Daniel Ortega mantiene el aparato electoral intacto, pese la presión popular e internacional que recibe desde 2018, primero para adelantar elecciones y luego para hacer reformas que conduzcan a elecciones competitivas y justas en la fecha constitucional establecida: 5 de noviembre de este año. Y, hasta ahora, no hay señales que tenga intención de cambiarlo.

Este aparato electoral le ha permitido a Daniel Ortega, según la oposición política nicaragüense, reelegirse mediante fraudes en dos periodos consecutivos después de regresar al poder en 2007.

El control electoral se realiza, principalmente, a través de magistrados y funcionarios leales al régimen en el tribunal electoral, la limitación casi absoluta a la observación electoral, la inhibición de la oposición real y la asignación de votos a conveniencia de Ortega. Los datos electorales no son públicos ni auditables desde 2008.

La Asamblea General de la OEA dio hasta mayo próximo para que el régimen de Daniel Ortega realice reformas electorales que conduzcan a elecciones libres.

Sin embargo, este próximo mes de mayo se vence el plazo que estableció la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre del año pasado para que el Estado de Nicaragua realice reformas electorales que conduzcan a elecciones libres y transparentes en noviembre de este año.

La resolución, aprobada con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, exige, entre otras condiciones, reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), copado por oficialistas, y la participación de observadores internacionales.

“Ellos saben que la cosa viene recia”, calcula el catedrático y analista político Edgard Parrales, un exsacerdote que en los años 80 fue embajador de Nicaragua ante la OEA. “Ya solo queda este mes de abril para que se venza el plazo que la OEA le dio a Ortega. Está pendiente la aplicación de la Carta Democrática. Y con la aplicación de la Carta Democrática hay secuelas graves”.

Un marcha contra el regimen en 2016. Actualmente este tipo de protestas están prohibidas de hecho en Nicaragua. (Cortesía de La Prensa)

Según Parrales la aplicación de la Carta Democrática propiciaría que algunos países rompan relaciones diplomáticas con Nicaragua y se podrían suspender tratados comerciales que el país tiene con Estados Unidos, el resto de países centroamericanos, Chile, Panamá y República Dominicana. “Están pendientes de lo que resulte. Si Ortega cumple o no culpe con los plazos de mayo”, dice.

El cerco contra el régimen nicaragüense ha comenzado a cerrarse. El 25 de marzo pasado seis reconocidos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley bipartidista denominado “Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER)”, que busca presionar a Ortega para que, en esta ocasión, las elecciones sean libres, justas y transparentes.

El proyecto, impulsado por el demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, amplía el espectro de vigilancia y sanciones contra el régimen y sus aliados que ya contenían dos leyes estadounidenses conocidas como Nica Act y Magnitsky Act, las cuales desde julio de 2018 hasta diciembre 2020 han derivado en sanciones a 27 personas vinculadas a Daniel Ortega, entre ellas su esposa, Rosario Murillo, y sus hijos Rafel, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. También se han sancionado empresas y a una institución estatal: la Policía Nacional.

Ortega al asumir otro mandato, en 2012. “Si se empecina, va a perder todo”, asegura el analista político Edgard Parrales. (Cortesía de La Prensa)

La nueva ley, que, según los expertos en política internacional, podría estar aprobada con amplio consenso antes de 45 días, menciona al Ejército de Nicaragua, medios de comunicación manejados por la familia Ortega Murillo y sus cercanos, y a aquellos que pusieran obstáculos a las elecciones libres. Llama además a Canadá y a la Unión Europea (UE) a realizar acciones concertadas en los castigos y vigilancia a los fondos que pueda disponer el régimen.

“RENACER es bien dura, va a cerrar todos los espacios financieros internacionales”, dice Parrales quien considera que la ley estará aprobada antes de lo que vaticinan los especialistas. “Para mí no lo van a aprobar en 45 días o en mayo como dicen otros, sino que lo van a aprobar ahora porque no tendría sentido sacarlo después de mayo. El sentido es sacarlo ahora para forzarlos a que tengan que platicar las reformas”.

