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Artigos: Latinoamérica Fidelochavista
Venezuela: la Tormenta Perfecta PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Martes, 23 de Diciembre de 2014 11:18

Por Román Ortiz.-

A estas alturas, es un secreto a voces en todas las cancillerías latinoamericanas que el régimen chavista en Venezuela se dirige hacia un irremediable colapso que arrastrará al presidente Nicolas Maduro. De hecho, la caída del barril de petróleo venezolano por debajo de los 55 dólares ha asestado un golpe mortal a las decrepitas finanzas del Estado bolivariano. La esperanza en muchas capitales de dentro y fuera de la región es que este sea un “default” similar a otros sufridos por gobiernos latinoamericanos de todos los colores. Al fin y al cabo, en las pasadas décadas, las bancarrotas de Perú, Brasil y Argentina “solo” se tradujeron en un empobrecimiento generalizado de los sectores populares – otros hicieron fabulosos negocios – una espiral de protestas sociales y un cambio de gobierno más o menos traumático.

Sin embargo, en los casos anteriores, los cimientos de las instituciones sobrevivieron y el fantasma de un desmoronamiento generalizado del Estado pudo ser conjurado. El problema es que la muerte del chavismo promete ser tan excepcional como ha sido la trayectoria del régimen que ha hundido Venezuela en el subdesarrollo político, económico y social. De hecho, la agonía del gobierno bolivariano combina tres factores que prometen generar una tormenta político-estratégica perfecta. Por un lado, una debacle económica que ha dejado el tejido productivo en un estado de postración como solo 45 años de estalinismo lo hicieron en Europa Central y Oriental. Por otra parte, una devastación institucional que solo se puede comparar a la creada por el personalismo y la arbitrariedad de dictaduras como las de Muamar Gadafi en Libia y Bashar al Assad en Siria. Finalmente, una fractura del aparato de seguridad estatal que recuerda en alguna medida al escenario previo a la guerra civil yugoslava, cuando ejército federal, guardias territoriales y formaciones de policía se alistaban para lanzarse unas contra otras.

La inevitable bancarrota económica.

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Venezuela cerró el año con un tipo de cambio de 175 bolívares por dólar en el mercado negro

Por lo que se refiere al colapso económico, las cifras no dejan lugar a la discusión. Venezuela cerró el año con un tipo de cambio de 175 bolívares por dólar en el mercado negro – la tasa oficial mantiene la fantasía de 6,3 por cada billete verde– una inflación que algunos analistas estiman por encima del 100% y un desabastecimiento de alimentos de primera necesidad que la consultora Datanalisis situaba en el 70% en las redes de distribución oficiales. Todo ello se hace visible mientras estimaciones independientes –el gobierno ya no proporciona estadísticas – calculan que el déficit público está en torno al 17% y la economía se ha contraído en un 3% en 2014. hace ya tiempo que los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia no se otorgan por méritos sino por fidelidad al proyecto bolivariano Así las cosas, no debería sorprender que la calificadora de riesgo Fitch haya reducido el valor de los bonos venezolanos a la categoría de CCC lo que en lenguaje financiero significa una notable probabilidad de suspensión de pagos.

Pero más allá del negro panorama de las cifras financieras, la economía venezolana se enfrenta a la quiebra generalizada de su tejido productivo. De hecho, el chavismo ha demostrado una capacidad para destruir la estructura económica que en poco envidiaría a la de los comunistas chinos durante los años 50 y 60. La infraestructura del país se encuentra en bancarrota después de 15 años de abandono. Los cortes de luz son rutina y hay zonas de Caracas que cuentan con suministro de agua solamente media hora al día. Entretanto, los sectores productivos están en ruinas.

La agricultura se ha desmoronado como resultado de la reforma agraria impulsada por el difunto presidente Chávez que barrio los derechos de propiedad sobre la tierra, destruyó el empresariado rural y multiplicó unos esquemas de producción cooperativa completamente inviables. Al mismo tiempo, la industria privada ha cesado de existir por el efecto combinado de un aluvión de medidas que anularon su rentabilidad – desde la prohibición de despedir empleados hasta los controles de precios– y una oleada de confiscaciones arbitrarias. El resultado es que la tradicional petro-dependencia venezolana ha alcanzado niveles exorbitantes. Según el Banco Central de Venezuela, la proporción entre exportaciones petroleras y no petroleras pasó de 69%- 31% en 1998 a 96% – 4% en 2012. El problema es que la economía del petróleo, la única existente, tampoco va bien. En el periodo 1998-2013, Caracas paso de producir 3,4 millones de barriles diarios a apenas 2,5.

