (Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta).

Nicolás Maduro

Pero entonces la Asamblea Nacional chavista decidió crear una nueva autoridad: el jefe de gobierno de Distrito Capital, con competencia  sobre el territorio de Libertador.

A este “jefe de gobierno”, designado directamente por el presidente de la República, se le otorgaron casi todas las funciones y los bienes –incluidas oficinas y sedes- que antes correspondían al alcalde metropolitano.

Ledezma vio reducidas sus potestades nada más asumir el cargo al perder el control de la Policía Metropolitana, con cerca de 10.000 agentes ahora a las órdenes del Ministerio del Interior, y la gestión de varios hospitales.

Ahora en 2015 se repite la historia a escala nacional, no local. Y el pilar de esa nueva estrategia pasa por la conformación de un parlamento comunal paralelo a la propia Asamblea y el nombramiento de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, instaló la semana pasada un Parlamento Comunal Nacional, que funcionará en la misma sede de legislativo. La medida hace parte de un paquete de reformas que el oficialismo –aún con mayoría en la Asamblea Nacional, la sede del parlamento de Venezuela– busca aprobar antes de que la mayoría opositora inicie labores legislativas el 5 de enero.

José Ignacio Hernández, abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha advertido sobre que el oficialismo puede aprobar una ley que le dé al Parlamento Comunal mecanismos para “legislar en contraposición a la Asamblea Nacional… Pretenden hacer ver que el pueblo actúa a través del Parlamento Comunal, cuando en realidad la expresión del pueblo se manifiesta a través del sufragio y precisamente lo hizo así hace una semana”.

En realidad, el propio Maduro ya ha adelantado cuál es su intención y esta pasa por dar “todo el poder al Parlamento Comunal, y va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”.

Ese es el camino escogido por Maduro que, como subraya el presidente de Datanalisis, Luis V. León, conduce a que “el chavismo logre controlar momentáneamente la crisis política que le representó la derrota. Lejos de la lógica convencional, perder no los divide sino los une… La amenaza de un enemigo externo los articula. Aunque sea con una unidad pegada con chicles, el Gobierno podría usar su control institucional para bloquear al Parlamento. Las nuevas leyes pueden ser desechadas por el TSJ declarándolas inconstitucionales. La amnistía enfrentará una calificación de crímenes de lesa humanidad para los actos “cometidos” por los amnistiados”.

Además, León apunta que “los juicios contra magistrados no contarán con el apoyo indispensable de los otros poderes ciudadanos y esto sin contar con que el TSJ puede crear una interpretación artificial que dé marco legal aparente al insólito Parlamento Comunal con el que pretenden bypasear la decisión electoral del pueblo. La oposición intentaría movimientos legales para responder al abuso del Gobierno, que van desde el revocatorio (que depende de un CNE chavista) a la Asamblea Constituyente, que sería más potente y menos bloqueable, pero no hay muchas expectativas de solución a corto plazo y lo más probable es que la energía termine canalizándose hacia la elección de gobernadores y alcaldes el próximo año, pero con mucha frustración de una población que se sentirá burlada”.