El Tribunal de Cuentas, un ente controlador de las finanzas públicas, determinó que se suspendan los sueldos por encima del tope constitucional de US$ 12.500

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El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU), un ente controlador de las finanzas públicas, ordenó este miércoles al Senado suspender los sueldos por encima del tope constitucional de US$ 12.500 y devolver US$ 90 millones pagados en exceso.

Un auditoría del TCU determinó que 464 funcionarios de la Cámara recibían los llamados "supersalarios", que están por encima del sueldo de un magistrado de la Corte Suprema -28.000 reales (unos 12.500 dólares)-, el máximo que puede recibir un empleado público en Brasil.

"No podemos continuar con estos salarios diferenciados, con personas ganando sueldos de marajás y personas recibiendo salario mínimo" de 678 reales (304 dólares), dijo el presidente del tribunal Augusto Nardes, citado por la estatal Agencia Brasil.

El TCU dio 30 días al Senado para hacer efectiva la medida.

Además, los empleados del Senado que se vean afectados por la decisión deberán devolver a los cofres públicos 200 millones de reales (89,6 millones de dólares) relativos a la diferencia pagada en exceso en los últimos cinco años.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, informó en un comunicado que la Cámara "va a implementar inmediatamente la reducción de la remuneración de los servidores de la institución al límite constitucional".

En agosto, se ordenó a la Cámara de Diputados suspender los pagos de salarios por encima del techo constitucional a unos 1.000 funcionarios, pero no obligó a devolver la diferencia de los pagos hechos.

Durante las masivas movilizaciones de junio en Brasil, cuando más de un millón de personas salieron a las calles, uno de los mayores reclamos era la lucha contra la corrupción de la clase política y la mejora de la mala calidad de los servicios públicos, en un país que arrastra grandes diferencias sociales entre ricos y pobres.