La destrucción de las instituciones

Paralelamente al desmoronamiento económico, las instituciones de la democracia venezolana han dejado de existir para convertirse en instrumentos al servicio de un proyecto ideológico o sencillamente oportunidades de enriquecimiento para redes criminales que han conseguido capturarlas. Primero Chávez y luego Maduro han utilizado cada resorte del Estado para forzar a los ciudadanos a apoyar al régimen, premiar a sus simpatizantes y castigar a los disidentes. La adhesión a la revolución ha garantizado acceso a los programas sociales bautizados como “misiones”, empleo público y “regalos” del gobierno, desde computadores hasta carros.

Antonio Canova y Luis Alfonso Herrera consideran que el deterioro del sistema judicial se ha profundizado desde el ascenso del chavismo al poder | Foto William Dumont

Antonio Canova y Luis Alfonso Herrera consideran que el deterioro del sistema judicial se ha profundizado desde el ascenso del chavismo al poder | Foto William Dumont

Entretanto, los opositores han sido marginados de cualquier ayuda pública y han visto como sus oportunidades económicas y sociales se reducían a medida que el chavismo adquiría un control absoluto de los órganos de gobierno. Dentro de este esquema, la conquista de la Justicia ha resultado clave para dejar al ciudadano indefenso. Sin ninguna contemplación, el ejecutivo ha recurrido a presionar o comprar a los jueces para obtener las sentencias que eran de su agrado. En su libro “El TSJ al servicio de la revolución”, los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol han demostrado que la Corte Suprema venezolana no ha dictado ni una sola sentencia en contra del Estado entre las 45.474 emitidas en el periodo 2004-2013. Así las cosas, a nadie debería extrañar el encarcelamiento ilegal del líder opositor Leopoldo López.

En este contexto, cuando la oposición ha conservado una presencia significativa en ciertas instituciones, el régimen ha optado por destruirlas. Un buen ejemplo de este comportamiento ha sido la estrategia frente a los gobiernos estatales y municipales en manos de la oposición. El chavismo ha empleado una amplia gama de tácticas para hostigar a estas entidades, incluyendo retener sus presupuestos, perseguir judicialmente a sus líderes y restringir sus competencias en áreas como la seguridad pública. Pero además, ante la imposibilidad de someterlos completamente, ha preferido reemplazarlos progresivamente por estructuras de nuevo cuño que fusionan partido revolucionario y administración local: los consejos comunales. De hecho, estos organismos se han convertido en canales a través de los cuales el Estado distribuye buena parte de sus programas sociales. El problema es que los consejos no solamente son caóticos sino que además excluyen a todos los no chavistas.

Al mismo tiempo, una combinación de afanes ideológicos y desprecio por el conocimiento técnico ha conducido al Estado a una hipertrofia normativa que ha traído consigo parálisis, caos y corrupción. Si exceptuamos los experimentos socialistas de Cuba y Nicaragua, ningún gobierno latinoamericano como el venezolano ha intentado regular cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, desde el margen de beneficio de las empresas hasta la educación en las escuelas. La paradoja es que esta obsesión por el control ha venido acompañada por una inmensa incompetencia. Todo se regula y nada funciona. Si se cumplen las normas, las actividades más sencillas se hacen imposibles. En consecuencia, la única opción para sobrevivir –desde mantener una empresa a flote hasta conseguir una caja de leche – es saltarse las reglas. El resultado ha sido una enorme expansión de la informalidad y la corrupción. El gobierno legisla, los ciudadanos sufren y unos pocos se enriquecen cobrando por las puertas traseras que agilizan trámites absurdos o facilitan medicinas imprescindibles. El Estado se ha convertido en un laberinto lleno de trampas y cualquier tiene que pagar para que lo guíen a la salida o arriesgarse a quedar atrapado.

