El fiscal Eduardo Taiano busca que se determine si los exfuncionarios, principalmente del Ministerio de Salud, así como varios directivos de universidades nacionales, cometieron delitos a raíz de irregularidades como el pago de sobreprecios o de productos de baja calidad y supuesto desvío de fondos.

Según señaló la agencia estatal de noticias Télam, Taiano pidió medidas de prueba al juez federal Julián Ercolini luego de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Mussa tras la difusión periodística de supuestas irregularidades en el programa “Argentina Sonríe”.

Entre los acusados por el fiscal se encuentra la odontóloga Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, hijo de la ex jefa de Estado y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.

García era coordinadora del equipo que conducía el programa.

En diciembre de 2014, la entonces presidenta presentó oficialmente dicho plan, cuyo objetivo principal era llevar atención en salud bucodental a lugares recónditos de la geografía argentina para asegurar el acceso universal al derecho a la salud de las personas con menos recursos.

Ese año, mediante el decreto 1057/2014, el Ejecutivo de Fernández creó el cargo de “Coordinador de Articulación Local de Políticas Socio Sanitarias” para Rocío García en la órbita del Ministerio de Salud argentino.

Ya en octubre de 2016, la misma cartera pero del nuevo Gobierno, encabezado por Mauricio Macri, decretó el fin de “Argentina Sonríe” a través de una publicación en el Boletín Oficial.

El nuevo Ejecutivo alegó, entre otros motivos, que “no alcanzó a dar cumplimiento con las políticas públicas de salud establecidas al momento de su creación”, ya que “no fue dirigido a las poblaciones vulnerables” y se desarrolló “en provincias con un bajo índice de infecciones bucales y alta cobertura de la salud”.

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