En la más ajustada elección presidencial de la historia brasileña, Dilma Rousseff ha sido reelegida con el 51,6%, mientras que su oponente, Aécio Neves, obtuvo el 48,4% de los votos válidos. La candidata del PT fue la más votada en los municipios más pequeños (ganó en el 65% de los que tienen menos de 200.000 habitantes), en las regiones menos desarrolladas del país (ganó el 70% de los votos en el Nordeste)  y entre los votantes con ingresos más bajos y menor escolaridad. La distribución de los votos del candidato del PSDB mostró el patrón opuesto: Aécio prevaleció en los municipios con más de 200 mil habitantes, ganó en las regiones más desarrolladas, especialmente en São Paulo, donde obtuvo 65% de los votos, y su votación fue tanto más alta cuanto mayor es el nivel de educación y renta del elector.

Por Sergio Fausto.-

Esquemáticamente, Dilma ganó donde mayor es la dependencia del Estado; Aecio, donde las fuerzas del mercado tienen un mayor peso en el bienestar y las expectativas de los votantes. Con un pie en cada uno de estos universos,  la “nueva clase media“, un gran contingente de personas sin una posición social consolidada, se dividió casi por la mitad, presionada por un lado por el temor a “venir a menos”  y por otro por la frustración de no haber ascendido más en los últimos cuatro años, debido al cada vez peor desempeño de la economía.

Además de un mandato conquistado por un estrecho margen, Dilma comienza su segundo periodo ante una situación económica delicada y un no menos complicado marco político dentro de su propia base de apoyo.

Con el país dividido, la presidente reelegida recibió de las urnas un mandato con escaso capital político. Esto sería un problema en cualquier país, pero especialmente en Brasil, donde la sociedad quiere cambios. Dilma, ella misma, se lanzó a la carrera presidencial con el eslogan “más futuro, más cambio“. ¿Será capaz de cumplir con las expectativas?

Además de un mandato conquistado por un estrecho margen, Dilma comienza su segundo periodo ante una situación económica delicada y un no menos complicado marco político dentro de su propia base de apoyo. Su primer mandato termina con una inflación relativamente alta y con la economía prácticamente estancada a raíz del debilitamiento del consumo y de la caída de la inversión, sin un horizonte claro de renovación del crecimiento. Ya no hay cómo disparar los motores de consumo por las restricciones de financiamiento externo de la balanza de pagos, por la imposibilidad de aumentar el endeudamiento de los hogares y por límites fiscales a los gastos del gobierno.

Usados en exceso en los últimos años, los motores del consumo se agotaron. En cuanto a los de las inversiones, activarlos es un complejo desafío. La pérdida de la confianza del sector privado en la política económica es profunda y los problemas estructurales, sobre todo en las áreas fiscales y regulatorias, de difícil resolución inmediata. La acumulación de acciones discrecionales y voluntaristas a lo largo del primer mandato, minó la credibilidad del gobierno, creó grandes distorsiones en la economía y debilitó las cuentas públicas sin producir el esperado aumento de las inversiones (al contrario, estas se encuentran ahora en su nivel más bajo en los últimos diez años, un mero 16,5% del PIB).

A las expectativas de un mayor deterioro de la economía, se suma el riesgo de que la plena revelación de la trama de corrupción en Petrobras cause un terremoto

Las expectativas para el próximo años son de agravamiento de la situación económica. El empleo, que ya ha comenzado a reducirse en el sector industrial, tiende a disminuir también en el sector servicios. La reversión de estas expectativas requiere un cambio en las líneas de la política económica adoptadas en el primer mandato, comenzando por la designación de un Ministro de Hacienda que no se perciba como una mera extensión de la presidente reelecta. A lo largo de todo este año, Dilma hizo oídos sordos a los insistentes consejos del expresidente Lula para reemplazar el equipo económico, limitándose a decir, ya en medio de la campaña, que el actual ministro de Hacienda, Guido Mantega, no seguiría en un eventual segundo mandato. Reelegida, ¿cambiará su postura? Queriendo hacer los cambios, ¿tendrá el poder de convocatoria para traer al gobierno un equipo a la altura del desafío en el ámbito económico?

A las expectativas de un mayor deterioro de la economía, se suma el riesgo de que la plena revelación de la trama de corrupción en Petrobras cause un terremoto en el corazón de la base de apoyo de los partidos a la presidenta Dilma. La investigación del caso está en curso y ya no es posible evitar que siga adelante, aunque es demasiado pronto para prever todas sus consecuencias.

Todo indica que el país se enfrenta al mayor escándalo político y empresarial de su historia de confirmarse los hechos relatados al Ministerio Público y a la Policía Federal, en régimen de delación premiada, por los dos operadores principales de una organización criminal responsable del desvío de U$ 10.000 millones de fondos públicos para financiar a los partidos políticos, en particular al PT, PMDB y PP. Una vez más, como en el caso del “Mensalão”, el tesorero del PT surge como protagonista central del episodio, lo que refuerza las sospechas de que se ha venido observando un patrón de corrupción sistemática y organizada, a gran escala, posiblemente sin precedentes en la historia de Brasil.

Todavía no se sabe el alcance real de la lista de implicados, directa o indirectamente, en la trama de corrupción. Ya se sabe, sin embargo, el nombre de docenas de grandes empresas y políticos prominentes que habrían sido mencionados en las declaraciones hasta aquí realizadas. Según la edición de la revista Veja publicada el jueves de la semana pasada, el cambiador de dinero responsable de lavar el dinero malversado, habría declarado que Dilma y Lula estaban al tanto del esquema. No hay ninguna prueba de que la afirmación sea cierta, pero el hecho es suficiente para agrandar la sombra de la crisis política sobre el segundo mandato.

Es en este ambiente cargado que se inicia la transición hacia el nuevo gobierno. El desafío que Dilma enfrentará desde ya es inmenso: reconquistar la confianza del sector privado después de un creciente desgaste durante su primer mandato y responder a las demandas de una sociedad que desea cambios, y cuya mayoría no expresó su apoyo a la reelección (del total del electorado, menos del 40% dio su voto a Dilma Rousseff). Incluso en el escenario más positivo, no habrá reanudación del crecimiento y/o reducción de la inflación antes de 2016, lo que probablemente llevará a una pérdida de empleo e ingresos en el año 2015. En estas condiciones, se pondrá a prueba el apoyo político del gobierno. Aunque cuente formalmente con el apoyo de la mayoría de los diputados y senadores, su base de apoyo nace dividida (parte del PMDB apoyó a Aecio Neves) y sometida a las inciertas consecuencias del escándalo de Petrobras.

No hay otra conclusión posible. para Brasil, se vienen tiempos difíciles.

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