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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos califica a Tareck El Aissami como un “Kingpin” de la droga en una resolución emitida este lunes 13 de febrero donde se señala al empresario chavista Samark López como cómplice. La inclusión en la lista de funcionarios sancionados por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos, la “lista negra” del Departamento del Tesoro, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y movimientos extremistas del Medio Oriente incluye el congelamiento de una fortuna estimada en varios miles de millones de dólares, segun la agencia Bloomberg.
Esta decisión anula sus visas, les confisca propiedades en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos, según un funcionario del Congreso estadounidense que solicitó el anonimato y declaró a The Associated Press.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos marcan un paso extraordinario en contra del “número dos” de un gobierno extranjero. “Las acciones de la OFAC son la culminación de una investigación de varios años (…) contra los importantes traficantes de narcóticos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protege a aquellos que realizan estas actividades ilegales”, dijo su director interino, John Smith, según la nota del Tesoro.
AFP afirma que el también exministro de Interior y Justicia habría recibido pagos del narcotraficante Walid Makled y también tenía lazos con el violento cartel mexicano Los Zetas, según denuncia el Tesoro. De acuerdo a la página del Departamento del Tesoro, al menos 14 propiedades en Venezuela y Estados Unidos estarían vinculadas con este proceso. Las mismas las puede ver pulsando aquí.
La historia de Tareck El Aissami en la administración chavista es meteórica, y su cúspide llegó a comienzos de 2017.
El 4 de enero de 2017 Tareck El Aissami alcanzó el mayor puesto de la administración pública al que se puede llegar sin el voto popular y sin perturbaciones institucionales: la Vicepresidencia de la República. El cargo, no solo le otorga un rol prominente en la administración del Estado y en la coordinación del gabinete Ejecutivo sino que pone en sus manos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Además, el presidente Nicolás Maduro lo puso al frente del recién creado Comando Nacional Antigolpe el 8 de enero y apenas tres días después se producían las primeras detenciones. El diputado suplente por Voluntad Popular Gilber Caro fue apresado en Carabobo por el Sebin acusado de portar material de guerra y de estar implicado en un supuesto “plan conspiratorio”, con la participación de células paramilitares colombianas.
El mismo día, los concejales Jorge Luis González (Maracay) y Romel Ángel Rubio (Maracaibo), ambos de Primero Justicia, también fueron detenidos por supuestamente estar involucrados en acciones desestabilizadoras. Según la información oficial, les fueron encontrados niples, una granada, 30 “miguelitos”, 20 cartuchos de armas de fuego calibre .45 y una caja que contenían 500 panfletos con mensajes contra Corpoelec y alusivos a la rebelión civil.
También el concejal Roniel Farías (Voluntad Popular) del municipio Heres, en el estado Bolívar, fue detenido por el Sebin.En paralelo, al general Raúl Isaías Baduel le fue allanada su vivienda y luego revocada la medida cautelar de casa por cárcel otorgada en 2015.
Rocío San Miguel, coordinadora de la ONG Control Ciudadano, asegura que con El Aissami se instaura “un Estado policial que criminaliza la crítica, la disidencia y a la oposición”. Asegura que “las líneas seguidas en sus primeras 48 horas fueron las de, por una parte, criminalizar en la esfera militar escogiendo selectivamente algunos individuos con requisas en la sección militar de La Pica y la propia Ramo Verde, activar un tribunal accidental para dictar sentencia del llamado “Golpe azul” -que dejó seis sentenciados- y exhibir la criminalización de la cual es capaz el Gobierno.
Recordemos que el sistema de justicia militar lo dirige el Presidente de la República, por disposicion del Código Orgánico de Justicia Militar. Y por otro lado, la persecución política a opositores”. La abogada apunta que El Aissami “ha estado en tres áreas sensibles para la seguridad: control de policías, el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia, y el de identificación y extranjería”.
Tareck El Aissami se estrenó en la administración pública al frente de la Misión Identidad en 2003, que Hugo Chávez apuraba de cara al referéndum revocatorio que se avecinaba. Con asesoría cubana se inició el programa y desde entonces la influencia de la isla en el sistema de identificación de Venezuela no ha dejado de existir. También en 2003 se comenzó a hablar de “la nueva cédula” que incorporaría un chip electrónico; un proyecto nunca concretado a pesar de inversiones millonarias. Nunca se informó el costo de las las asesorías antillanas, y tales acuerdos no pasaron por la Asamblea Nacional.
