A Giovanni Aguirre López la policía salvadoreña lo había ido a buscar dos veces a su casa antes de arrestarlo el 8 de mayo pasado. La madre de Giovanni, Pati, había dejado entrar a los agentes, quienes la primera vez se mostraron amables al registrar la casa. No encontraron nada y se fueron. Volvieron a llegar, al menos una vez más.

La amabilidad del Estado salvadoreño desapareció después del 1º de mayo, luego de que Giovanni, un sindicalista de 32 años que trabaja en la unidad del registro familiar de la alcaldía de San Salvador, participó activamente en una manifestación por el día del trabajo. En la marcha, Aguirre, que también es miembro de la organización Bloque de Rebeldía Popular (BRP), tomó un megáfono para lanzar críticas a Nayib Bukele y al régimen de excepción aprobado por el gobierno tras una escalada de violencia que provocó la muerte de 87 personas en 72 horas a finales de marzo.

Tras la masacre de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó, el 27 de ese mes, la suspensión de garantías constitucionales con el argumento de que la medida serviría para perseguir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a las que atribuyó la matanza. Luego, a principios de abril, el Congreso aprobó reformas a varias leyes para, dijeron los diputados oficialistas, dar al gobierno más armas con que enfrentar a las pandillas.

Las medidas cuentan con el aval de un buen porcentaje de salvadoreños de acuerdo con encuestas publicadas luego, pero han sido cuestionadas por organizaciones que velan por los derechos humanos.

“Las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador en respuesta a la ola de violencia cometida por las pandillas violan garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños”, dijo Human Rights Watch en un comunicado que publicó el 8 de abril. Las enmiendas, destacó HRW, permiten encarcelar a niños de 12 años, restringen el debido proceso y atentan contra la libertad de prensa.

Llegó, en ese contexto de pérdida de libertades civiles, el 1º de mayo, día internacional del trabajo. Organizaciones sociales críticas de Bukele, como el BRP al que pertenece Aguirre, habían convocado, semanas antes, una marcha para conmemorar la efeméride y protestar en la calle contra las medidas de excepción, que a esas alturas ya habían llevado a unas 20,000 personas a prisión.

Rolando Castro, el ministro de trabajo de Bukele, había advertido dos días antes que a quienes asistieran a las marchas del 1º el gobierno los vería como aliados de las pandillas y, por tanto, como sujetos de persecución criminal.

“Los que están convocando desde diferentes puntos serán grupos que van a marchar en defensa de las pandillas en El Salvador y el pueblo debe de tenerlo claro… son grupos vinculados a los grupos criminales en el país que están queriendo desnaturalizar el día internacional de la clase trabajadora”, dijo Castro en una conferencia de prensa el 28 de abril, la cual aprovechó para anunciar que el gobierno organizaría, en un hotel de San Salvador, en evento alternativo de conmemoración para los “verdaderos trabajadores”.

Castro es uno de los funcionarios más controvertidos del gobierno Bukele. Él mismo fue sindicalista. Saltó a la opinión pública a principios de siglo como defensor de los negocios de Enrique Rais, un empresario que maneja el tratamiento de desechos sólidos en varios municipios de El Salvador, incluida la capital, y que hoy es prófugo de la justicia salvadoreña por delitos de corrupción. Tanto Rais como Castro han sido nombrados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la llamada Lista Engel como actores antidemocráticos y corruptos.

El nombre de Rolando Castro, además, aparece en una investigación que la Fiscalía General abrió a finales de la década pasada a una red de negocios ilícitos controlada por las pandillas que operan en el centro de San Salvador. De acuerdo con una publicación del portal InSight Crime de 2020, operadores pandilleros se comunicaron con Castro y con Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Bukele, en el marco de esas operaciones.

El 8 de mayo de 2022, la advertencia del ministro Castro se hizo realidad para Giovanni Aguirre. “Después de varios registros en su casa fue detenido y no le dieron información a la familia”, confirmó a Infobae Mishelle Linares, concejal de oposición en la alcaldía de San Salvador, donde Aguirre trabajaba desde el 3 de noviembre de 2016, cuando Nayib Bukele era alcalde de la ciudad.

“La detención ocurrió después de la marcha. Habían hecho inspecciones en su casa antes de la marcha pero no encontraron nada”, dijo Linares, quien ha estado en contacto directo con la familia de Aguirre. “Estamos dando seguimiento para garantizar que los derechos laborales de él sean respetados. Es preocupante”, aseguró la concejal. El expediente laboral de Aguirre, dijo, está limpio: no hay ninguna falta registrada.

El 12 de mayo, las autoridades trasladaron a Aguirre al Penal de Izalco, donde está recluido con pandilleros. La familia del sindicalista ha dicho a Linares que llevan al menos 11 días sin tener noticias de Giovanni.

