En Brasil, 2015 empezó mal y terminó peor aún. A lo largo del año, la realidad y las expectativas políticas y económicas se deterioraron continuamente. El país pasó de una recesión proyectada de menos 1% a una contracción estimada del 3,6% del PIB, según datos recientemente publicados por el Banco Central. A principios del año pasado, se pronosticaban tres trimestres de recesión con una recuperación suave de la economía a partir del último trimestre. Ahora la media del mercado ya predice una nueva contracción de alrededor del 3% del PIB en 2016, lo que resulta en una disminución de aproximadamente un 9% del PIB per cápita en el bienio.

La inflación superó el 10% acumulado en los doce meses finalizados en noviembre. El Banco Central reconoce que en 2016 la inflación podría estar estar por encima del límite superior de la meta, es decir del 6,5%, lo que llevó a la autoridad monetaria a señalizar un nuevo aumento de la tasa de interés. La resistencia de la inflación a un interés básico tremendo, de 14,25% al año, se debe en gran parte a las incertidumbres con respecto a la capacidad del gobierno para recuperar el control de las finanzas públicas. Un aumento de interés debilitaría aún más la situación fiscal. El Banco Central está en el límite de su radio de acción.

Ilan Goldfajn, ex director del BC y ahora economista jefe del banco Itaú–BBA, estima que la estabilización de la deuda pública brasileña requeriría un superávit fiscal primario, antes de pagos de intereses, del orden del 2,5% del PIB, en un contexto de crecimiento del 2,5% de la economía con un interés real del 4%. En 2015, el resultado fiscal acumulado hasta noviembre fue un déficit de 0,89% del PIB, con una fuerte caída de la actividad económica. Para 2016, la ley de presupuesto recién aprobada por el Congreso prevé un superávit fiscal de un escueto 0,5%. El mercado prevé una nueva recesión fuerte de la economía y pocos analistas creen que el gobierno pueda cumplir incluso esta pequeña meta de superávit.

Sin aumentar la presión fiscal, que ya supera el 35% del PIB, y principalmente sin cambios constitucionales que permitan la reducción estructural del gasto, la política fiscal continuará inmovilizada. Ambas cosas requieren una amplia mayoría en el Congreso y el gobierno no la tiene.

El deterioro de la situación fiscal parece irreversible. La deuda bruta del sector público, que ascendía al 53% del PIB en diciembre de 2013, puede alcanzar al 73% del PIB en el mismo mes de 2016, un aumento de veinte puntos porcentuales en tan sólo tres años, según estimaciones de la ex ministro Delfim Netto. Por ninguna otra razón, Brasil perdió el sello de grado de inversión. La situación no es del todo dramática solo porque las cuentas externas del país se están ajustando rápidamente, por fuerza de la recesión, y sus reservas internacionales superaron los US$ 360.000 millones de dólares, aunque casi un tercio de éstas están comprometidas con swaps de divisas, la forma que encontró el gobierno para ofrecer cobertura al mercado, con un altísimo costo fiscal.

Los impactos de la crisis golpean a la sociedad con una contundencia cada vez más fuerte. El crédito está caro y escaso (y los bancos públicos ya no pueden forzar más su expansión). El motor de consumo dejó de funcionar. La inversión se desplomó. El desempleo aumentó del 4,6% en abril de 2014 a 7,9% en octubre de 2015 y continuará creciendo inexorablemente durante 2016. La situación se agrava por el efecto corrosivo de la inflación sobre los ingresos de los que todavía tienen empleo. El deterioro de las finanzas públicas ya está afectando a los servicios básicos, como lo vemos ahora en Río de Janeiro, donde varios hospitales públicos han colapsado por falta de pago a sus proveedores. Muchos estados federales tienen dificultades para pagar los sueldos y las pensiones de sus servidores.

