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La Unión civico-militar y la politización y poder de las fuerzas Armadas bolivarianas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 08 de Junio de 2014 12:02

Por Sonia Alda.-

Desde el inicio de las protestas antigubernamentales, iniciadas en febrero de este año, es recurrente la mención a las fuerzas armadas bolivarianas, a su protagonismo en el régimen político venezolano y a su poder. Ahora que las negociaciones entre el gobierno y la oposición se encuentran estancadas y que se ven abocadas al fracaso, a buen seguro de nuevo todas las miradas se centraran en los militares venezolanos.

Tampoco deja de mencionarse su politización. No hace mucho Teodoro Petkoff, político y periodista que, desde la izquierda, lleva años denunciando el régimen chavista, contemplaba esta cuestión escandalizado, y mas escándalo le provocaba aún las manifestaciones públicas de la institución armada sobre la adhesión y el apoyo incondicional al régimen político. No le faltaba tampoco razón al denunciarlo como anticonstitucional, pero no menciona en su artículo que también es constitucional la alianza cívico-militar.

Lo cierto es que es habitual la reiterada denuncia, casi de manera mecánica, de dicha politización, pero no lo es analizar por qué tiene lugar, cuál es su fundamentación y sobre qué se sostiene y justifica el apoyo militar al régimen fundado por Hugo Chávez en 1999. Si bien, el examen de esta cuestión es importante para considerar la solidez del apoyo militar al régimen, también lo es para entender la justificación de la extraordinaria politización corporativa de las fuerzas armadas venezolanas.

La clave se encuentra en la llamada unión cívico-militar, una alianza forjada entre las FAS y el pueblo para forjar y defender la llamada revolución socialista. La Constitución de 1999 ya introduce el concepto de corresponsabilidad civil-militar para garantizar la seguridad de la Nación. A partir de esta concepción se desarrolla el pensamiento militar bolivariano cuya base, para bloquear a sus enemigos imperialistas, es la unión cívico-militar. En esta unión, las FAS son el medio de combatir el imperialismo y la oligarquía. De manera que la tradicional relación de enemistad se convierte en colaboración para desarrollar una sociedad “verdaderamente democrática” en el ámbito político, social y económico.

La unión cívico-militar se basa en una relación de reciprocidad, mediante la cual la ciudadanía se implica en la Defensa y las FAS en el desarrollo del país, para la realización de dicha revolución. Así la corporación militar en el cumplimiento de sus obligaciones, contraídas en esa unión con el pueblo, además de la defensa exterior y de la seguridad interna, tienen asignada la participación en el desarrollo de la nación, como también expresa el mismo texto constitucional. De manera que como consecuencia con esta unión y de las misiones a partir de la misma asignadas a las FAS, éstas desbordan el ámbito meramente militar y se desenvuelven también en el civil.

La lucha antiimperialista y la revolución democrática son los elementos que justifican la unión cívico-militar, así como los roles que asumen el pueblo y el ejército. No obstante, la aportación realizada por uno y otro conduce inexorablemente a la militarización de la sociedad y a la politización de los militares. En efecto este proceso no puede trascurrir de otra manera, desde el momento en que las FAS se consideran “agentes de la revolución”. Su labor a través de su participación en el desarrollo nacional se entiende como una forma de llevar a cabo esta revolución democrática pese a los obstáculos y a la oposición existente.

En definitiva su acción está directamente implicada en la realización de un proyecto político, en el que las FAS son una pieza angular. Desde ese momento podría decirse que su politización es inevitable, pública, no disimulada y coherente con el planteamiento desarrollado. De ahí la definición de éstas como “socialistas”.

Esta politización y el sometimiento de las Fuerzas Armadas a la voluntad presidencial, al margen del parlamento y de cualquier otro mecanismo de control, ha significado un retroceso en las relaciones cívico-militares. Si bien esta dominación personal no ha sido gratuita. Para lograrlo se llevó a cabo una sistemática depuración de los opositores y la promoción de sus seguidores, en el interior de la institución, sin olvidar la sustancial mejora en su nivel de vida. Sin olvidar el protagonismo y la presencia social adquirida por los militares a través de las numerosas misiones asignadas como consecuencia de la unión cívico-militar.

