Esta semana, después de varios meses de estar José Daniel Ferrer incomunicado, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien asesora a los familiares del opositor, denunció a DIARIO DE CUBA las irregularidades judiciales que ha sufrido Ferrer.

"Primeramente, el Departamento Provincial de Operaciones e Investigaciones Criminales de Santiago de Cuba, un organismo que se ocupa de delitos de mayor envergadura, interviene en la detención de Ferrer, lo cual no concuerda con la figura penal por la cual supuestamente el individuo Sergio García González acusa al líder de la UNPACU del delito de 'lesiones'", explicó.

"Posteriormente, para justificar la prisión provisional de Ferrer tras la solicitud de su esposa Nelva Ismaray Ortega ante el Tribunal de Santiago de Cuba de un Habeas corpus, la Fiscalía dicta un auto de prisión provisional con fecha 7 de octubre, que impide la tramitación del Habeas corpus según la ley. De esa manera, las autoridades legalizan el encarcelamiento e impiden que Ferrer sea llevado rápidamente a juicio".

El abogado Julio Ferrer también recordó que "la esposa del líder de la UNPACU interpuso contra ese auto de prisión provisional un recurso de apelación que, tras ser 'analizado', debe elevarse hasta el Tribunal Supremo, pero fue devuelto al Tribunal de Santiago de Cuba y a la Fiscalía, para que le imputaran a Ferrer un delito de mayor gravedad, como el de haber privado de libertad a Sergio García González".

En su opinión, con estos procedimientos el régimen violó el debido proceso, la equidad entre las partes y "un principio jurídico romano muy antiguo llamado no reformatio in pegus, que establece que los recursos invocados por los acusados no pueden serle perjudiciales".

En su recuento, Ferrer Tamayo también recordó que en diciembre de 2019 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de apelación contra el auto de prisión provisional aplicado a Ferrer, porque además del delito de "lesiones" el opositor había sido acusado por privar de libertad a otra persona.

A esto, se suma que "en las conclusiones acusatorias, el fiscal reconoce que las lesiones hechas contra la víctima [Sergio García González] no son tan graves como inicialmente habían dicho. Ni siquiera llevaron gastos de curación. Precisamente por esa razón las autoridades fuerzan el supuesto delito de 'privación de libertad' para solicitar al Tribunal una sanción mayor".

En ese punto "la fiscal hace una narración sacada de una película de Indiana Jones. Supuestamente, García González se encontraba amarrado en casa de Ferrer, pero luego de zafarse, en menos de 15 minutos, se va por su voluntad sin barrera física alguna. Si es así, ¿dónde está la privación de libertad que Ferrer supuestamente le impuso a Sergio García?", cuestionó el abogado.

Por su parte, el régimen cubano volvió a acusar a José Daniel Ferrer de ser un "mercenario financiado e instruido por el Gobierno de Estados Unidos" en un reporte transmitido en la emisión estelar del Noticiero de la Televisión Cubana, donde aseguró que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está bajo un proceso "con todas las garantías legales".

El reporte aseguró que el opositor, quien está detenido desde el 1 de octubre pasado, periodo en el que su familia ha denunciado las torturas y maltratos a que lo han sometido, así como la imposibilidad de visitarlo en prisión excepto en contadas ocasiones, fue "capaz de secuestrar y golpear salvajemente a otro ciudadano cubano", el argumento que utilizan las autoridades para acusarlo por el delito de lesiones.

El régimen insistió en que Ferrer es "un delincuente común", y cuestionó la "campaña de descrédito, dirigida desde EEUU, contra el sistema judicial cubano" a raíz de la detención de Ferrer y de otros tres miembros de la UNPACU.

En cambio, el reporte aseguró que "a Ferrer se le acusó y procesó por delitos de lesiones y privación ilegal de libertad, con todas las garantías que ofrece la ley penal vigente", y que "su detención se debe a la prisión provisional que, como medida cautelar hasta el momento del veredicto judicial, aplicó la Fiscalía."

El audiovisual, reproducido por el sitio oficial Cubadebate, confirmó que "la petición fiscal para el acusado Ferrer asciende a nueve años, no solo por los delitos ya mencionados, sino porque en el momento de su comisión el reo se encontraba en libertad con una 'licencia extrapenal' y no había agotado condenas anteriores. La última palabra al respecto la tendrá el sistema de tribunales cubano."

El audiovisual acusó a "infames personajes" como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el senador de EEUU Marco Rubio; la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach; la coordinadora de Cuba Decide Rosa María Payá; y a Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, de sumarse a una campaña a favor de Ferrer, "dejando claro que el ejecutivo imperialista está apoyando las espurias causas de una 'oposición', que no cuenta con legitimidad ni autoridad en la Isla que pretenden 'liberar'".

También cargó contra Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, quien, aseguró, "tampoco hace mucho por la causa de la contrarrevolución."

DIARIO DE CUBA