La fragmentación del aparato de seguridad

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia no se otorgan por méritos sino por fidelidad al proyecto bolivariano

La tercera variable que crea las condiciones para la “tormenta perfecta” venezolana es una quiebra del monopolio del gobierno sobre el uso de la fuerza. La República Bolivariana ha visto una expansión sorprendente de los órganos de coerción del Estado. Tradicionalmente, la estructura del aparato de seguridad venezolano había resultado considerablemente enmarañada debido a la existencia de un modelo militar que incluía cuatro fuerzas – Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional – al que se añadían la Dirección Nacional de los Servicios de inteligencia y Prevención (DISIP), el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) y un entramado de fuerzas policiales de rango estatal y local.

Sobre esta base, quince años de chavismo han dado pasos decisivos para hacer el sistema completamente ingobernable. De hecho, el régimen ha creado otros dos organizaciones adicionales. Por un lado, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana que asumió la responsabilidad de mantener el orden a nivel nacional. Por otra parte, las Milicias Bolivarianas que se han convertido en una fuerza paralela al Ejército regular y teóricamente están llamadas a cumplir misiones tanto de seguridad interna como defensa exterior. A ello, se suma que el gobierno ha formateado ideológicamente dos de las instituciones de seguridad ya existentes: la DISIP ha pasado a llamarse Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el CTPJ que se ha transmutado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En otras palabras, el modelo de seguridad bolivariano incluye 8 estructuras militares y policiales de alcance nacional a las que se suman las policías de estados y municipios.

Semejante laberinto organizativo se ha hecho cada vez más disfuncional como consecuencia de tres enfermedades. Por un lado, la politización de todo el sistema ha acabado con cualquier vestigio de profesionalismo y convertido a todos los organismos militares y policiales en una prolongación del partido de la revolución. De hecho, hace ya tiempo que los ascensos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia no se otorgan por méritos sino por fidelidad al proyecto bolivariano y, sobre todo, al jefe de turno. El problema es que como la revolución incluye líderes y líneas políticas dispares así también los organismos de seguridad han quedado subordinados a facciones ideológicas contrapuestas.

Por otra parte, la corrupción ha disuelto las cadenas de mando policial y militar. Muchas unidades militares y policiales han dejado de seguir órdenes para moverse exclusivamente por el afán de lucro, buscando cada oportunidad para recibir sobornos o involucrarse en actividades ilegales como el narcotráfico o el secuestro. Finalmente, las rivalidades entre los organismos de seguridad y defensa se han desbordado. Ciertamente, la hostilidad entre la Guardia Nacional y el Ejército o entre este y las Milicias Bolivarianas son de larga data. Pero es que además, la corrupción ha hecho los enfrentamientos más agudos y temibles. De hecho, la competencia por el control de las rentas criminales ha llegado a ser motivo de violencia entre miembros corrompidos de las distintas fuerzas de seguridad que no han dudado en echar mano de sus armas para asegurarse su parte del negocio frente a la avaricia de sus camaradas.

Bajo estas circunstancias, paradoja de las paradojas, el Socialismo del Siglo XXI ha creado las condiciones para la privatización de la seguridad. La inefectividad y la corrupción han desembocado en una espiral de criminalidad y violencia en las ciudades y los campos de Venezuela. Como consecuencia, han proliferado los “empresarios” de la seguridad disfrazados con distintos ropajes que imponen un nuevo orden sobre los ciudadanos a través de una combinación de coerción y poder económico. En muchos casos, se trata de estructuras político-criminales que conviven y colaboran con el régimen.

El mejor ejemplo son los llamados “colectivos”, grupos radicales que controlan barrios como el 23 de Enero de Caracas donde se lucran con todo tipo de negocios ilegales, mantienen el monopolio de la fuerza y administran una variedad de programas sociales. Estos grupos –desde “Los Tupamaros” hasta “La Piedrita” – forman parte de las estructuras de protección del régimen y han jugado un papel clave en la represión de las marchas estudiantiles de 2014; pero al mismo tiempo han protagonizado enfrentamientos con la policía por el control de los sectores urbanos donde hacen presencia. En realidad, en un buen número de distritos periféricos de las ciudades, grupos como ellos son la única forma de gobierno disponible.

Hacia un estallido de violencia

CARACAS (VENEZUELA), 12/05/2014.- EFE/Miguel Gutiérrez

… Todo un record en un país donde manifestarse en contra del gobierno puede tener consecuencias nefastas para los ciudadanos.

