La Asamblea Nacional de Venezuela de contundente mayoría contraria al Gobierno de Nicolás Maduro, declaró este martes que la Ley contra el Odio aprobada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente la semana pasada criminaliza la disidencia política.

Este texto legal "configura un grosero intento de criminalizar y sancionar la disidencia política, poniendo en riesgo la pluralidad, la libertad de expresión y el derecho a la información", señala el acuerdo aprobado ete martes por el Parlamento, tras un debate en el que, como de costumbre, no participaron legisladores chavistas.

Los diputados denuncian que la ANC, un órgano calificado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional, "pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en materia legislativa" y "violando" garantías establecidas en la Constitución vigente.

"Los delitos allí tipificados no pueden ser considerados como tales, y su aplicación sería violatoria de una garantía fundamental sobre la que se cimienta el Estado de derecho, como es el referido principio de legalidad", reza el acuerdo.

Los diputados denuncian que la ANC "pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en materia legislativa"

La Cámara también considera que la Ley "contempla restricciones a la libertad personal" en tanto que "promueve la autocensura y la censura por parte de los Órganos del Estado; suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza".

"Promueve la división y la persecución allanando de esta forma el camino para que el Gobierno se ensañe contra los ciudadanos que protestan o que se expresan en las redes sociales erradicando de una vez nuestros valores democráticos", agrega el texto del Poder Legislativo, declarado "en desacato" y despojado de poderes por el Tribunal Supremo de Justicia y la misma ANC.

El centro de gravedad de la ley está en el artículo 20, que textualmente indica: "Quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años".

Este apartado abre la posibilidad de que cualquier opinión que sea expresada "mediante cualquier medio apto para su difusión pública" pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta ley, por lo que formas de expresión como los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en delitos.

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