El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, decidió este miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN), controlada por los opositores, y esgrimió como argumento la persistencia del "desacato", reporta EFE.

"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", indicó el tribunal en una sentencia.

El Supremo declaró el año pasado a la AN en desacato por el incumplimiento de varias sentencias.

Esta decisión de retirarle las competencias es la respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas "requerirá la aprobación previa" de la AN, "a cuyo efecto el Ejecutivo (…) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".

La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia la AN podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a su evaluación.

Sin embargo, el Supremo resolvió este miércoles que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones".

Además, el TSJ subrayó que la AN, "actuando de facto", no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

Entre las consideraciones para su decisión el Supremo dijo que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de cuatro diputados cuya investidura ha sido impugnada y que para este caso todavía no hay una decisión.

La Alta Corte ha dicho que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.

El diputado oficialista y expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno de Nicolás Maduro, celebró esta decisión del Supremo y sugirió a los opositores someterse a los dictámenes del máximo tribunal.

"Aquí nosotros no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos (opositores) quieran", dijo Cabello durante su programa semanal de televisión.

Politólogos citados por el diario El Nacional alertaron sobre las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo.

"Esta no es una sentencia cualquiera", dijo Luis Salamaca. Otorga un poder total al Gobierno para "prácticamente manejar todo sin ningún tipo de respeto a las normas establecidas en la Carta Magna", consideró.

Salamanca advirtió que el Gobierno podría estar preparando un escenario para evitar las elecciones presidenciales de 2018. "Puede estarse gestando una gran maniobra para decretar el estado de conmoción y evadir la elección presidencial a tan solo año y medio de que ocurran".

El politólogo Ramón Piñango coincidió con Salamanca con respecto al asunto electoral: "Las elecciones siempre han estado en riesgo, pero ahora más porque no las pueden ganar. También hay que recordar que ellos tienen un buen récord cumpliendo sus amenazas".

José Antonio Gil Yepes, socio director de la encuestadora Datanálisis, opinó que la sentencia también da carta abierta al Gobierno para aumentar la persecución política, debido a que los diputados a la AN quedan en un estado de indefensión jurídica, ya que podrían perder su inmunidad parlamentaria por decisión presidencial.

"El riesgo de la suspensión de la inmunidad de los legisladores se pudiera ver reflejado en un aumento de los presos políticos", dijo Gil Yepes.

También señaló que la sentencia es una estrategia del Gobierno para hacer creer que el Estado obedece las órdenes del Poder Judicial. "Eso es simplemente un trabajo de imagen y no es sustantivo de que en Venezuela exista separación de poderes".

El politólogo y abogado Gerardo Blyde declaró una entrevista con la emisora Circuito Éxitos que el Gobierno de Maduro podría estar preparando el terreno para retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA). "Maduro arregló con el Tribunal Supremo para salirse de la OEA", afirmó. No obstante, señaló que ese proceso es más complejo de lo que parece, debido a que la OEA tiene sus propios plazos y la salida podría tardar hasta dos años.

DIARIO DE CUBA