Cristina Kirchner ha acabado esta semana en el peor de los mundos. El último golpe ha sido el procesamiento judicial de su vicepresidente Amado Boudou. Un golpe que se unía al nuevo revés de la Justicia de Estados Unidos que aumentó el riesgo de llevar a Argentina a declarar una suspensión de pagos técnica coincidiendo con la decisión del Gobierno de pagar a los acreedores que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010.

Amado Boudou es desde este viernes el primer vicepresidente argentino en ejercicio en resultar procesado por un acto de corrupción. Habría aceptado un soborno del 70% de las acciones de la imprenta Ciccone.

El juez federal Ariel Lijo lo procesó por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función, delitos que se castigan con seis años de cárcel como máximo.

Este escándalo se une al problema de los fondos buitres. Buenos Aires tiene un período de gracia de un mes para tratar de negociar una salida con los acreedores impagos, llamados “holdouts” por no haber aceptado los canjes que ofreció el país. Si no lo logra, el 30 de julio caerá en cesación de pagos técnica.

“En cumplimiento del prospecto y del contrato vigente con los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje de deuda en el período 2005-2010, (Argentina) ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo legislación extranjera”, sostuvo Kicillof.

Argentina depositó unos 832 millones de dólares, de los que 539 millones fueron transferidos a cuentas del Bank of New York Mellon (BONY) en el Banco Central argentino.

Pese al depósito, un fallo del juez Griesa impide que los acreedores que aceptaron los canjes en el 2005 y el 2010 cobren su dinero si Argentina no paga también a los tenedores disconformes. Y ordenó a los bancos estadounidenses que procesan los pagos de deuda retener el dinero. Si bien el país sudamericano pidió al juez que suspenda temporalmente la medida para poder pagar a sus acreedores reestructurados y tener tiempo para negociar con los otros, el magistrado rechazó el jueves la solicitud, dejando al país al borde de un incumplimiento de deuda.

“Si alguien dispusiera de los fondos depositados en la cuenta del fiduciario, afectaría los derechos de sus verdaderos dueños, que no son otros que los tenedores adheridos voluntariamente al canje y constituiría una grave alteración a las condiciones fijadas en el prospecto”, advirtió Kicillof.

Los acreedores que sufrieron la reestructuración de casi un 93 por ciento de la deuda tras el gigantesco incumplimiento argentino de 100.000 millones de dólares en 2001-2002 aceptaron cobrar cerca de un 50 por ciento del pasivo en cuotas hasta el 2038.

Argentina asegura que si paga a los “holdouts” -que representan cerca del 1 por ciento del total de la deuda incumplida-, además de violar los acuerdos con los acreedores reestructurados abriría la puerta a reclamos de otros tenedores que no canjearon sus papeles por hasta 15.000 millones de dólares.

Este monto representa más de la mitad de las reservas internacionales del país, que ya dijo que no podría cumplir con un desembolso de esa magnitud.

Los mercados financieros argentinos reaccionaron ligeramente a la baja a las noticias del jueves.

 INFOLATAM - EFE - REUTERS