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Artigos: Latinoamérica Democrática
Colombia. Periodismo con Fronteras PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 05 de Julio de 2015 13:25

Por Pedro Corzo.-

Puentes Melo es un periodista incomodo, molesto, una especie de piedra en el zapato de quienes buscan junto a la impunidad, privilegios, porque sin ser un enemigo de la Paz, es un crítico severo de la manera en el que presidente Juan Manuel Santos conduce las negociaciones en La Habana con la narco guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Colombia. Periodismo con Fronteras.

El periodismo es un oficio peligroso cuando se ejerce a cabalidad, lo que significa no ajustarse  a lo políticamente correcto y menos temer las depredaciones de las que son capaces los poderosos de cualquier clase cuando arriban a la conclusión de que sus intereses están siendo afectados por un justiciero de la información.

El comunicador que considera prioritario informar de lo que puede ser de importancia interés para la ciudadanía, particularmente los casos de corrupción, tráfico de influencia y drogas,  y los abuso de  autoridad en los que incurren algunos funcionarios públicos, es una especie de juez que incomoda a los burócratas que, a veces, aun sin estar involucrados en negociados deshonestos, quieren que los procesos de investigación se desarrollen a su medida y no como el defensor independiente procura.

Paradójicamente estas situaciones no solo se presentan en países como Cuba y Venezuela donde la libertad de prensa en el primero no existe y en el segundo está al borde de la desaparición, ocurren también en países como Colombia donde la labor de un periodista investigativo independiente, Ricardo Puente Melo, director de Periodismo sin Fronteras, ha tenido que asilarse para impedir ser arrestado o sufrir un perjuicio mayor.

Puentes Melo es un periodista incomodo, molesto, una especie de piedra en el zapato de quienes buscan junto a la impunidad, privilegios, porque sin ser un enemigo de la Paz, es un crítico severo de la manera en el que presidente Juan Manuel Santos conduce las negociaciones en La Habana con la narco guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Puentes reprochó severamente al presidente Santos y a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por no haberle prestado apoyo aéreo a los militares de las fuerzas armadas nacionales que habían sido atacados por las FARC, qué resultó en la muerte de diez militares.

El director de Periodismo sin Fronteras ha sido critico también de las Fuerzas Armadas de su país al escribir, " en todos los diálogos anteriores –excepto en éste- siempre hemos tenido militares que portan con honor su uniforme y estaban dispuestos a cumplir su compromiso de defender la patria". Puentes Melo evoca a oficiales como el coronel Jaime Hernández López , quien se negó a hacer honores de Jefe de Estado a Fidel Castro y al general Harold Bedoya que prefirió la baja militar antes de actuar contra sus convicciones.

Investigaciones e informaciones como estas, en la opinión de varios analistas, llevaron a que el gobierno le retirara a Puentes la cobertura de protección que le brindaba por su labor de periodista investigativo.

Sin embargo la gota que colmó la copa y condujo a la fiscalía a actuar contra Puentes Melo está relacionada con una acusación de la ex fiscal Ángela Buitrago, quien condujo la instrucción del proceso del Palacio de Justicia que condenó en primera instancia al coronel Alfonso Plazas Vega y al General Arias Cabrales, en junio de 2010.

Lo difícil de entender y lo apunta en un interesante trabajo el investigador Eduardo MacKenzie, es que Puentes Melo no había sido informado por la justicia de que estaba siendo investigado y demandado por la ex fiscal Buitrago, y que el magistrado aun antes de que el periodista fuera declarado culpable, ordenó la confiscación del apartamento donde residía y trabajaba.

El diferendo entre Buitrago y Puentes Melo es que el periodista ha sido muy crítico de la investigación realizada por la ex fiscal sobre los sucesos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia, ocupado por los guerrilleros del M-19 en 1985, lo que motivó un enfrentamiento con el ejercito que resultó en la muerte de 11 magistrado, otras 65 personas, la quema del edificio y de los archivos que guardaba.