Así las cosas, la secuencia del estallido venezolano se puede trazar con alguna precisión. La presente hecatombe económica está pauperizando a una gran parte de la población. En consecuencia, resulta inevitable que se produzca un incremento de la conflictividad social y política cuyo resultado será un aumento de las presiones para forzar la salida del gobierno de Nicolas Maduro y, en general, el final del régimen. De hecho, una encuesta de Datanalisis publicada el pasado octubre ya revelaba un aumento del rechazo popular hacia el presidente venezolano que se situaba en torno al 67,5% de los encuestados. Todo un record en un país donde manifestarse en contra del gobierno puede tener consecuencias nefastas para los ciudadanos.

En un entorno institucional normal, estas tensiones políticas serían tramitadas a través de las instituciones con miras a avanzar hacia un relevo político ordenado. Pero al menos dos factores hacen imposible una transición sin sobresaltos. Por un lado, la dirigencia chavista sabe que no puede abandonar el poder sin exponerse a ser perseguida dentro y fuera del país por una lista de crímenes que van desde corrupción a violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, las instituciones que deberían tramitar el cambio político – el Congreso, la Justicia, etc. – han sido convertidas en instrumentos de manipulación y represión por parte del oficialismo.

Como consecuencia, el gobierno responderá con dosis crecientes de represión a las protestas de una población que hace tiempo vio confiscados sus derechos civiles y ahora sencillamente no encuentra los bienes esenciales –comida, energía, etc. – que demanda su supervivencia. En cualquier caso, los límites de esta espiral represiva están marcados por las debilidades del aparato de seguridad chavista. A diferencia de casos como el régimen castrista, las Fuerzas Armadas y la Policía del régimen bolivariano están fracturadas por el faccionalismo político, la corrupción y los intereses regionales.

Bajo estas circunstancias, es muy dudoso que el llamamiento del ejecutivo a defender la revolución sea respondido de forma unida por militares y policías contaminados por el narcotráfico o “colectivos armados” que ven la crisis como una oportunidad para imponer el “verdadero socialismo”. Por el contrario, el estallido de ira popular podría ser el pistoletazo de salida para que distintas facciones del régimen, todas ellas armadas, se lancen unas contra otras en una disputa por los despojos del Estado. Resulta difícil aventurar si esta confrontación terminará en dictadura o caos; pero es seguro que traerá consigo violencia en una escala que la sociedad venezolana no contempla desde el “Caracazo” de 1989.

Una mirada a Venezuela casi inevitablemente trae a la memoria la conocida frase del líder girondino francés, Pierre Vergniaud, “la revolución, como Saturno, devorará sucesivamente a todos sus hijos y finalmente llevará al despotismo con todas las calamidades que siempre acompañan a este”. Pero como en otros experimentos de ingeniería social fracasados, la tragedia va más allá del naufragio de un puñado de intelectuales radicales y unos pocos aventuraros políticos. El verdadero drama reside en el destino de millones de ciudadanos comunes arrastrados al abismo por el fanatismo de algunos, la falta de escrúpulos de bastantes y la ignorancia de muchos. Las consecuencias del desastre prometen perdurar por mucho tiempo, a disposición de cualquiera que tenga la honestidad política para contemplarlas y extraer las imprescindibles lecciones.

INFOLATAM

 
Venezuela y Cuba. Gobiernos y Oposición PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 30 de Noviembre de 2014 10:17

Por Pedro Corzo.-

Ccuando una fuerza política accede al poder y lo más difícil, logra conservarlo, es porque a pesar de las diferencias que puedan existir a su interior, hay factores que hacen posible que las partes en potencial disputas sean capaces de superar sus desavenencias  y mantener la cohesión para que el proyecto común siga prosperando.

Por el contrario las facciones que forman una oposición a un gobierno, enfrentan serios problemas con los elementos que pueden favorecer la unión.

Establecer alianzas viables en la oposición es mucho más complejo y los choques de personalidades más catastróficos. La ausencia de un moderador o una autoridad con capacidad de presionar a las partes en pugna, atenta con el cumplimiento de los compromisos acordados.

La facción política que controla el poder, aunque no sea monolítica, tiene mayor capacidad de respuesta ante cualquier coyuntura,  independientemente a que dispone del monopolio de la fuerza del estado que gobierna. Cuenta con más recursos para ejercer influencias sobre el sector que prefiere mantenerse distante de los conflictos.

Las situaciones expuestas se ejemplifican con lo que acontece en Cuba y Venezuela, tanto en sus respectivos gobiernos, como en lo concerniente  a las oposiciones que cada uno de esos regímenes enfrentan.

