Perú autorizó el miércoles a los militares intervenir “para asegurar el control” en una zona andina del país, luego de que enfrentamientos entre la policía y trabajadores mineros de Doe Run dejaron en la víspera un muerto y más de 50 heridos.

El Gobierno peruano facultó en una norma a las fuerzas armadas a apoyar a la policía para evitar “actos de violencia” hasta el 10 de septiembre en la provincia de Yauli, de la región andina de Junín, donde cientos de trabajadores del paralizado complejo metalúrgico de Doe Run bloquearon la principal carretera del centro del país.

Los trabajadores y algunos pobladores de esa zona demandan al Gobierno una mayor flexibilización de las normas ambientales para reactivar la fundición y refinería de La Oroya, que no opera desde hace seis años.

“Todos respetamos el derecho al trabajo, los problemas laborales, la protesta, pero dentro de un contexto. Aquí se está afectando a un país”, dijo el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, a Canal N.

La medida se dió luego de que un hombre murió por impacto de bala y más de 50 personas resultaron heridas producto de enfrentamientos con la policía. La carretera central de Perú está bloqueada en un tramo de 10 kilómetros, impidiendo el paso de autobuses y camiones de carga.

El complejo metalúrgico de La Oroya, que era controlado por una filial del estadounidense Renco Group, no opera desde junio del 2009 por incumplimiento de un plan ambiental y millonarias deudas que llevaron a que los acreedores -entre ellos el Estado peruano- convocaran a una licitación para su reactivación.

Sin embargo, la semana pasada el concurso del complejo -que llegó a ser el sexto exportador de metales del país- fue declarado desierto ante la ausencia de postores por la rigidez de las leyes ambientales, según afirmó el órgano encargado del concurso.

Perú es el tercer productor mundial de cobre y la minería es clave para la economía del país, porque sus ventas representanalrededor del 60 por ciento del total de sus exportaciones.

INFOLTAM/REUTERS