El régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra dos directivos de la empresa Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), designados por por la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y pidió la incautación de sus bienes, informó el fiscal general chavista, Tarek William Saab.

“Se solicitó orden de aprehensión y medida de aseguramiento consistente en la prohibición de enajenar, gravar bienes muebles e inmuebles, orden de allanamiento y de incautación de bienes muebles e inmuebles contra los ciudadanos José Ramón Pocaterra, designado ilegalmente como miembro de la junta directiva, y Andrés Felipe Irrigoyen, designado ilegalmente como nuevo presidente”, dijo Saab en rueda de prensa.

El fiscal general, uno de los hombres fuertes de la dictadura, indicó que ambos fueron imputados por los presuntos delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia.

Un cartel de Citgo en Boston

Saab manifestó que esperan que con el apoyo de Interpol esos ciudadanos “paguen por todo el daño que le han causado a Venezuela” y aseguró que la comisión delegada “ha pretendido continuar con la ficción de que el Poder Legislativo, ya vencido, ostenta el control del Poder Ejecutivo”.

Saab hacía referencia al hecho que el pasado 5 de enero el régimen de Maduro instaló una nueva Asamblea Nacional valiéndose de los resultados de las elecciones legislativas de diciembre de 2020, boitcoteados por la oposición por falta de transparencia y rechazados por buena parte de la comunidad internacional. No obstante, la oposición continúa funcionando bajo la figura de la comisión delegada.

La medida del régimen chavista llega dos días después que un dictamen de un tribunal estadounidense diera luz verde al proceso de venta de acciones de Citgo para compensar a la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina que operaba en Venezuela. El gobierno de Maduro calificó el dictamen de “hostil”.

El caso se remonta a 2011, cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez estatizó una mina de oro en Venezuela que le había sido adjudicada a Crystallex, sin reembolsar a la empresa los 1.200 millones de dólares que dispuso un arbitraje internacional.

Desde entonces, la cantidad se ha incrementado a 1.400 millones de dólares. Juan Guaidó, quien extendió su mandato como presidente interino un año más tras las fraudulentas elecciones parlamentarias del pasado diciembre, designó una nueva junta directiva de Citgo la semana pasada.

Según Saab, esa decisión impidió al Estado ejercer una defensa adecuada contra la demanda realizada por Crystallex.

La oposición venezolana considera que Citgo, una refinadora y comercializadora de combustible clave para PDVSA antes de las sanciones de Washington, es un “motor” económico en una eventual Venezuela post Maduro.

Para protegerla, el Departamento del Tesoro de la administración Trump, que no reconoce a Maduro y apoya a Guaidó, emitió una licencia que prohíbe que ningún acreedor pueda embargar activos de PDVSA. En diciembre extendió su vigencia hasta julio de 2021.

En paralelo, los seis ejecutivos petroleros estadounidenses conocidos como Citgo 6, permanecen detenidos en Venezuela desde 2017 después de ser convocados a una reunión. Su detención dio inicio a la purga de corrupción de la compañía petrolera por parte del régimen.

Pese a las iniciativas para lograr su liberación -incluyendo sanciones por parte de los Estados Unidos- los ejecutivos fueron condenados por el chavismo a finales de 2020 a a entre 8 y 13 años de prisión por corrupción. La decisión viola la Constitución y el debido proceso, ya que la evidencia presentada por los fiscales durante el juicio solo se refirió a uno de los ejecutivos, indicaron miembros de la defensa de los arrestados, quienes apelaron la decisión.

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