El coordinador de la UNPACU en La Habana, Zaqueo Báez Guerrero, y el activista Ahmed Páez Hernández, fueron detenidos el miércoles en la tarde a la salida de la embajada de Suecia, denunció a DIARIO DE CUBA, Carlos Amel Oliva, líder del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.

"Sospechamos que esta detención tenga que ver con una maniobra de la policía política", subrayó.

"En el reparto Calabazar, del municipio Boyeros, donde reside Zaqueo, la semana pasada, a una cuadra de la estación municipal de la PNR, se incendió por accidente o causado por alguien un ómnibus de turismo, vacío. Fue por la madrugada, según varios testimonios", precisó Oliva.

"Días después apareció un cartel en el punto de gas de este reparto, que decía 'Incendiamos el ómnibus e incendiaremos en punto de gas y las escuelas, y debajo pusieron UNPACU", explicó.

El opositor negó tal hecho y denunció que "se trata de una estrategia para crear un estado de opinión en la población contra la organización y justificar una detención o la fabricación de un delito a cualquiera de los activistas".

"Nuestros activistas son pacíficos, no practicamos ese tipo de estrategias, ni de métodos de lucha en nuestra organización. La única violencia que se ve en este proceso es la que viene de parte de los órganos represivos del Estado", defendió.

"No estamos seguros de que esto guarde relación con la detención de Zaqueo, pero sí sospechamos que todo puede ser parte de un montaje manipulador para terminar llevando a Zaqueo o a otro opositor a prisión", insistió.

Por otra parte, Oliva informó que "hace hoy 14 días está en huelga de hambre en la prisión de Melena el activista Noslen Ayala García".

El activista de la UNPACU —añadió— "está plantado porque le confiscaron el teléfono; le suspendieron el servicio durante tres meses y él se declaró en huelga el día 17 de este mes, en demanda de su derecho a expresarse libremente y a comunicarse con su familia".

Recordó que Ayala fue llevado a prisión por el delito de desacato, y estuvo "casi un año pendiente de juicio".

"Luego le sancionaron a ocho meses. Dentro lo han acusado de negación de auxilio, todo un montaje, y le sancionaron a tres años", dijo.

El miércoles también fue detenido el coordinador de la UNPACU en Camagüey Fernando Vázquez Guerra.

"Vázquez fue recientemente excarcelado luego de cumplir un año y medio de prisión; salió el 31 de agosto. Tenía planificado una reunión con varios activistas en la provincia y fue retenido durante nueve horas en el tercera unidad de Camagüey", declaró Oliva.

Asimismo, dijo que la activista Marieta Martínez Aguilera, que cumple una sentencia por un "delito fabricado de desacato y daños", actualmente en la prisión de mujeres de Camagüey, "se encuentra desde ayer en huelga de hambre".

"La activista fue sentenciada a tres años de privación de libertad en abril de 2016, primero estuvo en la prisión del Guatao, y producto de su firmeza y su negativa a acogerse al programa de reeducación comunista fue enviada como castigo a Camagüey, pese a que ella y sus familiares son de La Habana", denunció Oliva.

"Ella exige que los documentos donde se hace firme la sentencia sean enviados a Camagüey. Sin estos no puede disfrutar de los beneficios carcelarios a los que ya tiene derecho", sostuvo.

La UNPACU es una de las organizaciones más activas dentro de la oposición en la Isla. El régimen mantiene tras las rejas a decenas de sus integrantes, actualmente más de medio centenar. A estos activistas la policía política les suele "fabricar delitos", según denuncian familiares y detenidos.

DIARIO DE CUBA

Cuba pidió este martes a Estados Unidos su "cooperación eficiente" para concluir la investigación que realiza para esclarecer el supuesto "ataque acústico" que sufrieron diplomáticos norteamericanos en la Isla y consideró que seria "lamentable" que se politizara un asunto de esta naturaleza.

"Hasta el momento no hay evidencias de las causas y el origen de las afecciones de salud reportadas por los diplomáticos estadounidenses", afirmó la Cancillería cubana en un comunicado divulgado tras la reunión celebrada este martes en Washington entre el ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez, y el secretado de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.

El canciller trasladó a Tillerson que en Cuba no existen "precedentes" en casos semejantes, pero que se han adoptado "medidas adicionales" de protección a diplomáticos

El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado que las supuestas "acciones acústicas", ocurridas a finales del año pasado, han provocado problemas de salud a al menos a 21 diplomáticos estadounidenses que estaban destinados en Cuba.

En esa reunión, realizada a propuesta del Gobierno cubano con el propósito principal de abordar esos incidentes, Rodríguez aseguró que la investigación para esclarecer este asunto "sigue en curso" y que Cuba tiene "gran interés en concluirla".