En esta misma línea, parlamentarios europeos también emplazaron a Daniel Ortega para que realice reformas electorales, bajo la advertencia de que se incrementarán las presiones para que eso suceda. A mediados de marzo, los miembros la Comisión de Asuntos de Centroamérica del Parlamento Europeo Parlamento se reunieron virtualmente con defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y opositores nicaragüenses, para discutir el tema. La embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea, Irana Venerio, estaba invitada al evento, pero no asistió.

El gobierno de Daniel Ortega mantiene un asedio implacable contra los opositores a quienes persigue e impide reunirse o movilizarse. En la foto, Félix Maradiaga, precandidato opositor a quien la policía mantuvo encerrado en su casa por más de tres meses sin explicación alguna. (Cortesía)

“Este mensaje debe ser claro y nítido: no vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas, libres y donde toda la oposición tenga más oportunidades para concurrir en libertad”, aseguró en la reunión la eurodiputada Soraya Rodríguez.

“Las semanas que vienen ahora son decisivas para que el proceso electoral sea creíble, el gobierno tiene que avanzar en sus compromisos como la liberación de presos políticos, el cese del hostigamiento a críticos y opositores, permitir el retorno de las organizaciones internacionales al país y finalmente garantizar que todas las partes puedan participar en las elecciones con las mismas condiciones”, señaló por su parte Alicia Homs, representante del Partido Socialista Obrero Español ante el Parlamento Europeo.

Una encuesta realizada por la firma costarricense Cid Gallup en enero pasado, otorga un 25 por ciento de intención de votos al Frente Sandinista, el partido que lidera Daniel Ortega, un 13 por ciento a otras opciones políticas y muestra que un 62 por ciento de los encuestados no manifiestan simpatía por ninguno de los grupos políticos. Esta misma encuesta revela que el 65 por ciento de los consultados está dispuesto a votar y una de las razones para hacerlo sería que haya elecciones libres en noviembre próximo.

Sin embargo, hasta ahora no hay indicio alguno que muestre a Daniel Ortega con intenciones de desmontar el aparato electoral que le ha servido para lograr un control total en el Estado nicaragüense y para mantenerse en el poder durante más de 14 años consecutivos.

“Ortega está jugando con el tiempo”, dice Edgard Parrales, “dándose tiempo para ver si saca provecho de algo que para él es inevitable: sentarse a discutir las reformas electorales para preparar unas elecciones limpias. Eso lo ha aderezado con todo ese combo de leyes (represivas) que viene publicando desde septiembre del año pasado, arrinconando a la sociedad civil desde todos los ángulos posibles. Trata de ir a sentarse a dialogar desde la mejor manera posible, desde su perspectiva”.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) está integrado por magistrados leales a Daniel Ortega. En el centro, Roberto Rivas, quien renunció a la presidencia del tribunal electoral en mayo de 2018 después de ser sancionado por Estados Unidos. (Cortesía de La Prensa)

Para el analista, además del cerco internacional, considera que la oposición nicaragüense debe mostrarse unida para forzar las elecciones libres. “A la oposición le tocaría unificarse lo más posible. Si se unen los dos bloques se muestra una presencia compacta, abrumadora. Se está avanzando de alguna manera, porque hay pláticas”.

Parrales reconoce que el peor escenario es un Daniel Ortega cerrado a restituir los derechos y libertades que exige un proceso electoral democrático. Sin embargo, cree que esa podría resultar una alternativa fatal para él, su familia y allegados.

“Hay indicios de que en el Ejército hay descontento y ese descontento podría conducir a que le abandonen el barco. Eso para él sería fatal. Ortega sale del escenario y los otros aceptan que se dé todo el proceso de cambio que se está gestando, que pase a funcionar la nueva visión política del país: democracia, justicia social, libertad, autonomía de los poderes, estado de derecho, y que el Ejército, en vez de perecer, se meta en la jugada”, señala.

“Yo veo a Ortega acorralado y si él no reacciona lo puede perder todo”, agrega. “No solo él, puede perder el partido. En una justa democrática, un Frente Sandinista que acepte las reglas del juego puede sobrevivir como lo hicieron los comunistas en España. Si Ortega se pone empecinado va a perder todo, va a perder su Beatriz y su retrato”.

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