Tenía razón el presidente Nicolás Maduro cuando en su discurso en horas del mediodía, durante la movilización oficialista que se efectuaba en Caracas este 12 de febrero para conmemorar los 200 años de la Batalla de la Victoria y el Día de la Juventud, afirmaba con entusiasmo ante sus seguidores –tanto a los militantes del partido PSUV, como a los funcionarios públicos obligados a asistir- que “Venezuela está en paz”, a pesar de las supuestas provocaciones opositoras que, en su opinión, constituyen “una corriente nazi fascista que quiere llevarnos al caos y la desestabilización”.

En efecto, hasta ese momento las múltiples marchas de la oposición en todo el país y las dos contramarchas oficialistas transcurrían en forma pacífica. La marcha opositora en Caracas, convocada por el movimiento estudiantil, fue especialmente masiva y tranquila. Aunque la censura gubernamental o a la autocensura de la mayoría de los medios de comunicación venezolanos no permitían la difusión correcta de la realidad, numerosas fotografías tomadas por los ciudadanos y los corresponsales extranjeros se colaron por las redes sociales y las páginas web, mostrando no sólo la multitud de opositores que se lanzaron a las calles de la capital y varias ciudades del país, sino también –en contraste- la mediana participación con que contaron las marchas oficialistas que sólo se llevaron a cabo en Caracas y en la ciudad de Maracay.

Hasta casi el final de las movilizaciones, se creía que el resultado del día sería beneficioso tanto para la oposición como para el gobierno. Los jóvenes de la oposición habían logrado que todos sus líderes políticos y de la sociedad civil –fuesen moderados o radicales- marcharan juntos, unidos, pacíficamente, en protesta por la conducción autoritaria, corrupta e ineficiente del gobierno en todas las áreas, por el abuso policial y la criminalización de la protesta pacífica llevada a cabo por el sector estudiantil en los días recientes, y por un verdadero diálogo nacional.

Por su parte, dejando que las masivas protestas transcurrieran sin la intervención policial o de los “colectivos” (bandas armadas) pro chavistas, los oficialistas habían logrado en cierta forma bajar el ánimo caldeado de la población tras tres días de violentos maltratos policiales y arbitrarias detenciones en contra de las protestas estudiantiles opositoras que se dieron en el país, especialmente en las ciudades de Mérida (estado Mérida) y San Cristóbal (estado Táchira).

No obstante, por temor, inseguridad o por estrategia planificada de antemano -nadie sabe con certeza- ya finalizadas las marchas opositoras, cuando quienes protestaban regresaban a sus casas –en el caso de Caracas luego de haber entregado sus peticiones a la Fiscalía General de la República-, se desató la abusiva represión por parte de las fuerzas militares y policiales del Estado, junto a las bandas armadas chavistas denominadas “Tupamaros”. No hubo contención gubernamental.

Según la diputada María Corina Machado, los estudiantes que marchaban en Caracas fueron emboscados y agredidos al retirarse de la Fiscalía. El saldo hasta el momento de escribir estas líneas ha sido de tres asesinados de bala, 2 estudiantes opositores y un líder de alguno de los colectivos, y un centenar de jóvenes heridos y apresados. Aun no se tienen datos definitivos. El presidente del partido oficialista PSUV y de la Asamblea Nacional, el militar Diosdado Cabello, confirmó la muerte de un líder de los colectivos del 23 de enero. “Esto para nosotros es doloroso”, exclamó.

Como viene sucediendo en los últimos días, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, los dos grandes del gobierno, acusaron de inmediato a la oposición en particular a los dirigentes políticos Leopoldo López y María Corina Machado, de provocar la violencia, sin investigación mediante. Cumplieron así con las amenazas que habían lanzado dos días antes de estos eventos, al decir que se seguiría reprimiendo a los provocadores de la violencia –refiriéndose a los de la oposición no a los colectivos chavista que ya habían actuado en el interior del país-, así como acallando a los medios de comunicación “fascistas” nacionales y extranjeros, aun cuando al Presidente lo calificaran de dictador o tirano. De hecho, parece que ordenó bloquear varias páginas web y hasta sacar de los servicios de cableras que operan en el país al canal internacional NTN24, que durante la jornada del 12 de febrero fue uno de los pocos que informó en detalle sobre las marchas que se realizaron en Venezuela.

Es obvio que en este año bicentenario de la Juventud, el gobierno profundizará sus políticas de amedrentamiento y represión política, de criminalización de la protesta, de las violaciones a todos los derechos humanos. Es un año crucial para la sobrevivencia del régimen militar y castro comunista en medio de una situación socio-económica gravísima. Lo razonable sería que optara por la convocatoria a un gran y amplio acuerdo nacional. No lo hará. Su reciente llamado al diálogo limitado e insincero con la oposición así lo demuestra. Seguirá por el camino de la radicalización y la sinrazón. Seguirá imponiendo su pax y orden “revolucionarios” al mejor estilo cubano.

El sacarle provecho político y democrático, nacional e internacional, a esta sin razón dictatorial dependerá de la habilidad de la dirigencia opositora de unirse nuevamente en torno a una estrategia común que combine inteligentemente la política, la diplomacia y las protestas de calle; entendiendo que no es tiempo de fracturas opositoras pese a las lógicas diferencias de pensamiento y acción, reconociendo -como bien afirma el analista chileno Fernando Mires- que “Ni Capriles es un colaborador de Maduro, ni López/Machado son golpistas. Mucho menos Ledezma. Si no aceptamos esas premisas, cualquiera discusión será imposible”.

Por Maria Teresa Romero

Tomado de INFOLATAM