Infobae conoció, por fuentes diplomáticas, que al menos dos embajadas acreditadas en El Salvador dan seguimiento al caso de Giovanni Aguirre y que representantes extranjeros se han comunicado con el fiscal general de Bukele, Rodolfo Delgado, para interesarse por el destino del sindicalista y de otros presos cuyas capturas han sido denunciadas como arbitrarias por sus familiares.

Al de Aguirre se han sumado las capturas de cuatro sindicalistas del sector gubernamental el 17 de mayo, según denuncias públicas de las organizaciones a las que representan. A principios de mayo también habían sido capturados los sindicalistas municipales José Leonidas Bonilla Torres y Dolores Victoria Almendares Alvarado, trabajadores en los municipios de Mejicanos y Cuscatancingo, ciudades dormitorio aledañas a San Salvador.

Varias organizaciones internacionales han expresado preocupación por el alcance del régimen de excepción de Bukele, que el Congreso salvadoreño renovó a finales de abril y que se dispone a ampliar por un mes más la próxima semana, según fuentes legislativas consultadas. Amnistía Internacional y HRW advirtieron que la restricción de garantías constitucionales, además de atentar contra los derechos humanos de los salvadoreños, es una estrategia fallida en el combate a organizaciones como las pandillas.

A principios de abril, la oficina de la chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, advirtió: “Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen esos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción”.

Esta semana, además, nuevas revelaciones periodísticas confirmaron el pacto que Nayib Bukele tiene con las pandillas a las que dice combatir desde que es presidente, lo cual ha levantado interrogantes sobre el objetivo real del régimen de excepción.

Una masacre provocada por un pacto y un estado marcial para afianzar poder

La masacre de marzo no fue fortuita. El gobierno de Nayib Bukele es de alguna manera responsable de esas 87 muertes de acuerdo con revelaciones publicadas por el periódico digital El Faro. Audios publicados por el medio comunicación de llamadas entre Carlos Marroquín, un funcionario cercano a Bukele, y líderes pandilleros confirman que la matanza fue provocada por la MS13 luego de que el gobierno capturó a miembros de esa pandilla.

En una de las llamadas con pandilleros, Marroquín da a entender que el pacto se rompió luego de que agentes gubernamentales arrestaron a un grupo de pandilleros que viajaban en un vehículo proporcionado por el gobierno y era conducido por un empleado gubernamental. Las capturas, se entiende en las llamadas, provocaron la ira de la MS13.

Marroquín trasladó a Bukele un mensaje de las pandillas: daban un plazo de 72 horas al gobierno para rectificar. El presidente no reaccionó bien a la amenaza, lo cual, se entiende de las conversaciones de Marroquín, provocó la matanza.

Las comunicaciones entre Carlos Marroquín, también conocido como Sliptone, con los líderes pandilleros confirman que existía un pacto desde que Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, que el presidente estaba al tanto de todas las negociaciones y pormenores y que la ruptura del pacto generó la violencia de marzo.

Fue aquella violencia la que derivó en el régimen de excepción que la maquinaria propagandística del gobierno ha vendido como una cruzada contra las pandillas. En esa narrativa, Bukele es una especie de justiciero despiadado cuyo fin último es aniquilar a los pandilleros -ese, el aniquilamiento, es el siguiente objetivo del plan gubernamental de acuerdo con un tuit de Cristian Guevara, jefe de la bancada bukelista en el Congreso. En las conversaciones entre Marroquín y los pandilleros, todos se refieren a Bukele como Batman, el personaje de caricatura que tiene una personalidad dual: millonario poderoso durante el día y vengador justiciero por la noche.

Pero ya hay varias voces que entienden el estado de excepción como algo peligroso. “La democracia se deteriora rápidamente en El Salvador. Lejos de proveer herramientas para proteger a los ciudadanos de la violencia, el estado de emergencia representa una amenaza a los derechos humanos de todos”, dice la Oficina de Washington para América Latina (WOLA en inglés), una de las organizaciones más influyentes en temas latinoamericanos en la capital de Estados Unidos.

Los primeros reportes oficiales de las organizaciones que han seguido de cerca el régimen de excepción hablan ya de un país muy parecido a los de las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del Siglo XX.

HRW y Cristosal, por ejemplo, publicaron un reporte conjunto que habla incluso de muertos.

Las organizaciones “han recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad”, dice un reporte publicado por HRW el 2 de mayo.

Ese estudio de HRW y Cristosal está basado en 43 entrevistas a víctimas, análisis de fotografías, registros médicos y documentos judiciales y fue apoyado por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura. Sus conclusiones: la fuerza pública que dirige Bukele había realizado, para principios de mayo, 160 detenciones arbitrarias, 20 allanamientos sin orden judicial y arrestos sin órdenes de captura.

“En la mayoría de los casos, los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos”, dicen las organizaciones. Fue eso, tal cual, lo que ocurrió a Giovanni Aguirre, el sindicalista de la alcaldía de San Salvador que desafió al ministro de trabajo de Bukele al marchar en protesta por el régimen de excepción que nació del fallido pacto entre el presidente y las pandillas.

INFOBAE