Cumpliendo su promesa de poner en marcha de inmediato un duro plan de medidas anticorrupción, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, puso suma urgencia a dos proyectos de ley, uno de probidad en la función pública y otro que limita la reelección de los cargos por votación popular.

“No hay más tiempo que perder, todos los diagnósticos y sugerencias ya están sobre la mesa”, dijo Bachelet en una ceremonia en el Palacio de la Moneda.

“Nuestro deber es que Chile tenga un sistema democrático moderno que esté de acuerdo a un país que aspira a ser desarrollado. Y una democracia moderna significa mayor participación, alta transparencia, mejores partidos, un sistema electoral representativo y con límites a la reelección de las autoridades”, agregó.

Bachelet anunció la noche del martes una batería de medidas anticorrupción, emanada en su mayoría del trabajo de una comisión creada precisamente para abordar esos temas.

También informó de la elaboración de una nueva Constitución que reemplace la actual que aún tiene reminiscencias de la dictadura, para lo que se desarrollarán a partir de septiembre cabildos y mecanismos de participación ciudadana.

Los anuncios de Bachelet surgen luego de una serie de escándalos políticos y económicos que han sacudido durante los últimos meses al país y han puesto en tela de juicio las prácticas de partidos y empresas, que se han visto envueltos en mecanismos de financiamiento irregular que están siendo investigados por la justicia.

Como primera medida, Bachelet informó que se pondrá suma urgencia en el Congreso al proyecto de ley de probidad en la función pública, ingresado durante el anterior Gobierno de Sebastián Piñera y que se encuentra en segundo trámite en el Senado.

“Estoy convencida de que el perfeccionamiento de la democracia es una tarea continua que no pertenece a un mandato u a otro. Esto supone además un permanente diálogo entre miradas diversas y la articulación de una suma de voluntades”, dijo Bachelet.

La mandataria explicó que el proyecto de probidad no sólo previene de mejor manera los conflictos de interés de las autoridades públicas, sino que también establece sanciones más severas en caso de que se presenten.

Entre otros elementos, la iniciativa extiende, regula y aumenta las declaraciones de patrimonio de las autoridades, haciendo más duras las sanciones.

También determina un mecanismo de fideicomiso para las autoridades que posean un patrimonio en acciones y valores superior a algo más de un millón de dólares y establece la imposibilidad de que quienes ejercen cargos de responsabilidad pública sean parte al mismo tiempo de empresas que hacen negocios con el Estado.

Paralelamente se solicitó discusión inmediata para la reforma constitucional que limita la elección de senadores diputados y otras autoridades elegidas por votación popular.

“Estamos proponiendo el término de la elección indefinida, proponemos que los senadores pueden ser reelegidos en sus cargos una sola vez, por un máximo de 16 años; y en el caso de los diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales se plantea que pueden ser elegidos por un máximo de dos veces, es decir, doce años”, dijo Bachelet.

“Este proyecto es también importante para terminar con malas prácticas como el clientelismo y el tráfico de influencias y permite una mayor fiscalización”, añadió la mandataria.

Actualmente los cargos elegidos por votación popular no tienen límite de reelección dentro de la legislación chilena.

Los dirigentes de la Nueva Mayoría, la coalición de centroizquierda que apoya al Gobierno, respaldaron las medidas anunciadas por Bachelet e indicaron que demuestra su liderazgo para conducir el proceso que el país necesita.

“El planteamiento que hizo la presidenta ayer tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de la política”, dijo el presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro.

También apoyó la propuesta de Bachelet para terminar con el aporte monetario de las empresas a los partidos y que éstos sean financiados de forma estatal.

“El término del dinero en la política sin nombre y apellido es fundamental para recuperar la confianza y la ventaja que tiene el aporte público es que es fiscalizable y es controlable por los propios organismos del estado”, dijo Pizarro.

No obstante, el presidente de la Confederación y la Producción del Comercio (CPC), Alberto Salas, advirtió que la incertidumbre de una reforma constitucional causa inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión.

INFOLATAM/EFE