El presidente de Brasil, Michel Temer, prometió un mayor control del Estado en el sistema penitenciario, después del asesinato de 56 reos en una prisión de Manaos, mientras el Gobierno ultima un ambicioso plan de seguridad nacional para contener la crisis carcelaria y el crimen organizado.

Temer habló por primera vez en público sobre la masacre, a la cual se refirió como un “accidente pavoroso”, y se solidarizó con los familiares de las víctimas tres días después de que concluyera la sangrienta rebelión en el complejo penitenciario Anísio Jobim.

La matanza, la segunda mayor de la historia carcelaria del país, activó las alarmas del Gobierno, lo que llevó a Temer a reunir a su Gabinete para analizar la aguda crisis del sistema penitenciario.

El jefe de Estado recordó que la seguridad de los presidios depende de los Gobiernos regionales, pero resaltó la “necesidad imperiosa” de que el Gobierno federal participe del control de las prisiones, las cuales sufren con graves problemas de hacinamiento denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

“Se trata de un problema nacional y se está perfilando un plan de seguridad pública para resolverlo”, reconoció Temer.

El titular de Justicia, Alexandre de Moraes, detalló tras la reunión del Gabinete el contenido de dicho plan, el cual se centrará en tres puntos fundamentales: la reducción del número de homicidios, el combate al tráfico de drogas y armas y la modernización de los presidios.

Según el ministro, el crimen organizado será combatido tanto fuera como dentro de las prisiones para frenar las disputas entre bandas rivales que vienen causando matanzas en las cárceles, como la de Manaos, y la muerte en promedio de un preso por día en Brasil.

Aseguró que, además de las operaciones conjuntas de control en las fronteras que fueron acordadas en una reunión el año pasado con representantes de los países del Cono Sur, serán montados núcleos de inteligencia en las grandes ciudades de Brasil.

El ministro agregó que el combate al crimen organizado contará con la colaboración del Ministerio de Defensa, que montará modernos radares en todas las fronteras del país para reprimir el tráfico de armas y drogas, y apoyará logísticamente operaciones en áreas de difícil acceso, como la Amazonía.

En cuanto a la modernización del sistema penitenciario, afirmó que el Gobierno construirá cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad para los presos más peligrosos que se sumarán a las cuatro ya existentes y que ya liberó recursos para que cada uno de los 27 estados construya al menos un nuevo presidio.

Temer tildó hoy de “inconstitucional” el hecho de que presos “con grandísimo potencial ofensivo” compartan espacios carcelarios con reos condenados por delitos menores e insistió en la necesidad de que sean separados.

Sobre la tragedia ocurrida en la cárcel de Manaos, el mandatario recordó que el la gestión del complejo estaba en manos de una empresa privada y que, por esa razón, “no hay una responsabilidad muy clara, objetiva, definida de los agentes estatales”.

Según las primeras investigaciones, la matanza ocurrió después de que la facción Familia do Norte (FDN), un grupo criminal que domina el tráfico de drogas en la región de la Amazonía, atacara a algunos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal y con base en Sao Paulo.

Integrantes del FDN, aliado de la facción Comando Vermelho (CV), asesinaron brutalmente -con decapitaciones y descuartizamientos- a sus rivales, así como a otros presos, entre los que se encontraban violadores.

Además de las muertes en el Compaj, otras cuatro personas fueron asesinadas entre el 1 y 2 de enero en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en la zona rural de Manaos, lo que elevó el balance final a sesenta muertos.

También se produjo una masiva fuga de 184 internos de diferentes cárceles de capital de Amazonas, de los cuales 65 de ellos ya han sido capturados por las autoridades.

Informes del Gobierno de Amazonas indican que las autoridades regionales conocían los planes de los reos para una posible fuga, pero, según argumentaron, las subestimaron porque todas las semanas reciben alertas de fuga.

Ante la gravedad del incidente, la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Antunes, se reunió este jueves con un grupo jueces de la región norte del país, donde se encuentran las cárceles más violentas de Brasil.

Tan sólo en octubre del pasado año 22 presos murieron en motines de los estados de Roraima, Rondonia y Acre.

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