Como no podía ser de otra manera, hay una frase de Perón que resume a la perfección la forma en que funciona el poder en Argentina: "El que gana conduce y el que pierde acompaña". El país austral es una especie de caos controlado regulado por las constantes elecciones. Todo se reordena en función del resultado. El que gana ocupa todo el poder y el que pierde lo pierde todo.

La victoria electoral de Mauricio Macri el pasado domingo, mucho más nítida de lo esperado, y la derrota de Cristina Fernández de Kirchneren Buenos Aires, han logrado algo impensable: el anuncio de dimisión de Alejandra Gils Carbó, la fiscal general de Argentina, un cargo clave que fue nombrado durante el kirchnerismo y que Macri no podía destituir sin arriesgarse a un grave conflicto institucional.

El presidente dijo de todo sobre Gils Carbó, intentó todo tipo de fórmulas legales y políticas para que dejara su puesto, un lugar clave en un país donde la justicia domina la agenda política, pero ella ha resistido casi dos años. Al final, acorralada por la imputación en un caso de presunta corrupción y ante la evidencia de que más temprano que tarde iba a ser destituida en un juicio político por un Parlamento en el que los kirchneristas están en horas bajas, Gils Carbó se rindió una semana después de las elecciones, algo nada casual.

Es la misma semana en la que fue enviado a prisión otro hombre clave del kirchnerismo, el exministro de Planificación Julio De Vido, que allí sigue. Los puntales del kirchnerismo van cayendo uno detrás de otro mientras la expresidenta se prepara para llegar al Senado y desde allí tratar de recomponer a su maltrecho grupo. A la misma hora en que renunciaba Gils Carbó, Macri estaba reunido con buena parte de los dirigentes clave del peronismo ajeno al kirchnerismo, entre ellos varios gobernadores, en un gesto simbólico de que el grupo que dirige la expresidenta está siendo acorralado tanto por el Gobierno como por la parte de la oposición que quiere buscar una alternativa.

Gils Carbó anunció que dejará su cargo el 31 de diciembre. El juez federal Julián Ercolini la había procesado como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio de oficinas parala procuración. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos (2,4 millones de dólres) y se abonaron comisiones millonarias que rondaron los 10,7 millones de pesos (600 mil dólares). El juez sospecha que se generó de modo deliberado una ganancia indebida para todos los intermediarios de la operación. No hubo además licitación pública.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, mostró rápidamente la euforia del Gobierno: "Era algo que Gobierno había pedido, valoramos el paso que ha dado la procuradora. El presidente en estos días aceptará la renuncia. Hay que avanzar hacia un fortalecimiento del ministerio público para que sirva para el combate de la corrupción y el narcotráfico. Para eso era necesario un cambio y por eso valoramos el paso al costado, y que con acuerdo políticos se pueda avanzar en la reforma del sistema penal".