Causa extrañeza la nota emitida por la secretaria general de la CEPAL, en la cual manifiesta una “honda preocupación” por los acontecimientos políticos en Brasil y declara ver amenazada la estabilidad democrática del país.

No hay duda de que Brasil está pasando por un período delicado de su historia, en medio de una acumulación de denuncias, indicios y pruebas de que gran parte del sistema político, en particular la coalición de partidos que gobernó el país en los últimos catorce años, está comprometida en las tramas de corrupción que se apoderaron de las agencias y empresas estatales, en particular de Petrobras. De ahí a afirmar que la democracia brasileña corre riesgo hay una gran distancia.

Amenazado, sí, está el gobierno que estuvo al mando de la corrupción sistémática en todo el país. Amenazado por un proceso de impeachment que sigue las disposiciones de la Constitución y las normas específicas establecidas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2015. El mismo gobierno también está amenazado por una acción para impugnar las elecciones de 2014, en trámite en el Tribunal Supremo Electoral, basada en una denuncia, sobre la que se acumulan cada vez más pruebas de que el dinero desviado de Petrobras habría financiado la campaña de la presidente y de su vicepresidente.

El pedido de impeachment está firmado por dos de los abogados más eminentes de Brasil, figuras de credenciales democráticas impecables, y acusa a la presidente de haber cometido un crimen de responsabilidad al quebrantar la ley de presupuestos, en los episodios de las “pedaladas fiscales”.  Se puede argumentar que los hechos denunciados no tipifican un crimen de responsabilidad imputable a la presidente, pero el argumento que subyace el pedido de impeachmente tiene solidez jurídica.

Para ser aprobado, el impeachment tendrá que pasar el escrutinio de la Cámara, donde son necesarios 2/3 de los votos, y por el Senado. En ese caso, la presidente Dilma sería reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer. En el caso de que se aprobaran las acciones de impugnación de la lista elegida en 2014, esto daría lugar a la convocatoria de nuevas elecciones. Si se aprueban antes del 31/12/2016, las elecciones serían directas. Después de esa fecha, que marca la mitad del período presidencial, el nuevo presidente sería elegido por el Congreso y permanecería en el cargo hasta el 01/01/2019. Todo conforme a la legislación vigente.

Por lo tanto, la preocupación por la democracia brasileña está fuera de lugar, sobre todo cuando quien habla de ello es la secretaria general de una organización perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, de quien se espera imparcialidad y serenidad para emitir opiniones sobre la situación política de los países miembros.

Los avances realizados en Brasil en las últimas décadas son producto de los sucesivos gobiernos y diferentes actores políticos, no de hombres providenciales o agrupaciones políticas iluminadas. En el ámbito institucional, se destaca el desarrollo de mecanismos de control horizontal del Estado, sus agentes y su relación con el sector privado, que se han mostrado eficaces en el desmantelamiento de la mayor trama de corrupción que se haya registrado en la historia de Brasil.

Los gobiernos controlados por el PT no inventaron la corrupción en el país, pero la organizaron en una escala que amenazaba con convertir a Brasil en una democracia de fachada, donde continuarían celebrándose elecciones periódicas, pero donde la alternancia real del poder se convertiría en una remota posibilidad.

Las investigaciones en curso ya han llevado a la condena de unos cincuenta acusados, entre ellos connotados empresarios y políticos, y ahora llegan a su punto culminante, dejando al descubierto las profundas relaciones de complicidad entre las grandes constructoras y la cúpula del PT. Sobre el expresidente Lula pesan sospechas de ser el principal instigador y beneficiario de la trama de corrupción que se investiga.

En apoyo a la denominada operación “Lava Jato”, más de 6 millones de brasileños tomaron las calles y plazas en todos los estados el pasado 13 de marzo. Acorralado, el gobierno decidió nombrar Ministro de Gobierno al expresidente Lula, en lo que la mayoría interpretó como una estratagema para apartarlo de la mira del juez Sergio Moro, que dirige la investigación en primera instancia. Además de ponerlo bajo la jurisdicción exclusiva de la Corte Suprema Federal, beneficiándose con el llamado “foro especial“,la nominación de Lula tiene como objetivo facilitar su trabajo de articulación política para detener el impeachment de la presidente.

La decisión de la presidente Dilma llevó a la exasperación de los ánimos, sobre todo después de que el juez Sergio Moro suspendió la confidencialidad de las escuchas telefónicas, hechas con la debida autorización judicial, en las  que el expresidente aparece operando entre bastidores para montar una ofensiva contra la operación “Lava Jato”, en el Congreso y junto a los tribunales. Las escuchas telefónicas incluyen una conversación entre el ex  y la actual presidente, un hecho que ha generado controversia jurídica, porque la ley requiere la autorización de la Corte Suprema para interceptar telefónicamente al jefe de Estado. El juezMoro sostiene que la presidente Dilma aparece incidentalmente. El gobierno vio un “atentado a la soberanía nacional”.

Ante los hechos y la agitación, la Corte Suprema actuó con moderación. Por un lado, condenó enérgicamente “mentes autocráticas” que se presumen por encima de las instituciones y de la ley, en un claro mensaje a Lula. Por otro, se pidió al juez Moro que remitiese a la Corte Suprema toda la documentación relativa a las investigaciones contra el expresidente, poniendo fin a los temores de que ese juez llegara a ordenar inmediatamente la detención del dirigente del PT e indicando su desacuerdo con la decisión de la juez de no excluir la conversación con la presidenta Dilma de las grabaciones a las que se dio publicidad.

Dejando las pasiones a un lado, la crisis que atraviesa el país es una oportunidad histórica para que el imperio de la ley eche raíces en tierras brasileñas. Habrá ganadores y perdedores circunstanciales en este proceso. Pero si se aprovecha la oportunidad, la democracia saldrá fortalecida en Brasil, amparada en normas de conducta más republicanas. Eso es lo que debe interesar a los brasileños y latinoamericanos.

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