En definitiva la alianza pueblo-fuerzas armadas va más allá de la cooptación personal de miembros de la cúpula militar, ya que de acuerdo al papel proporcionado a éstas últimas justifica la politización de toda la institución. Esto a priori y sin considerar la capacidad de liderazgo de Nicolás Maduro, entre otros factores, hace pensar, en principio, en la permanencia del apoyo militar a un régimen que, aunque cada vez está más cuestionado, les sigue proporcionando, gracias a la alianza cívico-militar, preeminencia, influencia y poder.

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El caso Venezuela en la OEA y los pasos de Insulza PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 06 de Junio de 2014 08:45

Por Maria Teresa Romero.-

El caso venezolano terminó siendo prioritario durante el 44º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado del martes 3 al jueves 5 de junio en la ciudad paraguaya de Asunción. Incluso, resultó más importante que el tema central de esta cita el de “Desarrollo con inclusión social”.

Fue el propio secretario general del organismo, José Miguel Insulza, quien lo puso en el tapete cuando en un foro con organizaciones no gubernamentales realizado justo antes de la Asamblea se confesó “preocupado” por la situación en Venezuela, por su “enorme división y polarización”, así como por la falta de progreso en el diálogo entre gobierno y oposición.

El exministro chileno fue más allá y en la ceremonia de apertura de la Asamblea, una de las que ha contado con mayor asistencia de cancilleres, observadores e invitados especiales, expresó que la salida a ese estancamiento del diálogo supone que ambas partes se escuchen, dejen de lado los perjuicios y hagan concesiones; al tiempo que destacaba –tal vez adelantándose a cualquier crítica venezolana al interpretar sus palabras como una presión al gobierno- la necesidad de respetar la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de ese país.

Claramente expresó que “la solución debe encontrarse sin presiones ni sanciones”, haciendo así referencia a las posibles sanciones que podría tomar el gobierno estadounidense de Barack Obama contra funcionarios del gobierno venezolanoincursos en delitos de corrupción y en violaciones a los derechos humanos de venezolanos, basándose en una iniciativa legislativa conjunta de los partidos Demócrata y Republicano de su país. Esta última aseveración seguramente fue lanzada antes que lo hicieran los países del sur del continente, quienes han avalado y seguido la prédica venezolana que tilda a las posibles sanciones individuales de EE.UU de intervencionistas en los asuntos internos del país.

De hecho, la más reciente reunión ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la isla de Galapagos, Ecuador, finalizó con una declaración que condena las sanciones a funcionarios chavistas-maduristas porque “vulneran el principio de no intervención en asuntos de otros Estados y afectan al proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana”. Aun cuando con ello se incurró en una aberración jurídica porque cualquier país, en ejercicio de su propia soberanía, es libre de legislar internamente sobre cualquier materia nacional e internacional. Nos gusten o no, sean beneficiosas o no al interés venezolano o al de la actual política de apaciguamiento que los gobiernos de la región mantienen hacia el régimen castro-chavista, en el caso de llevarse a la práctica esas sanciones no constituirían una violación al principio de no intervención, sino acciones unilaterales de la política exterior soberana e independiente de los EE.UU hacia Venezuela.

Precisamente, para seguir acusando al gobierno de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Venezuela y asegurar que esa amenaza de sanciones es “un obstáculo” para su desarrollo, tras su asistencia a Galapagos, el canciller venezolano Elías Jaua emprendió una gira por Argelia, Rusia, Bolivia y Portugal en modo de ofensiva diplomática, la cual también llevó a la Asamblea de la OEA.