En Cuba muchos  insisten en que el gobierno está fracturado y que las contradicciones entre las partes en pugna quebraran la dictadura.

Otros consideran que la muerte de Fidel Castro hará posible los cambios que su hermano Raúl impulsa, como si en estos cincuenta y cinco años el menor de los Castros hubiera estado de vacaciones alejado del poder. Terceros, afirman que todo acabara con la muerte de los “moncadistas”, obviando que la nomenclatura ha estructurado un andamiaje que tiene como fin proteger los mutuos intereses.

Por su parte la oposición cubana, dentro de la isla o en el exterior,  aunque tienen el objetivo común de finiquitar con la dictadura,  no cuentan con un liderazgo capaz de interpretar eficientemente las diferencias de las partes elaborando un proyecto común que todos puedan hacer suyo.

La situación de la oposición cubana es todavía más precaria que la venezolana. El control de la información que existe en la isla, la falta de recursos económicos y hasta asuntos aparentemente triviales como las comunicaciones o el transporte, controlados por el estado, impiden la coordinación de actividades contrarias al régimen y hasta dificultan conocer la existencia de otras agrupaciones que estén prestas a confrontar la dictadura.

Por otra parte la oposición es severamente afectada por las continuas olas represivas que el régimen desencadena en su contra. Los decomisos de bienes necesarios para la acción política son frecuentes porque las propias leyes cubanas violentan los derechos de sus ciudadanos.

El gobierno de Venezuela parece ser menos monolítico que el cubano. Según analistas en el gobierno bolivariano hay serias fisuras que son todavía más pronunciadas entre los siervos de los dos caudillos principales, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Los que gobiernan en La Habana y Caracas consideran que ninguna oposición política es legítima y en consecuencia recurren  a cualquier extremo para eliminarla, desde la falsa denuncia de promover acciones violentas hasta afirmar que la oposición está asociada a factores extranjeros que solo buscan apoderarse de la nación.

En Venezuela la oposición cada día enfrenta más dificultades. Sus espacios para actuar se reducen, y aunque es difícil que en el país sudamericano se imponga un control social como el existente en Cuba, no hay dudas que quienes detentan el poder en uno u otro país, no van a ser concesiones y harán todo lo posible por perpetuarse en el poder.

La realidad es que la oposición de Cuba y Venezuela afrontan, aunque en diferentes grados, regímenes despóticos y tienen en consecuencia que instrumentar estrategias nuevas, quizás nunca experimentadas.

Un aspecto importante es el programático. Deben procurar propuestas comunes que sean compatibles con todos los sectores políticos, pero que presenten una solución a los problemas de la nación.

Otro punto importante tiene que ver con las tácticas de lucha a implementar, actividades a realizar y la relación o asociación con sectores no políticos de la sociedad. Una fuerza política no se puede aislar del contexto en el que opera, es fundamental mantener la sintonía con los intereses de cada grupo sin perder de vista las demandas generales.

Otro renglón es el  económico. Los déspotas al estilo cubano venezolano procuran controlar la economía, criminalizando a los actores de ese sector que actúan con independencia del gobierno.

Por último sin cerrar la página está el liderazgo. Definir qué tipo de dirección debe asumir el mando. Quien o quienes dirigirían la lucha. Tal vez esto sea lo más difícil.




Pedro Corzo

 
Un mal gobierno lleva a la quiebra PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Martes, 04 de Noviembre de 2014 12:46
Por José M. Burgos S.-
Un mal funcionario, incapaz de administrar los recursos económicos y humanos, es un individuo que irremediablemente, llevará a la quiebra a cualquier empresa privada e inclusive, a una nación.
Y esto, precisamente, es lo que ha sucedido con los dos últimos presidentes venezolanos.
Un país inundado de petróleo a los precios más altos de la historia, está quebrado y sus habitantes no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades básicas, mientras Maduro y sus secuaces se enriquecen minuto a minuto y tapan su perfidia culpando a otros países de lo que ellos han generado por su desmedida ambición e ineptitud.
Un mandatario debe saber que la administración de los recursos humanos y económicos, consiste en el buen manejo de los bienes tangibles e intangibles, para así lograr las metas previamente establecidas con ética, responsabilidad y justicia.
El capital humano, el dinero, el tiempo y el sistema, son recursos susceptibles a ser administrados y una compartida y adecuada asignación de funciones ayuda a que el conjunto sea más eficiente.
Quien no es honesto y justo, jamás debería desempeñar un cargo en el que estén de por medio los intereses de la ciudadanía. El dinero generado por concepto de exportaciones e impuestos es sagrado y debe ser manejado con total transparencia y responsabilidad.
Por esta razón, las personas que eligen por votación popular a un funcionario público, como por ejemplo, el presidente de una nación, deben tener muchísimo cuidado.
José M. Burgos S.
 