José Dirceu, detenido por corrupción

También en la política se deteriora el escenario. Es cierto que, bien o mal, las instituciones han sido capaces de mantener la resolución de conflictos dentro de las reglas democráticas. Pero las estructuras de poder, empezando por el gobierno y los partidos, se caen a pedazos. Los partidos de gobierno, en particular, se encuentran atónitos por el avance del escándalo Lava-Jato. Las investigaciones ahora se dirigen al núcleo dirigente del PMDB y al círculo íntimo del ex presidente Lula. Del núcleo dirigente del PT, no queda casi nada. Un episodio expresa este hecho mejor que cualquier otro: José Dirceu regresó a la cárcel por cargos en el ámbito del “petrolão“, después de haber estado bajo arresto domiciliario por el cumplimiento de parte de la pena recibida en el caso del “mensalão”.

Los dos principales partidos de la coalición gobernante están acusados por la Justicia, desmoralizados ante el país, y antagonizados entre sí, aunque parte del PMDB presta apoyo a Dilma. Como si esto fuera poco, el gobierno y el PT difieren públicamente sobre la conducción de la política económica (el partido quiere un “giro a la izquierda”) y sobre la operación Lava-Jato, que los petistas califican como investigación para criminalizar al PT, criticando la “pasividad” del Ministro de Justicia sobre la supuesta “selectividad” en la determinación de los hechos por los fiscales y la Policía Federal.

En el campo de la oposición, tampoco reina la armonía. En el PSDB, los líderes están divididos sobre la mejor manera de enfrentar al gobierno. A principios de diciembre, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, acogió la solicitud de impeachment contra la presidente Dilma y procedió a la elección para elegir a la comisión especial encargada del análisis de los argumentos. La oposición aseguró mayoría en la comisión, y el PSDB se unió en torno al impeachment. Pero el gobierno recurrió a la Corte Suprema alegando que la forma por la cual se había elegido la comisión sería inconstitucional. La Corte Suprema falló a favor del gobierno, anulando la elección.

El juicio político perdió fuerza en la partida, por la decisión del Supremo, y por el hecho de que fue iniciado por Cunha, contra el cual pesan acusaciones formales de la Fiscalía, en el ámbito del escándalo Lava Jato, y un proceso por la casación de su cargo en la Comisión de Ética de la Cámara. Fue suficiente para que resurgiesen las divisiones en el PSDB: por un lado, los que prefieren el camino del impedimento de la Presidente, por otro, los que apuestan por unas elecciones presidenciales anticipadas. Esta posibilidad depende de la decisión que pueda tomar en los próximos meses el Tribunal Superior Electoral, en respuesta a las demandas presentadas por el PSDB que solicitan la anulación de la elección en que se reelegió a Dilma (en todos los casos, el cargo es que el dinero procedente de la corrupción en Petrobras habría financiado la campaña de la presidente y su vice).

Con sus relaciones con la presidente prácticamente rotas, Michel Temer encuentra resistencia dentro de su propio partido, y no despierta entusiasmo en la sociedad.

Las dificultades en el despegue del juicio político debilitaron al vicepresidente que estaba empezando a articular con más facilidad el nuevo gobierno. Con sus relaciones con la presidente prácticamente rotas, Michel Temer encuentra resistencia dentro de su propio partido, y no despierta entusiasmo en la sociedad. Su principal oponente dentro del PMDB es el presidente del Senado, Renan Calheiros, citado en seis investigaciones del Lava Jato, pero aún no formalmente acusado.

Calheiros parece decidido a jugar a su salvación en una alianza con el gobierno, en el supuesto de que el Fiscal General de la República, responsable por la eventual denuncia en su contra, sea sensible a los intereses del Palacio de Planalto. Entre otras iniciativas para torpedear el vicepresidente, Calheiros se empeñó para que, sin alardes, al apagar las luces de 2015, el Senado requiriese al Tribunal de Cuentas de la Unión el análisis de la supuesta ilegalidad de los decretos de presupuesto firmados por Temer en 2014 y 2015 cuando Dilma estaba de viaje  en el extranjero. De esta manera, un grupo de senadores, inclusive del PSDB, buscan involucrar al vicepresidente en parte de los cargos contenidos en el proceso de impeachment.

Con un gobierno inepto, una oposición incapaz y un sistema de partidos en ruinas, el país navega a la deriva en medio de lo que puede llegar a ser la mayor crisis económica y social del Brasil moderno.

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