Como consecuencia de sus acusaciones contra la fiscal de malos manejos de la investigación y de inventar testigos, Puentes Melo y su familia tuvieron que escapar de su país, pero aun hay mas, situación que demuestra la fragilidad del periodista ante el Poder, y es que primero fue acusado ante la unidad antiterrorista de la Fiscalía quien realizó una investigación sin resultados, por lo que la impugnación debió ser trasladada a otro juzgado, bajo la figura de “injuria y calumnia agravada”, más contumacia, como si Puentes hubiera decidido ignorar el proceso, cuando en realidad desconocía que estaba siendo investigado, según afirma su propio abogado.

Todo parece indicar que la situación para los periodistas en Colombia se complica. Recurrir a los tribunales para limitar la libertad de informar y divulgar es propio de una dictadura no de un estado democrático como el colombiano, o es que acaso los enemigos de las FARC, aun antes de concluir las conversaciones de "paz",  ¿ van a ser víctimas de las históricas depredaciones de los narcoterroristas?.



Pedro Corzo

Periodista
 
En Brasil, ni hay Gobierno ni hay oposición PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 28 de Junio de 2015 11:35

Por LUIS NASSIF.-

Vivimos una época complicada en la vida del país. El Gobierno Dilma se acabó. Puede ser que renazca más adelante. Pero por el momento, no hay pruebas de que los signos vitales se conserven.

Con la desintegración del poder central, el país se ha convertido en una sálvese quien pueda. Ritos, procedimientos, procesos que dejan de ser observados, la misma racionalidad se deja de lado, provocando la aparición de pequeños tiranos que invaden todos los poros de la vida nacional.

Las relaciones sociales se ven afectadas por los trogloditas que salen del baúl de la Inquisición e invaden las calles y las instituciones.

En el Congreso, el Presidente Eduardo Cunha comenzó a atropellar las formas y a imponer su voluntad personal y del bajísimo clero de la casa.

El STF (Tribunal Supremo), el ministro Gilmar Mendes se aprovecha del uso del cajón de los procedimientos, que en otras épocas de la historia, sería considerada escandalosa: cómo obtener, para eventos del IDP (Instituto Brasiliense de Derecho Público), su propiedad, patrocinios corporativos con fuertes demandas en el Supremo.

Un fiscal adscrito al TCU (Tribunal Federal de Auditoría) militante de las marchas pro-juicio político, se ve en el derecho a expresar una opinión sobre la viabilidad de las empresas clave en la política industrial de la pre-sal.

La prensa ayuda a demoler los servicios de financiación del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) construidos duramente en las administraciones FHC y Lula.

En Curitiba, un juez de primera instancia, fiscales y delegados, distribuyen prisiones preventivas sin la menor preocupación de legitimarlas.

En el Banco Central, un grupo de burócratas define a discreción el nivel de tasas de interés en la economía, crea un escenario claramente insostenible para la deuda pública, sin que nadie se interponga en su camino.

Lo que asegura la buena gobernanza no son sólo las prerrogativas institucionales de la presidencia de la República sino la existencia de un conjunto coherente de ideas, no sólo económicas, sino legitimadoras, capaces de unir a los más diversos sectores alrededor de la idea de nación.

La presidenta ya no consigue estructurar ningún discurso.

El segundo anclaje debe ser partidos políticos. Pero tampoco existen programáticamente.

El vacío de poder y de propuestas sería la oportunidad de la oposición para presentarse como una verdadera alternativa de poder. Pero logra ser todavía peor y menos seria que lo que se combate.

Hoy en día, el juego político consiste en la fabricación diaria de ocurrencias para aparecer en los medios.

La teatralidad armada por Aécio Neves y compañía en la visita a Venezuela sería un episodio vergonzoso en cualquier circunstancia, una broma, si no hubiera sido protagonizada por un candidato a presidente de la Republica y por senadores de la Republica.

