Según fuentes judiciales, el libelo acusa a los seis querellados de participar en un millonario negocio inmobiliario que le reportó unos 4,8 millones de dólares de beneficios a Caval, una empresa de Compagnon, esposa del hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos.

Entre los acusados por el SII destaca el síndico de quiebras, Hermán Chadwick, y un socio de Compagnon, Mauricio Valero.

El servicio fiscal informó en un comunicado que la acción penal está dirigida en contra de los representantes legales de la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada.

La querella “guarda relación con la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de la mencionada sociedad, rebajando indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar”, precisa la misiva.

El caso Caval, en el que está involucrado el hijo de la presidenta, es un negocio inmobiliario en que Dávalos y Compagnon adquirieron tierras en la localidad de Machalí con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de unos de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mucho mayor.

Sebastián Dávalos, quien no aparece en la lista de querellados, ejerció como asesor cultural del Gobierno de Bachelet, pero tras el conocimiento público de las compras de los terrenos tuvo que renunciar.

El pasado 19 de junio, Bachelet firmó y envió al Parlamento un proyecto de ley que impide la especulación en los cambios de uso de suelo, una iniciativa que evitaría actos de corrupción como el caso Caval.

El próximo 29 de enero, la Fiscalía solicitará la primera formalización (proceso) en el marco de este caso, acción legal que incluye nueve imputados, pero que no considera ni a Dávalos ni a su esposa.

Al de Caval se vienen a sumar otros casos de corrupción en Chile como el de las empresas proveedoras de asfalto; el mercado de los pollos, las farmacéuticas, consorcios radiales, empresas de transporte urbano, navieras, y el llamado “cartel del papel higiénico”.