(Confidencial. Nicaragua)-. “El misterio que rodea la operación del concesionario chino del canal interoceánico se ha mantenido oculto con la complicidad del círculo íntimo del comandante Daniel Ortega. Fuera de esa argolla familiar, nadie, ni siquiera los miembros de su gabinete económico o los grandes empresarios aliados del gobierno, conocen en verdad quién es este personaje, qué poderes económicos y políticos están detrás de él, cuál es la envergadura y viabilidad de sus supuestos planes inversionistas, y menos aún advertir las consecuencias que esta aventura podría tener para nuestro país.

Por Carlos F. Chamorro

Esta investigación periodística realizada por Confidencial con fuentes y documentos radicados en Managua, Bejing, Centroamérica y Washington, arroja un poco de luz en la oscuridad. Ahora sabemos, por ejemplo, que Wang Jing ha tejido una red de 21 empresas, la mayor parte de ellas de maletín, de las cuales 15 están directamente relacionadas con Hong Kong Nicaraguan Development. Se trata de una intrincada telaraña de obligaciones corporativas en la que la responsabilidad del concesionario con el estado nicaragüense –en una ley de por sí onerosa– se diluye aún más, otorgando carta blanca a la impunidad.

Está comprobado, además, que la flamante HKND con sede en Hong Kong, en realidad vendió sus acciones a otra empresa de Wang registrada en Beijing, donde reside el eje de poder del concesionario, y que el mayor activo de este millonario que se presenta como empresario privado sin nexos con el gobierno chino, es la empresa de telecomunicaciones Xinwei, cuyo principal cliente no son los centenares de millones de chinos que demandan servicios de telefonía celular, sino el poderoso Ejército Popular de Liberación de China y sus proyectos especiales de comunicación.

Quedan aún pendientes muchas preguntas acuciantes sobre la inexistencia de algún estudio o evidencia que sustente la viabilidad económica, comercial y ambiental del canal y sus sub proyectos, y por lo tanto, la cada vez más plausible hipótesis de que esta iniciativa responde al interés geopolítico de la República Popular China. Más temprano que tarde se despejarán las dudas, y los países que hoy se mantienen escépticos o expectantes, tendrán algo que decir sobre un enclave que, inexorablemente, tendría un impacto en el equilibrio de fuerzas en la región.

En lo que respecta a Nicaragua, si estamos ante un negociado privado a costa del estado, si se trata de una apuesta política con el gobierno chino, o una combinación de ambos, el comandante Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país que es lo que hay detrás de esta conspiración.

Hace unas semanas, cuando otra investigación de Confidencial y Esta Semana demostró el daño irreversible que causaría en el lago Cocibolca la construcción de una zanja de 500 metros de ancho y 30 de profundidad a lo largo de 105 kilómetros (“El gran lago amenazado”), Ortega justificó la construcción del canal alegando que el lago ya está contaminado. Fue una salida inverosímil, ciertamente, pero mal que bien el absurdo presidencial hizo ver la necesidad de un verdadero debate nacional sobre el canal.

Ahora el mandatario debe brindarnos una explicación sobre la interminable cadena de negocios de Wang Jing a costa del Estado de Nicaragua, y las amenazas de expropiación contra decenas de miles de personas, entre ellos muchos sandinistas, que han marchado en distintos puntos del país en defensa de sus propiedades.

Más de treinta recursos por inconstitucionalidad contra la ley canalera que fueron rechazados de un tajo por una Corte Suprema de Justicia sumisa al poder, y once marchas de protestas contra la ley expropiatoria en distintos puntos del país, representan la más clara advertencia de que el proyecto del canal nunca fue consultado, ni cuenta con la anuencia del pueblo nicaragüense.

A contrapelo de este sentimiento nacional, Ortega insiste en que en diciembre iniciará la construcción del canal interoceánico contra viento y marea. Mientras tanto, la gente sigue demandando:

*¿Cuándo presentará el censo de las siete mil familias que serán expropiadas por la empresa china?

*¿Dónde están los 50 mil millones de dólares del consorcio internacional inversionista que prometió Wang Jing?

*¿Someterá el gobierno los estudios económicos, técnicos y ambientales del canal, si es que de verdad existen, al escrutinio de expertos independientes?

Nada puede esperarse de la Comisión del Canal integrada exclusivamente por funcionarios del gobierno, pero los representantes del sector privado que participan en la Comisión Asesora no deberían ignorar este reclamo nacional. Su complacencia ante el secretismo oficial sugiere la existencia de una mentalidad especulativa contraria al interés nacional. El silencio, inevitablemente, conduce a la complicidad. Ellos también tienen la obligación patriótica de hurgar en la oscuridad”.