Evo, Gracias Fidel PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Lunes, 03 de Noviembre de 2014 11:40


Por Pedro Corzo.-

Evo Morales, el presidente boliviano, es agradecido,  ha reconocido públicamente que su acceso y continuidad en el poder, al que llegó en el 2005, es consecuencia de la asistencia de todo tipo que el desaparecido Hugo Chávez y el tristemente presente Fidel Castro,  le prestaron.

Chávez y Castro le facilitaron a Morales los recursos materiales y logísticos que necesitaba para desestabilizar el país, y convertirse en una alternativa de poder, porque de no ser por estos dos autócratas,  el líder cocalero no hubiera pasado de ser un agitador de oficio que recurría a la violencia extrema para imponer su voluntad e incrementar su influencia,  pero sin posibilidades de ganar unos comicios presidenciales.

Morales aunque vista de civil y pretenda aparentar ser un humilde indígena, no es menos cruento y abusivo que sus pares de uniforme que le precedieron, al extremo,  que es el gobernante que por más tiempo ha dirigido el país.

El primer gobierno de Morales debía concluir en el 2010, pero la adopción de una nueva constitución, las conocidas maniobras refundacionales de los patricios de la Alianza Bolivariana de las Américas,  le permitió postularse en el 2009, cuando llevaban tres años en la presidencia, por lo que extendió su mandato hasta el 2015.

Con este reciente triunfo electoral Evo Morales como su vice Alvaro García Linera,  podrán gobernar hasta el 2020, pero conociendo las ambiciones de poder de ambos, es de esperar  qué en unos meses inicien una campaña para reformar la constitución,  y aspirar a un cuarto mandato o tal vez, indefinidamente, cómo ha planteado Rafael Correa, otro déspota del ALBA.

En el 2013 el Índice de Desarrollo Democráticos  que producen la fundación Konrad Adenauer y la consultora argentina Polilat, señaló que Bolivia es un país con bajo desarrollo democrático, inclusive apunta que está por debajo de su mejor marca obtenida en año 2002.

El documento reseña que la Ley 045 de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, fue utilizada para batallas legales entre oficialistas y opositores, como también contra los medios de comunicación.

Sobre la situación de la prensa y los periodistas en Bolivia se han manifestado la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, Periodismo sin Fronteras y el Comité de Protección a los Periodistas.

La corrupción es otra lacra presente en el oficialista Movimientos al Socialismo, lacra que también se muestra en todas las instancias del gobierno de Morales.

Los periodistas Humberto Vacaflor  y Marianela Montenegro, solo unos ejemplos porque hay numerosas revelaciones al respecto,  han confirmado las denuncias de legisladores  de la oposición de la corrupción, tráfico de influencia y  perjuicios económicos al estado boliviano, de los que hacen responsables al presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera, así como sus colaboradores más cercanos.
Los periodista plantean que  las denuncias de corrupción van desde sobreprecios en construcción de carreteras a la construcción ilícita de más de 8 condominios en la central ciudad boliviana de Cochabamba.

Bolivia expulsó a la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA, 2008, y en un reciente informe Washington refería que  Venezuela y Bolivia, junto a Birmania,  son los países que no cumplieron con sus compromisos contra el tráfico y la producción internacional de drogas en los últimos doce meses.

Según una oficina de Naciones Unidas, Bolivia tiene un excedente de cultivo de 19 mil hectáreas, y un estudio hecho por la Unión Europea, estableció que el país solo requiere cultivar 14.705 hectáreas de coca para masticado y uso medicinal.

El gobierno de Morales tiene a su haber numerosos asesinatos, después de haberse comprometido a gobernar sin muertos. Uno de los más destacados fue la masacre de El Porvenir, Pando, donde perdieron la vida 13 personas y cincuenta fueron heridas de bala.