Pero en su discurso, Insulza – quien hoy culminará su última Asamblea General de la como secretario general de la OEA ya que en unos meses finaliza su gestión en el organismo-, también aprovechó para defender el rol de la OEA como foro político de las Américas, como el más institucionalizado y pertinente para ayudar en crisis y conflictos regionales. Y ello fue un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro quien, como su mentor Hugo Chávez, siempre ha criticado al organismo y en marzo pasado se negó rotundamente no sólo a una reunión extraordinaria que evaluara la crisis venezolana, sino al envío de una misión de observación al país. Por el contrario, solicitó la ayuda de la UNASUR para “acompañar” el diálogo, hoy congelado, entre el gobierno y la oposición venezolana.

Para algunos observadores, esta defensa de Insulza de la OEA se debe a su interés de que, tras el fracaso de UNASUR, “el caso Venezuela” retorne a la OEA. El chileno no quiere que llegue el 26 de mayo de 2015, el último día en su oficina de Washington, DC, después de una década en el cargo como secretario general, sin que la OEA no haya hecho nada con respecto a Venezuela. Por su inacción, que él niega, ha sido muy cuestionado. No quiere salir del organismo con esa cuenta pendiente.

¿Es esto cierto? Difícil saberlo. Pero lo que sí es cierto es que de no avanzar el diálogo en nuestro país y recrudecer aún más la grave situación venezolana, la OEA tendrá que tomar cartas en el asunto le guste o no. Es la organización hemisférica que está mejor equipada jurídicamente para hacerlo, empezando por la Carta Democrática Interamericana. Los gobiernos de EE.UU, Canadá y otros países ya están presionando para que sea el bloque multilateral el primero que se mueva en caso de que nuestro país caiga al precipicio de la anarquía generalizada.

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El congelamiento del diálogo en Venezuela: una decisión atinada PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Sábado, 24 de Mayo de 2014 00:53

Por Maria Teresa Romero.-

Muy acertada la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de congelar el diálogo emprendido hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro y bajo el acompañamiento del representante de El Vaticano, el nuncio apostólico Aldo Giordano, y de los cancilleres de  Brasil, Colombia y Ecuador.

(Infolatam).- Como bien apuntó el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, la oposición no puede continuar dialogando cuando es público y notorio que el gobierno madurista no quiere llegar a acuerdos concretos ni  ha accedido a ninguna de las peticiones del grupo opositor.

El gobierno había prometido sentarse a dialogar con los estudiantes y los sindicatos, evaluar “caso por caso” los expedientes de los presos, procesados y exiliados por razones políticas, y diferir el  debate  en el Parlamento del proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, pero no lo ha hecho. Por el contrario, lo que ha recibido hasta ahora la MUD del régimen,  son agravios y desaires.

Para muchos de  los líderes políticos que cuestionaron la decisión de la mayoría de los integrantes de la Mesa de la Unidad  de ir al diálogo sin condiciones previas –en particular María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma-, esta decisión  era de esperarse, incluso ha debido tomarse antes,  ya que  la radicalización gubernamental hacía prever desde el inicio del proceso de diálogo que no se lo tomaría en serio; que con el mismo el gobierno sólo quería ganar tiempo y hacer creer nacional e internacionalmente que aún tiene un talante democrático y que quiere la paz en el país.

Pueden que tengan razón pero también es cierto que el haber iniciado un diálogo sin condiciones y bajo el modo escogido por el gobierno  (que fuera  sin la mediación de la OEA, sino con “el acompañamiento” de países de la UNASUR), le da ahora a la MUD más fuerza y autoridad  para presionar públicamente al madurismo y dejarlo al desnudo, que es precisamente lo que está logrando.

Esta decisión opositora, que no llega al rompimiento total del diálogo y que deja abierta la puerta a continuarlo si el gobierno cumple con hechos precisos, además neutraliza los numerosos intentos del régimen de imputarle a la MUD de ser  la responsable de patear la mesa de negociación. Con tino, los opositores han afirmado que  para reactivar las conversaciones, el gobierno deben dar las siguientes demostraciones concretas de su compromiso con el diálogo:  la medida humanitaria que libere al comisario Iván Simonovis, el sobreseimiento de las causas contra los numerosos manifestantes detenidos masivamente, el diferimiento de la discusión parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, y la conformación de una Comisión de la Verdad confiable para todos.

Puede que con esta acción la MUD no logre convencer a la mayoría del sector opositor venezolano que se opone rotundamente al diálogo sobre los beneficios políticos del mismo a mediano y largo plazo, como los que ya se están observando. Seguramente la decisión tampoco cambiará de plano el rechazo opositor que hoy vive la MUD por sentarse con el gobierno y haber tomado otras acciones políticas impopulares. Sin embargo,  le ayuda  a mejorar su imagen ante una sociedad que quiere salir de inmediato de un régimen que además de hacerla vivir cada vez peor, encarcela y tortura salvajemente a los jóvenes y otros sectores que luchan pacífica y democráticamente  por un cambio gubernamental.

Ahora bien,  lo más importante de la decisión de congelar el diálogo es que pone en jaque, en primer lugar,  al gobierno  que ahora se encuentra en la tesitura de cambiar o no la actitud que hasta ahora ha mantenido en la mesa y, en consecuencia, otorgar las concesiones formuladas por la MUD.

Y en segundo lugar,  también coloca en una situación comprometida, de acción inmediata, tanto a  los gobiernos de UNASUR que acompañan el diálogo .que deberán exigir al gobierno de Venezuela el cumplimiento de los acuerdos y tomar un rol de verdaderos mediadores o simplemente retirarse de su función- como  a los gobiernos democráticos que han manifestado su decepción con la actuación autoritaria, represiva y de permanente violación de los derechos humanos de los venezolanos pero que a la hora de la verdad no hacen nada efectivo por protegerlos.

En este sentido, el caso del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama es uno de los más significativos. Este gobierno no ha querido tomar sanciones económicas ni de otro tipo contra funcionarios del gobierno madurista implicados en abusos y violaciones a los DD.HH como le solicitan legisladores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, con la excusa de que ello podría perjudicar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, como tan desacertadamente lo expuso recientemente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, la subsecretaria para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson.

Ahora con el congelamiento del diálogo la administración Obama se encuentra comprometida a hacer algo más de lo realizado hasta ahora y si aquél se cierra  definitivamente, cosa que es posible ante la terquedad de la (i) lógica radical del presidente Maduro y su equipo, entonces tendrá que sancionar a los funcionarios  régimen autocrático y meterse de lleno en la problemática del caso venezolano con la misma atención con que lo hace con los casos de Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y Siria.

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Siete razones para oponerse a la reelección presidencial PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 25 de Abril de 2014 15:06

Por Carlos Alberto Montaner.-

Los Castro llevan décadas reeligiéndose con un obsceno 98% de apoyo, lo que solo demuestra la enorme violencia que se ejerce contra esa indefensa población. Rafael Correa casi seguramente intente reelegirse como presidente de Ecuador. Sostiene la supersticiosa fantasía de que es imprescindible. Es uno de los síntomas del narcisismo. Mientras más tiempo pase en Carondelet más sufrirá su imagen. Es inevitable. Ésa es una mala idea.

Pero peor fue la de Daniel Ortega en Nicaragua, quien manipuló la Constitución y el Parlamento hasta hacer posible la reelección perpetua. Seguramente imitaba al venezolano Hugo Chávez, quien en 1998 juraba que solo ocuparía el poder durante un periodo, pero cambió la reglas y se casó con Miraflores hasta que la muerte lo alejó de la poltrona, 14 años más tarde.

La reelección trae más inconvenientes que ventajas, aunque la ejerzan buenos gobernantes como el brasilero Fernando Henrique Cardoso o el costarricense Oscar Arias, dos políticos democráticos que también modificaron las normas. El primero para mantenerse en el poder y el segundo para regresar a la casa de gobierno.

La reelección ni siquiera es aconsejable en periodos alternos, como hoy sucede con Michelle Bachelet y ocurrió en el pasado con Alan García, pese a su segunda magnífica presidencia. Tampoco es útil en Estados Unidos, con sus dos gobiernos consecutivos. No tiene mucho sentido mandar pensando y actuando en función de las próximas elecciones.

Hay varias razones para desaconsejar esa práctica en los sistemas presidencialistas. Se me ocurren, al menos, siete importantes:

1. Obstruye el reemplazo generacional, la competencia entre líderes y la circulación de las élites.

2. Refuerza el caudillismo en detrimento de las instituciones.

3. Cuando se prolonga el mandato, el caudillo se va rodeando de cortesanos que lo halagan y confunden en busca de privilegios.

4. Fomenta un tipo de nociva relación mercantilista entre el poder económico y el político. Se retroalimentan mutuamente. Facilita la corrupción.

5. Los errores tienden a reiterarse por el conocido Einstellung Effect. No solemos hacer las cosas porque estén bien o mal, sino porque primero las hicimos de determinada manera y el cerebro es una máquina que aprende y repite los comportamientos.

6. Los viejos gobiernos se quedan sin ideas, se van fosilizando, se resisten a las reformas y segregan burocracias calcificadas, cada vez más incompetentes.

7. La no reelección refuerza la noción de que lo conveniente es seguir planes de gobierno a largo plazo, pensando en el país y no en periodos cortos. Se llega al poder a medio camino y se entrega a medio camino porque es un viaje que no puede o debe llegar a ninguna parte. Es una obra continua en la que el presidente es solo un factor transitorio limitado por la ley.

Si no hay reelección, ¿cuál es el periodo ideal? A mi juicio, la fórmula mexicana es la más indicada. Seis años y adiós muy buenas. Se podrá argumentar que el PRI, que gobernó 70 años con más pena que gloria, no es el mejor ejemplo, pues sustituyó al caudillo por el partido, reiterando casi todos los defectos señalados, pero probablemente hubiera sido peor un gobernante que diez, como sucedió durante los 35 años que previamente mandó Porfirio Díaz. Por eso en 1910 Francisco Madero inició la Revolución enarbolando una sabia consigna: "Sufragio efectivo y no reelección".

En todo caso, hay un vínculo muy estrecho entre los valores que existen en la sociedad y el resultado de la obra de gobierno. Los políticos no surgen en el vacío. Son parte de la misma tribu de donde salen los ingenieros, los curas, los soldados o los vendedores de corbatas. No son peores. Si los países escandinavos son los mejor gobernados del planeta, no es por las cuestiones formales sino por las virtudes que prevalecen en esas sociedades.

Tal vez el complemento ideal para esos gobiernos presidencialistas de un solo periodo, es la recuperación de una institución jurídica excelente, proveniente de la tradición romana: el Juicio de Residencia. De manera automática, sin que mediara acusación formal, todo gobernante saliente debía someterse a una gran auditoría pública de la que podían derivarse consecuencias penales. Si había mandado bien, se le honraba. Si había violado la ley, se le castigaba.

Tras pasar por el Juicio de Residencia muy pocos querían volver al poder. Incluso los buenos. Estupendo.

 
La oposición arrasa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Tomado de INFOBAE   
Lunes, 14 de Abril de 2014 18:38

Por Carlos Alberto Montaner.-

A Nicolás Maduro le salió muy mal la primera ronda de conversaciones en el palacio de Miraflores. No sólo de consignas vive el hombre. Él, su gobierno, y media Venezuela, por primera vez debieron (o pudieron) escuchar en silencio las quejas y recriminaciones de una oposición que representa, cuando menos, a la mitad del país.