El financiamiento, según Transparencia Venezuela, se otorgó en contratos, partidas del presupuesto nacional, créditos adicionales y el Fonden.Las cifras disponibles en documentos de la empresa cubana Albet, los presupuestos nacionales publicados y contratos revelados permiten calcular que fueron alrededor de 1.400 millones de dólares, especialmente a partir de 2005.
Asumió el Ministerio de Interior y Justicia en septiembre de 2008, hasta que fue relevado en octubre de 2012 por Néstor Luis Reverol. En esos cuatro años un total de 52 presos políticos fueron encarcelados. En 2008, se produjeron atentados con explosivos en Fedecámaras y en la Plaza Washington de Caracas, mientras en el 23 de Enero grupos paramilitares mostraron su poder armado y su apoyo al chavismo.
Entonces, las cárceles eran competencia del MIJ y tan solo en ese año hubo más de 7 mil presos en huelga de hambre, aunque fue en 2011 cuando se registró el motín más largo en la historia: 27 días permaneció el Rodeo II bajo el control de dos pranes. El término “Pran”, de hecho, se acuñó en 2010 para identificar a los famosos “Wilmito”, “El Oriente” y “El Yoifre” que hacían de las suyas sin que el MIJ les pusiera reparo. En 2008 los asesinatos llegaron a 14.568; en 2009 la cifra oficial fue de 13.985, y en 2010 El Aissami censuró la divulgación de cifras oficiales aunque en la Memoria y Cuenta de ese año se admite que hubo 13.080 homicidios. En ningún caso se incluyen muertes violentas “por determinar”, que abultarían el dato y lo acercarían a los cálculos independientes como los del Observatorio Venezolano de Violencia.. 2011 tuvo unos 17.336 asesinatos, según cálculos del OVV, que para 2012 estimó el dato en 21.692.
Sin embargo, según el Informe 2012 de Provea, los homicidios fueron 14.584, sin contar los más de 9 mil caídos por “resistencia a la autoridad”. En total, un aumento de 60% en sus cuatro años como Ministro, según el OVV.
En su gestión, la represión a protestas pacíficas diminuyó cada año, especialmente en 2012 (año electoral), aunque hubo muertos y cientos de lesionados en manifestaciones, también por grupos civiles armados.
En 2008 comenzó el Plan “Ruta Segura” (el décimo del chavismo), de corta vida. En 2009 se creó el Dibise y la PNB, que sería una policía “humanista”. En 2012 nació la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
Por otra parte, en 2011 Asumió la direción de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, una política de desarme que no llegó a buen puerto. Según Rocío San Miguel, “se desmontó deliberadamente toda la información del registro de armas legales, al punto que hubo que comenzar a edificar otro a finales de 2012 y en 2013”.
En su gestión, Néstor Luis Reverol (ahora Ministro de Interior) pasó de la Oficina Nacional Antidrogas al Viceministerio de Seguridad en 2011, a pesar de que el capo Walid Makled afirmó el año anterior que el General “ha manejado mis empresas durante 23 meses. Esas empresas han generado en ese tiempo 140 millones de dólares que tendrían que estar depositados en un tribunal y no están”. El New York Times publicó en 2015 que El Aissami estaría siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Curiosamente, la narrativa oficial asegura que, como ministro, el Vicepresidente apresó la mayor cantidad de capos.
En 2005, Tareck El Aissami fue candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV en el estado Mérida, donde había hecho política estudiantil en la Universidad en Los Andes en años anteriores. Allí conoció a Adán Chávez, y alcanzó la presidencia de la Federación de Centros Universitarios. Antes, compitió para el Consejo de Facultad de Derecho junto al ahora Ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa.
Fue nombrado presidente de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud para el período legislativo del año 2006. Entonces, la instancia impulsó la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia que se aprobó el 25 de noviembre de ese año en una sesión especial celebrada en el Teatro Teresa Carreño junto a grupos interesados.
En el Parlamento duró apenas un año, pues el 16 de enero de 2007 fue nombrado Viceministro de Seguridad Ciudadana por Hugo Chávez, bajo las órdenes del entonces ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, y luego de Ramón Rodríguez Chacín, actual gobernador de Guárico.
En 2007, Amnistía Internacional denunció que existían cerca de 6 millones de armas cortas en el país, de las cuales 75% circulaban ilegalmente. Según cifras oficiales, 13.156 personas fueron asesinadas durante 2007 en medio de una creciente inseguridad ciudadana.
2011 fue el año de los hackeos digitales. Cuentas de Twitter de opositores, correos electrónicos y demás fueron intervenidos por “N33”, una persona o un grupo dedicado a tales actividades. Al menos 11 figuras públicas fueron atacadas en cuestión de semanas en ese año, siendo El Aissami Ministro de Interior. Según dijo Raymond Orta, abogado e informático forense, al diario El Tiempo entonces, la hipótesis más factible es que N33 tuviera acceso a los puntos claves de la red de Cantv.
Rocío San Miguel denunció ante la Fiscalía, el 8 de septiembre de 2011, el “hackeo” de su cuenta y otras ocho direcciones electrónicas. “Hay quienes podemos dar testimonios de que N33 trabajaba con vinculos en el Sebin. Hubo extorsiones a las víctimas, amenazas de muerte, exposición de la privacidad. Ninguna de las denuncias fue investigada”, dice ahora la directora de Control Ciudadano.
Juan Almeida, un militante del PSUV, dice ser N33. El “hacker ético”, como se autodenomina, se convirtió en funcionario de la Gobernación de Aragua en la gestión de El Aissami, pasó a formar parte del staff de Aragueña FM, controlada por la Gobernación, y se retrataba junto al mandatario regional en actos públicos.
Tareck El Aissami asumió la gobernación de Aragua en 2012. Durante su gestión, el estado se convirtió en el más peligroso del país al pasar a encabeza la lista de los más violentos con una tasa de 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia. Además, hubo ajusticiamientos ilegales por parte de Poliaragua, toques de queda por la delincuencia, desarrollo de piscina, zoológico, campos deportivos, restaurantes, supermecados y bancos en la cárcel de Tocorón, así como el control territorial de bandas como “El Tren de Aragua” y la de El Picure.
El diputado regional Rodrigo Campos asegura que Poliaragua fue desmantelada por El Aissami, siguiendo lo iniciado por su antecesor Rafael Isea. “Cerraron alrededor de 25 comisarías, especialmente en la zona norte de Maracay donde no votan por el PSUV”. Asegura que la policía tiene órdenes de no actuar contra las bandas organizadas, y sus funcionarios se mantienen con bajos sueldos y sin seguro médico. En zonas como San Vicente y San Mateo abundan las denuncias de extorsiones a comerciantes, ataques con granadas y desplazados por el terror.
Con respecto a la gestión, Campos la resume en “la entrega de una plaza” y el Teatro de la Ópera (TOM). En la Contraloría General reposan denuncias que incluyen: Memoria y Cuenta sin cuenta en 2013; falsa entrega de obras como el comedor de los Bomberos y la remodelación del estadio Hermanos Ghersi ni siquiera iniciadas; retrasos en el TOM; manejos irregulares de recursos propios en 2014 (“no se declaró el impuesto en los ingresos y el dinero se usó de forma discrecional”, dice Campos); irregularidades en el plan de sustitución de ranchos por viviendas (“ninguna casa se construyó, la Contraloría dictaminó que no hubo seguimiento adecuado, y lo único que pasó fue que se destituyó a la contralora regional y Tareck puso a otro violando parámetros de elección”); y la violación de derechos laborales (“se le descuenta a la gente las cotizaciones del Seguro Social pero el dinero no llega al IVSS con el que la Gobernación tiene una mora”). Como gobernador, El Aissami atacó a opositores, se ensañó con el alcalde Delson Guárate, ahora destituido, y ordenó investigar y acosar a los diputados de Primero Justicia en el Consejo Legislativo, según un audio obtenido por ese partido.
http://www.talcualdigital.com/Nota/136819/las-cuentas-por-cobrar-de-tareck-el-aissami
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