MALAGA -- El ex preso político cubano Néstor Rodríguez Lobaina, que llegó a España en abril pasado, denunció el lunes que ha sido excluido del programa de atención a solicitantes de protección internacional por supuesto “incumplimiento” de las normas de funcionamiento.

EFE

Rodríguez Lobaina, que llegó a España en abril pasado y desde entonces reside en la ciudad de Málaga (Andalucía, sur), explicó que recibió una carta de la Cruz Roja en la que se le comunica que ha perdido su condición de beneficiario del Programa y que dejará de recibir la prestación y servicios que tal carácter implicaba.

La carta, según el ex preso político cubano, fundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, dice que su exclusión obedece al “incumplimiento grave y reiterado de las normas de funcionamiento”.

Néstor Rodríguez Lobaina, uno de los disidentes cubanos que salieron de Cuba desde julio del 2010 con la mediación del gobierno español, aseguró que “si en tres días no obtiene una solución” al problema que afronta, se declarará en huelga de hambre frente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según el disidente expatriado su deseo es que el gobierno de España le devuelva a Cuba.

Rodríguez, que niega haber cometido infracción alguna, está desde abril acompañado de su mujer e hija —ahora de ocho meses— en un hostal y pese a que la medida no les afecta a ellas, que estaba previsto que fueran a un centro de la Cruz Roja, él anuncia que ella no aceptará separarse de él y se irán del establecimiento juntos.

Afirma que queda “abandonado, a partir de mañana, en las calles de Málaga sin dinero, comida ni techo” y que no tiene recursos económicos para volver a Madrid a reclamar a Exteriores que le devuelva a Cuba a la cárcel de la que le sacaron, porque, recuerda, no viajó a España en una balsa ni entró ilegalmente.

En abril pasado, Rodríguez Lobaina ya se quejó del trato recibido por el gobierno español en su llegada a este país, que le recordaba a la “tragedia cubana”.

El 29 de junio pasado, otros siete disidentes cubanos fueron expulsados del centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre ellos el expreso Carlos Martín Gómez, tras una agresión física en el grupo y amenazas al personal del centro de acogida.

LA HABANA -- Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una odisea social, económica y burocrática para los cubanos, que a partir de este año y, por primera vez en más de medio siglo de revolución, podrán comprar y vender casas de modo legal, al margen del mercado negro.

Anett Ríos

/ EFE

Antes de que finalice el 2011, el Gobierno del gobernante Raúl Castro prevé implantar una ley que levantará la prohibición de la compraventa de viviendas entre particulares y flexibilizará los otros modos de transmisión de la propiedad que existen en Cuba, donde el Estado controla todo el sector.

Pero el largo historial de trámites, dificultades, esfuerzos y hasta trampas para conseguir casa en un país que además tiene un grave déficit de viviendas hacen que los cubanos se enfrenten al anuncio con buenas dosis de escepticismo.

Hasta ahora, la legislación y las prohibiciones limitaron las opciones para acceder a una vivienda: básicamente solo se podía conseguir mediante un permiso estatal de construcción, permutas, herencias o la compra ilegal.

En La Habana, donde vive casi el 20 por ciento de los cubanos, el perfil de la ciudad ha sido modificado a lo largo de años con “ampliaciones” en jardines, azoteas, garajes y patios; “barbacoas” o divisiones de la altura interior de un inmueble para aprovechar espacio con la apertura de ventanas para ventilar espacios que originalmente no fueron diseñados para vivir.

Por la escasez de viviendas no es raro que cuatro generaciones convivan en un mismo hogar, que ex cónyuges “dividan” y compartan sus apartamentos, o que algunos busquen cuidar a ancianos sin herederos para aspirar a la propiedad.

La necesidad de “resolver” (uno de los verbos más usados en la isla) para sortear las prohibiciones creó un mercado negro con construcciones clandestinas, falsificación de documentos, funcionarios corruptos y estafas.

Abel, de 47 años, dijo a Efe que en los noventa “resolvió” su problema de vivienda al comprar una casa en el barrio habanero de Santos Suárez por $16,000, una acción “enmascarada” dentro de una “permuta múltiple” (el intercambio de varias casas en una misma operación).

En esa década de grave crisis, tras la caída del bloque soviético, la compraventa ilegal proliferó en Cuba con la participación de intermediarios (“permuteros”, notarios, abogados) y, aunque el Estado la persigue y ha confiscado inmuebles tras operaciones ilícitas, la práctica se mantiene.

Abel, quien prefirió ocultar su identidad real, indicó que actualmente hace gestiones para comprar en La Habana una casa para sus familiares exiliados en Miami, una vez que entre en vigor la nueva ley.

Sin embargo, ya se ha anunciado que esa normativa sólo beneficiará a cubanos y extranjeros residentes permanentes y que cada ciudadano sólo podrá tener una propiedad.

“Hay cubanos en el extranjero que están pendientes de la ley para asegurar casa en Cuba. No importa que esté prohibido, ya se buscarán la forma de hacer las cosas”, dijo a Efe Mayté, una abogada que no confía en que la legalización de la compraventa elimine las irregularidades.

Muchos de esos exiliados tuvieron que dejar sus inmuebles y bienes al Estado al salir de la isla, donde la ley dispuso que sólo los familiares que hubiesen convivido con ellos durante 10 años tendrían derecho a permanecer en su casa.

Ese período obligado se reducirá ahora a cinco años, relajando las regulaciones particulares para los emigrantes dictadas por el Gobierno en los años noventa, con el objetivo de evitar “subterfugios y actos fraudulentos” en el destino de sus bienes.

A inicios de la década del 2000 y de manera excepcional, Cuba vendió a extranjeros residencias construidas en La Habana por una inmobiliaria hispano-cubana, pero luego decidió “congelar” esa modalidad.

Para muchos cubanos la idea de que se construyan casas para extranjeros en barrios residenciales es poco menos que “insultante”, cuando el problema de la vivienda es uno de los más cruciales del país, junto al del transporte y la alimentación.

Con 11.2 millones de habitantes, Cuba tenía hasta el 2010 un déficit reconocido de unas 600,000 casas, inflado en parte por los destrozos que causaron tres devastadores huracanes en el 2008.

Según datos oficiales, más del 50 por ciento de las construcciones en la isla se encuentran en mal estado y unos 8.5 de cada 10 edificios necesita reparaciones, a lo que se suman incumplimientos en los planes estatales de construcción.

El Gobierno de Raúl Castro decidió en el 2010 abrir la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales.