Ecuador alcanzó hoy un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitirá realizar los ajustes para sanear sus finanzas públicas, afectadas por la crisis económica y los efectos de la pandemia. El acuerdo se produce con respecto a la segunda y tercera revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF), que el país mantiene con este organismo desde septiembre de 2020.

En los próximos días, el Ecuador espera un desembolso de USD 800 millones proveniente del organismo multilateral y como parte del financiamiento del Presupuesto General del Estado de este año. El acuerdo se realizó dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y tendrá una duración de 27 meses. El SAF fue creado con la finalidad de ayudar a los países que experimentan graves problemas en su balanza de pagos debido a deficiencias estructurales, a un lento crecimiento o a una situación de la balanza de pagos muy debilitada.

En el SAF los períodos de reembolso son más largos porque “las reformas estructurales orientadas a corregir deficiencias arraigadas suelen tomar tiempo en implementarse y rendir fruto”, explica el FMI en su web oficial. Para acceder a estos desembolsos el Ecuador –así como cualquier país que quiera obtener estos fondos– se ha comprometido a aplicar políticas para superar los problemas económicos y estructurales.

En septiembre de 2020 aprobó un acuerdo de 27 meses en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI, por un monto equivalente a USD 6.500 millones. En ese momento, el FMI informó que el acuerdo tenía como objetivo “proteger vidas y medios de vida tras la pandemia del COVID-19 y continuar apoyando los esfuerzos de Ecuador para estabilizar la economía”.

Para que el país pueda recibir los desembolsos, el FMI, a través de un equipo técnico evaluó el cumplimiento de las metas macroeconómicas a las que Ecuador se comprometió. En abril de 2021 estaba previsto que el FMI desembolsara USD 400 millones para el país. La entrega de los fondos estaba sujeta a una revisión técnica y a la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización. Sin embargo, el país se demoró en cumplir con lo anterior y el FMI retrasó la entrega del dinero. No obstante, en junio de este año ya se había anunciado que Ecuador esperaba recibir este septiembre USD 800 millones.

Con la noticia del acuerdo alcanzado, el ministro de Finanzas, Simón Cueva ha dicho que habrá un mayor énfasis en la reducción del gasto público y se requerirá, en menor medida, un esfuerzo de quienes más tienen para aumentar los ingresos, así como esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.

Desde 2019, el país andino enfrenta graves problemas fiscales, que además se han incrementado con la pandemia. De acuerdo con las cifras oficiales, el Ecuador terminó el 2020 con una contracción del 7,8% del PIB, y este año apenas se espera un crecimiento del 2,5%.

El economista y editor general de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo habló con Infobae y explicó que “la mejor fuente disponible y con condiciones más blandas” para que el Ecuador encuentre financiamiento es el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales de crédito. Para Acosta Burneo, este logro del gobierno de Lasso, demuestra que “hay señales claras de que finalmente este Gobierno desea poner en orden las cuentas fiscales”.

Acosta Burneo, al referirse a la crisis económica que enfrenta el país, recordó que la situación financiera actual no es sólo producto de la pandemia sino que “la crisis fiscal se gestó en la bonanza” porque el gobierno del ex presidente Rafael Correa, que tuvo los mejores precios del petróleo, elevó el gasto público sin considerar que esos ingresos petroleros no eran permanentes. “Ese es el origen de la crisis fiscal de 2014. A la fecha estamos en un proceso de ajuste, que implica costos sociales, económicos, políticos. Son más de cinco años de ajuste fiscal y es fundamental que el Ecuador acelere ese proceso de ajuste”.

Aunque para el Ministerio de Finanzas han mejorado las perspectivas económicas. Acosta Burneo reitera que “hay que tener en cuenta que la necesidad de financiamiento para el gobierno este año supera los USD 8.000 millones, pues todavía tenemos un estado dependiente del financiamiento”. Además el economista indica que aunque todavía no se conocen los detalles del Acuerdo, en el comunicado oficial se resalta que el esfuerzo fiscal va a ser mayor en este nuevo acuerdo a diferencia del acuerdo anterior donde se buscaba que el mayor peso del ajuste viniera por el lado de nuevos impuestos.

Según la información publicada por el FMI, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a mejorar la administración de las finanzas públicas, a aumentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y a avanzar en el programa de lucha contra la corrupción para reforzar la confianza en las instituciones públicas e impulsar la actividad del sector privado. También, las autoridades deberán “reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa”.

Sobre lo anterior, el politólogo y constitucionalista, Gabriel Hidalgo Andrade, explicó a Infobae que el “Ecuador se ha comprometido a dar algo que el gobierno no puede asegurar”. El experto se refiere a que las políticas para administrar las finanzas públicas, la mejora en la transparencia y la lucha contra la corrupción deberán ser implementadas a través de leyes y reformas en la Asamblea Nacional, como se le llama al congreso.

Sin embargo, el partido oficialista no es mayoritario en el Legislativo por lo que, para cualquier reforma o ley, el gobierno deberá negociar con otras bancadas. Hidalgo señala que el gobierno de Lasso no tiene “un acuerdo amplio en el legislativo para trabajar en una reforma profunda en un marco general de leyes para estimular el trabajo, las finanzas, la inversión, y esas son, precisamente, las áreas en las cuales los sectores de centroizquierda e izquierda populista quieren trabarse para generar una crisis que provocará que el gobierno fracase”. Para el politólogo, la única salida para Lasso es que en la consulta popular se pregunte sobre la expedición de estas leyes con la aprobación del voto popular.

El acuerdo con el FMI establece metas fiscales, de protección social, fortalecimiento de las finanzas públicas y recuperación económica, sin embargo, aún no se conocen detalles de cómo serán distribuidos los fondos.

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