El afán continuista tiene mucho que ver con la adicción al poder, pero también es un asunto de sobrevivencia. Gobernar garantiza la impunidad por los abusos cometidos, amen, que también permite continuar disfrutando de los bienes del estado y las ventajas que el poder permite.

Morales controla las frágiles instituciones de su país, tal y como hacen sus pares de Nicaragua, Ecuador y Venezuela, condición que hizo posible que el Tribunal Constitucional decidiera que esta nueva postulación era la segunda y no la tercera como fue en realidad.

A esta situación hay que sumar la política clientelar o de favores del gobierno hacia los electores, una constante campaña de intimidación contra el votante, junto a amenazas y represalias contra posibles candidatos contrarios al gobierno.

La victoria de Evo Morales y el modelo que patrocina, no es una sorpresa, el control de la maquinaria electoral y de todos los poderes del estado,  es una garantía que solo puede revocar el pueblo boliviano cuando asuma definitivamente el control de su destino.

Pedro Corzo

Periodista
 
Bolivia, un país a todo gas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 10 de Octubre de 2014 12:07

Por Rogelio Nuñez.-

El gas es la clave que explica la actual situación por la que atraviesa Bolivia. Explica, entre otras cosas, la estabilidad del gobierno de Evo Morales, las mejoras sociales que ha podido introducir el régimen evista y la cómoda situación económica del país.

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. El gas ha marcado la historia de los últimos lustros en Bolivia que ha vivido una “guerra del gas” en 2003 que acabó con el gobiero de Gonzalo Sánchez de Lozada, una nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y un boom de las exportaciones de gas desde 2010.

Ahora, la estabilidad que ha alcanzado Bolivia tras siete años (2002-2009) de vivir al borde del colapso tiene raíces políticas (la hegemonía del MAS y el liderazgo de Morales) pero también económicas.

Un régimen basado en el gas

El gas es el principal producto de exportación (Brasil y Argentina sus principales mercados) y la mayoría de los beneficios los recibe el Estado boliviano producto de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006 que se llevó a cabo en pleno auge exportador y de aumento de los precios internacionales.

El economista bolivano Armando Méndez Morales explica que “la nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006 determina que todas las empresas petroleras que operen en Bolivia deben entregar su producción a YPFB para que ésta se haga cargo de su comercialización. Adicionalmente, dispone que todos los campos hidrocarburíferos, cuya producción sea superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios (grandes), deben contribuir con un 32% de sus ingresos, además del 50 % existente antes de la nacionalización, lo que significa un total del 82%. En síntesis, la participación del Estado sería del 50% del ingreso petrolero en los campos pequeños (que tienen poca significación en el total de producción) y del 82% en los grandes”.

El resultado ha sido que en 2005, antes de que el Estado tomara el control de los hidrocarburos, el país recibía por concepto de regalías 600 millones de dólares, este monto va a alcanzar en 2014 los 6 mil millones de dólares:

Esquema realziado por Armando Méndez Morales

Esquema realziado por Armando Méndez Morales

Bolivia captó entre enero y junio de este año más de 3 mil millones de dólares por la venta externa de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina y cerrará este año con más de 6 mil millones de dólares por la exportación de gas natural, sin incluir los ingresos provenientes de la venta externa del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Como recuerda el académico Gonzalo Chávez “desde el punto de vista fiscal, la venta de gas natural a Brasil y a Argentina genera al Tesoro General de la Nación más del 50% de sus ingresos. Desde mediados de los años 2000, la economía mundial registra precios elevados de las materias primas, en particular petróleo y gas natural, lo cual ha representado un shock positivo de ingresos para el país”.

Bolivia logra así retener la mayor parte del pastel de los ingresos vía commodities y lo hizo en la coyuntura más propicia ya que como señala el analista político Fernando Molina en un artículo en la revista Nueva Sociedad Bolivia vive “el mejor momento económico de la historia boliviana. La existencia de una relación causal entre ambos hechos es dudosa, ya que la principal dínamo de la bonanza nacional son los elevados ingresos por exportaciones, que en una década han pasado de alrededor de 2.000 millones de dólares a estar en el orden de los 10.000 millones”.

Además, el 36% del producto interno bruto (PIB) es generado con las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, y  por eso es importante apuntalar más la exploración petrolera. El gas explica así que el Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido en los últimos nueve años a una tasa promedio de 5%, siendo así Bolivia una de las pocas economías de la región que  sorteó de mejor manera la crisis financiera internacional, posicionándose como uno de los países de mayor crecimiento latinoamericano.