Rodríguez destacó que la investigación es un asunto "prioritario" para Cuba y que sería "lamentable que se politizara" un asunto de esta naturaleza o se tomen "decisiones apresuradas y sin sustento en evidencias ni resultados investigativos concluyentes".

Rodríguez insistió en la "seriedad, celeridad y profesionalismo" con que las autoridades cubanas han asumido la investigación, que se inició, "por indicación del más alto nivel" del Gobierno, señala el comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores le trasladó a Tillerson que en Cuba no existen "precedentes" en casos semejantes, pero que se han adoptado "medidas adicionales" de protección a diplomáticos estadounidenses y sus familiares.

"Esto ha sido reconocido por los representantes de las agencias especializadas de EE.UU. que han viajado a Cuba, a partir del mes de junio, cuyas visitas han sido valoradas positivamente por las contrapartes cubanas", añade el comunicado de la Cancillería.

El titular cubano también recalcó que el Gobierno de su país "no no ha perpetrado nunca ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra diplomáticos" y que tampoco "ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros para este propósito".

el canciller cubano confirmó a Tillersona la "voluntad" de Cuba de continuar el diálogo bilateral sobre temas de interés común, sobre la base del "respeto y la igualdad soberana, pese a las profundas diferencias existentes"

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar a dos diplomáticos cubanos de Washington fue considerada por Rodríguez como "injustificada" y a su vez sostuvo que Cuba cumple "rigurosamente" sus obligaciones con la Convención de Viena sobre la protección de la integridad de los diplomáticos.

Este incidente que salió a la luz pública en agosto pasado, ha sumado tensiones en las relaciones bilaterales entre Cuba y la administración de Donald Trump, quien ha impuesto restricciones a la apertura hacia la Isla, ha respaldado el embargo y se ha negado a negociar con el Gobierno de La Habana sin ver avances democráticos.

No obstante, el canciller cubano confirmó a Tillersona la "voluntad" de Cuba de continuar el diálogo bilateral sobre temas de interés común, sobre la base del "respeto y la igualdad soberana, pese a las profundas diferencias existentes" entre ambos países.

14 Y MEDIO

Integrantes del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia expresaron este domingo su "más claro repudio" a la sentencia emitida por el Tribunal Municipal de Pinar del Río en contra de la economista Karina Gálvez Chiú.

"El fallo, en relación al supuesto delito de evasión fiscal, establece la limitación (por tres años) de libertad, restricciones al movimiento y ejercicio de derechos políticos, así como el decomiso de la vivienda de nuestra colega; inmueble que sirve de sede a las actividades del Centro", recuerda la declaración emitida.

"A despecho de las pruebas profesionalmente presentadas por la defensa y haciendo uso de un lenguaje lleno de tecnicismos —que mal disfraza los móviles políticos de la decisión—, el acto constituye una fase superior del asedio del Estado cubano a un proyecto caracterizado por la vocación de servicio comunitario, su capacidad para el análisis y prospectiva en política pública, el fomento de la comunicación y educación ciudadanas y un sostenido apoyo a la reconciliación entre la nación y su diáspora, así como entre Cuba y su vecino EUA", señala.

Para los académicos, "el fallo se dirige a sancionar y desincentivar el compromiso individual y el uso de recursos personales —incluidos los inmuebles— para la promoción de actividades cívicas; algo de innegable trascendencia para un tejido social afectado por el pobre desempeño económico, el crecimiento de diversas desigualdades y, en la coyuntura actual, el impacto de terribles desastres naturales".

Asimismo, añaden que "Convivencia no es un partido político, un movimiento armado o un grupo terrorista. Es una de las miles de organizaciones que, internacionalmente, llevan la voz y propuestas de la ciudadanía a un diálogo fecundo con sus autoridades y contrapartes globales".

"Con semejante acoso, el Estado cubano demuestra su incapacidad para adecuarse a los imperativos económicos, jurídicos, culturales y simbólicos que la sociedad insular, en sintonía con las tendencias mundiales, requiere y demanda", consideran.

Por tales razones, denuncian lo que consideran un "nuevo atropello contra los derechos humanos de ciudadanos cubanos" y anuncian su "decisión de acompañar, en cuanta instancia y mecanismo legal o de otro tipo sea pertinente, las estrategias de defensa y denuncia decididas por el Consejo Directivo de Convivencia".

Por último, apelan "a todas las personas solidarias —en especial a aquellos académicos que han conocido e interactuado, durante estos diez años, con los integrantes y programas del Centro— a que sumen sus voces frente esta desproporcionada e injustificable acción punitiva".

La declaración del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia está suscrita por Armando Chaguaceda, Carmelo Mesa-Lago, Cristian Larroulet, Elías Amor, Juan Antonio Blanco, Dimas Castellanos, Gerardo Martínez-Solanas, Marifeli Pérez-Stable, Pedro Campos, Rafael Rojas, Silvia Pedraza y Miriam Celaya.

DIARIO DE CUBA