El revolucionario es una criatura voraz y extraña que se alimenta de palabras huecas. Era muy fácil declamar el discurso ideológico socialista con voz engolada y la mirada perdida en el espacio, tal vez en busca de pajaritos parlantes o de rostros milagrosos que aparecen en los muros, mientras se acusa a las víctimas de ser fascistas, burgueses, o cualquier imbecilidad que le pase por la cabeza al gobernante.

El oficialismo habló de la revolución en abstracto. La oposición habló de la vida cotidiana. Para los espectadores no dogmáticos el resultado fue obvio: la oposición arrasó.

Es imposible defenderse de la falta de leche, de la evidencia de que ese pésimo gobierno ha destruido el aparato productivo, de la inflación, de la huida en masa de los venezolanos más laboriosos, de las pruebas de la corrupción más escandalosa que ha sufrido el país, del saqueo perpetrado diariamente por la menesterosa metrópoli cubana, del hecho terrible que el año pasado fueron asesinados impunemente 25 000 venezolanos por una delincuencia que aumenta todos los días.

¿Por qué Maduro creó esa guarimba antigubernamental en Miraflores? ¿Por qué pagó el precio de dañar inmensamente la imagen del chavismo y mostrar su propia debilidad dándole tribuna a la oposición?

Tenía dos objetivos claros y no los logró. El primero era tratar de calmar las protestas y sacar a los jóvenes de las calles. El “Movimiento Estudiantil” –la institución más respetada del país, de acuerdo con la encuesta de Alfredo Keller—había logrado paralizar a Venezuela y mostrar las imágenes de un régimen opresivo patrullado por paramilitares y Guardias Nacionales que se comportaban con la crueldad de los ejércitos de ocupación y ya habían provocado 40 asesinatos.

El segundo objetivo era reparar su imagen y la del régimen. Las encuestas lo demostraban: están en caída libre. Ya Maduro va detrás de la oposición por unos 18 puntos. Lo culpan (incluso su propia gente) de haber hundido el proyecto chavista y de ser responsable del desabastecimiento y de la violencia. Casi nadie se cree el cuento de que se trata de una conspiración de los comerciantes y de Estados Unidos. La inmensa mayoría del país (81%) respalda la existencia de empresas privadas. Dos de cada tres venezolanos tienen la peor opinión del gobierno cubano.

Ese fenómeno posee un alto costo político internacional. Ciento noventa y ocho parlamentarios sudamericanos de diversos países, encabezados por la diputada argentina Cornelia Schmidt, se personaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya para acusar a Maduro de genocidio, torturas y asesinatos.  Eso es muy serio. Puede acabar enrejado, como Milosevic.

Ser chavista sale muy caro. Lo comprobó el candidato costarricense José María Villalta. Esa (justa) acusación lo pulverizó en las urnas. En una encuesta realizada por Ipsos en Perú se confirmó que el 94% del país rechaza a Maduro y al chavismo. Eso lo sabe Ollanta Humala, quien hoy pone una distancia prudente con Caracas. Ni siquiera al popular Lula da Silva le convienen esas amistades peligrosas. Sólo Rafael Correa, quien padece una notable confusión de valores y no entiende lo que son la libertad y la democracia (en Miami se empeñó en defender a la dictadura de los Castro), insiste en su inquebrantable amistad con Maduro.

La oposición, como dijo Julio Borges, va a seguir en las calles y, por supuesto, continuará dialogando con el régimen. ¿Hasta cuando? Hasta que suelten a los presos políticos, incluidos los alcaldes opositores, restituyan sus derechos a María Corina Machado y Leopoldo López. Hasta que el régimen renuncie al tutelaje vergonzoso e incosteable de La Habana, configure un Consejo Nacional Electoral neutral y le devuelva la independencia al Poder Judicial. Hasta que el gobierno desista de la deriva comunista y admita que los venezolanos no quieren “navegar hacia el mar cubano de la felicidad”. En definitiva, hasta que celebren unas elecciones limpias, con observadores imparciales y se confirme lo que realmente quiere el pueblo: que se vayan Maduro y sus cómplices. 

 
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