¿Y después de la epidemia, qué?, es la pregunta que por estos días quita el sueño en Cuba y lleva a economistas a barajar sugerencias que pasan por dar oxígeno al estancado plan de reformas y ceder espacio al emergente sector privado, reporta la agencia IPS.

"No hay que profundizar en temas nuevos, basta con poner en vigor aspectos que se encuentran esbozados en los lineamientos" del Partido Comunista, dijo a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, quien mencionó, entre otras, transformaciones pendientes en materia monetaria, agrícola y la propiedad sobre medios de producción.

Las tensiones sanitarias creadas por el Covid-19 agravan las serias dificultades que arrastra la economía cubana, cuyo crecimiento en 2019 llegó apenas al 0,5%.  Pero una vez superadas podrían ser una oportunidad para hacer reformas.

Según datos oficiales, Cuba recibió en 2019 menos de 4,3 millones de turistas, para un descenso de 9,3 por ciento. Las autoridades de la Isla culpan al embargo estadounidense y a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos para la venta de los servicios de médicos cubanos a Brasil, Bolivia y Ecuador.

Para 2020 el Gobierno preveía un modesto crecimiento del 1%, del producto interno bruto (PIB), que difícilmente se logre.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha previsto, en un cálculo provisional y que empeoraría si la contención de la pandemia demora, que la economía regional caería ese año hasta al menos 1,8 por ciento. Entre los tropiezos, el organismo menciona la debacle del turismo, columna de muchas economías en el área, entre ellas la de Cuba.

La Isla arrastra además la escasez de combustible, causada por la crisis venezolana y las sanciones de Estados Unidos a navieras que trasladen petróleo a Cuba desde Venezuela. Asimismo, la liquidez financiera se ha visto limitada ante las obligaciones de pago de la deuda externa.

La escasez de productos de primera necesidad y medicamentos, notoria desde el segundo semestre del pasado año, conspira contra las medidas sanitarias encargadas de frenar la expansión del Covid-19 y ya es rutinaria la imagen de policías uniformados tratando de evitar peligrosas aglomeraciones frente a los establecimientos comerciales.

El Gobierno inició este mes un plan emergente de distribución para intentar garantizar artículos de aseo y alimentos. A la vez, ha dicho que priorizará los escasos recursos para la producción nacional de alimentos.

"Tenemos que encontrar en nuestra agricultura la fuente para alimentar a nuestro pueblo. Esto no es nuevo. Importamos más de 2.000 millones de dólares al año. No significa que no haya importación, pero no podemos basarnos en las compras externas", dijo a fines de marzo el ministro de Economía, Alejandro Gil.

El responsable del sector aseguró que se garantizarán los recursos para la producción, fundamentalmente, de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Prometió la mayor cantidad de recursos a los productores con mejores rendimientos, incluido el combustible de sectores que hayan paralizado sus actividades.

Pérez Villanueva y otros economistas coinciden en que la agroindustria es estratégica para la producción de alimentos, pero requiere cambios de fondo en sus formas de gestión y financiamiento.

"Entre otros cambios, hay que incentivar con buenos precios a los agricultores por sus productos. No es posible pagar en divisas a los privados extranjeros y no pagarle a los agricultores cubanos lo suficiente", dijo.

A su vez, el economista Armando Nova recordó a IPS que las potencialidades de la agroindustria son amplias como suministrador de alimentos frescos y elaborados.

"También hay que tener en cuenta a la agroindustria cañera y su importante papel en la producción de alimentos con destino humano y animal, así como sus derivados de alto valor agregado en la creación de fondos exportables y la energía renovable", señaló.

Casi 70% de la producción agrícola y dos terceras partes de la producción lechera cubanas provienen del sector no estatal, que incluye a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), de Crédito y Servicios (CCS) y productores individuales.

Joaquín Benavides, economista y exfuncionario gubernamental, considera oportuna la aprobación de "un instrumento legal" que autorice la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), principalmente en la actividad agroalimentaria, proceso al que puedan incorporarse, si lo desean, las cooperativas agropecuarias.

En su opinión, en la coincidencia de intereses económicos comunes de PYMES, CPA y CCS es posible obtener recursos para invertir en la máxima utilización y mejoramiento de las tierras, así como en obtener tecnología y equipamiento para el desarrollo de la pequeña y mediana industria agroalimentaria.

Es momento "de superar temores infundados sobre el sector privado cubano, resida donde resida", recomienda este experto en su artículo "Crisis económica en Cuba después de la Covid-19 o Periodo Especial después del coronavirus", publicado en el blog El Estado como tal.

Una Ley de Empresas, actualmente en estudio, podría regular el funcionamiento de entidades estatales y privadas y dar lugar a más PYMES, aunque no estaría lista hasta abril de 2022. Se espera que esa norma defina requisitos, regulaciones e impuestos que permitan el crecimiento del sector privado desde una perspectiva social.

"Acelerar la Ley de Empresas incrementaría las inversiones de los cuentapropistas a través de la disminución de la dependencia a financiamientos externos que respaldan las producciones nacionales", comentó a IPS el emprendedor Ángel Marcelo Rodríguez, coordinador de Incuba Empresas, un proyecto que capacita a emprendedores y cooperativistas en los católicos Centros Loyola.

Añadió que otro beneficio de dar paso a las PYMES es que se elimina "la competencia entre cuentapropistas y la población para acceder a productos en el mercado minorista en divisa", pues otros cuentapropistas, que ahora serían empresarios, contratarían la compra de sus productos directamente, esto puede ser un atenuante a la ausencia de mercado mayorista.

Al respecto, Pérez Villanueva explicó que las PYMES serían empresas jurídicas y no cuentapropistas, y por ende deberían poder tanto importar como exportar bienes o servicios, lo cual propiciaría al país más recursos monetarios, tan escasos en estos momentos, vía impuestos u otros ingresos.

"¿Qué impide tener una empresa de diseño privado en el país, o una firma de arquitectos privados, cuyos servicios pudieran ser contratados por el Estado?", se preguntó el experto. En la actualidad, 600.000 personas se desempeñan como trabajadores autónomos en 123 oficios, que no incluyen a profesiones de nivel universitario.

DIARIO DE CUBA