Grafismo realizazo por el diario La Razón

Grafismo realizazo por el diario La Razón

Gran parte de la política social del gobierno de Evo Morales, con bonos de asistencia a ancianos, niños y madres (los bonos Juancito Pinto, Dignidad y Juana Azurduy de Padilla) se sustenta en los recursos generados por la exportación de hidrocarburos.

César Navarro, ministro de Minería, subraya que “cuando llegamos al gobierno, el Estado vivía de los impuestos, que pagábamos bolivianos y bolivianas y las empresas transnacionales. Del ciento por ciento de la exportación de gas, sólo quedaba el 18 por ciento para el país y el 82 por ciento para las transnacionales, y Bolivia vivía sólo de los impuestos. El presidente Evo Morales tuvo la capacidad de nacionalizar los hidrocarburos en mayo de 2006 y se revirtió el reloj de la distribución de la riqueza. Hoy el Estado boliviano se queda con el 75-85 por ciento, y esos recursos económicos son distribuidos a gobernaciones, gobiernos municipales, con un reparto del excedente económico a través de bonos para la niñez, para las madres, para personas de la tercera edad. Pero además hoy contamos con reservas internacionales que superan los 14.000 millones de dólares”.

El gas, madre de todos los cambios

El alto ritmo del crecimiento económico gracias al boom de las exportaciones y la puesta en marcha de ese conjunto de transferencias condicionadas financiadas con la venta de los hidrocarburos explican que Bolivia encabece la reducción de la pobreza en América latina.

Evo Morales preside Bolivia desde 2006

Evo Morales preside Bolivia desde 2006

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre América Latina y el Caribe, revela que Bolivia es el país con la mayor reducción relativa de pobreza (32,2 puntos porcentuales.

También destaca que este país andino amazónico se sitúa como líder en el continente en cuanto al cambio de la población vulnerable (16, 9 puntos porcentuales), aumentando también su población de clase media.

“Hay que explicarles a los niños de dónde viene el bono Juancito Pinto. No es la plata de Evo Morales, es la plata del pueblo boliviano porque pidió la nacionalización, y esa plata ahora se entrega a los estudiantes de toda Bolivia. Este año aumentamos un curso más: tercero de secundaria (168.000 alumnos)”, explica Evo Morales, que ha logrado pese a las nacionalizaciones mantener buenas relaciones con las grandes empresas y ser capaz de atraer inversiones de por ejemplo Repsol -nacionalizada en 2006-.

Para el pago este año del bono “Juancito Pinto” l0s recursos provienen de las utilidades de las empresas estatales: Boliviana de Aviación (BOA), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Ahora el régimen se ha fijado una nueva meta que es la de industrializar la producción y que Bolivia deje de ser un simple exportador de bienes primarios.

El ministro Luis Arce explica que “la recuperación de nuestros recursos naturales para el pueblo boliviano marca el punto de inflexión de una economía boliviana sin recursos, con desempleo, pobreza, exclusión social y la nueva Bolivia que estamos construyendo ahora con la construcción de una Bolivia industrializada. El país ya ha emprendido varios proyectos de industrialización de los recursos naturales como la planta de urea y amoníaco, es decir, Bolivia ya no solamente va a exportar gas en bruto. También vamos a entrar en la producción de plásticos, y por lo tanto ese gas que antes lo enviábamos por tubo va a tener un uso importante para el país, lo que nos va a aumentar en por lo menos tres veces nuestro ingreso”.

Efectivamente, Bolivia vive en plena bonanza sobre un mar de gas aunque algunas voces alertan por el peligro de la “gas-dependencia”.

De cada US$ 100 exportados, US$ 86 resultan de la exportación de gas y minerales. “Si bien es positivo que las exportaciones crezcan, no es bueno depender en tan alto grado de las materias primas, mucho menos ahora con la previsible baja de los precios. Está fresco aún en la memoria el recuerdo del “coletazo” de la crisis global del 2009, que significó para Bolivia la caída de US$ 1.500 millones en sus exportaciones, luego del desplome de las cotizaciones de los minerales, el gas y otras materias primas, algo que podría repetirse de confirmarse una indeseada “crisis sincrónica” en EEUU, Europa y Asia”, dijo en un comunicado oficial Wilfredo Rojo Parada, Presidente del IBCE.

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