Convierten un problema de tráfico – registrado incluso por periódicos de la oposición en Venezuela – y meras manifestaciones callejeras en incidente diplomático. Y todavía se las arreglan para obtener la solidaridad del líder del PT en la Cámara. El otro candidato de la oposición, José Serra, se aprovecha del vacío de poder para hacer negocios con el presidente del Senado, Renan Calheiros.

Es una época vergonzosa de la historia, una prueba trágica que la falta de gobierno y la falta de oposición en este país tornan absolutamente incierta la salida política a la crisis.

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Blog: www.luisnassif.com.br

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México y la violencia: ¿es el “Estado” el único culpable? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Martes, 26 de Mayo de 2015 10:49

Por Carlos Malamud.-

En El señor de las moscas William Golding describe dramáticamente la maldad y la violencia que anidan en niños y adolescentes, especialmente cuando unos y otros actúan de forma gregaria. Las horrendas muertes de Simon y Piggy a manos de sus compañeros son dos momentos que marcan el clímax de una situación agravada por el aislamiento y la soledad del grupo protagonista de la novela.

(Infolatam).- Un ambiente similar se debe haber vivido en los macabros episodios que condujeron a la muerte de un niño de 6 años en Chihuahua, a mediados de mayo. El pequeño fue asesinado por cinco menores de 11 a 15 años (dos chicas y tres chicos), que jugaban a que lo secuestraban. Tras una sesión de torturas, la odisea terminó con su muerte. Según la última versión del fiscal, “todo empezó como un juego. Lo agarraban para bromas”…, pero “se les pasó la mano” y lo mataron “para evitar más problemas”.

Sólo los dos mayores de 15 años pueden ser imputados y condenados, mientras que los otros tres serán enviados a un centro de menores. El dantesco episodio dio lugar a diversas interpretaciones y pedidos de responsabilidades, como la de juzgar a los padres de los agresores. También se especuló con la existencia de ritos satánicos a partir de la vinculación del grupo asesino al culto a “la santa muerte”, tras ser introducidos por los cabecillas del “cartel de Sinaloa”, dirigido por el “Chapo” Guzmán.

Tampoco faltó la periodista avispada que intentó aprovecharse, buscando armar un gran show televisivo nacional. La presentadora Laura Bozzo inició una campaña para modificar el Código Penal en lo referente a menores infractores. Incluso se hizo cargo de los honorarios del abogado de la madre tras cambiar al anterior por alguien de su confianza. Un tweet suyo expresa claramente sus intenciones: “Si las leyes no sirven para hacer justicia deben cambiarlas por que de lo contrario la gente lo hará no vamos a permitir la impunidad BASTA”. Su prédica amarillista y catastrofista recuerda la precampaña electoral del Partido Verde Ecologista, multa de las autoridades electorales incluida, al pedir un endurecimiento sustancial de las penas de cárcel, incluyendo la muerte para secuestradores y asesinos.

Siguiendo la tónica dominante en México, la responsabilidad mayor recayó en el “Estado”, con mayúsculas y omnipotente. Al igual que con los 43 normalistas de Ayotzinapa, el estado mexicano es responsable de prácticamente todo, sea por acción u omisión. En el caso de Iguala, la Red de Alerta Temprana, integrada, entre otras, por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos o la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, 10 días después de los sucesos, publicó el comunicado: “La matanza de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa… La causa de las causas: un genocidio equiparado. Responsabilidad del Estado mexicano”.

Él apunta a que las reformas estructurales, comenzando por la educativa, intentan liquidar el modelo de formación normalista y que esto explica la masacre de Iguala. También se suma la pasividad o complicidad de las fuerzas armadas y de seguridad municipales, estaduales y federales que dejaron indefensas a las víctimas. Los autores concluyen en “la alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno” y la “responsabilidad por negligencia criminal” del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y del alcalde de Iguala  José Luis Abarca Velázquez.

En el asesinato de Chihuahua se vuelve a insistir en la responsabilidad estatal. Algunos expertos y activistas de derechos humanos culparon al Estado por su omisión “en la implementación de políticas públicas” favorables a los niños en “zonas azotadas” por el crimen. De las columnas de opinión y editoriales escritos al respecto se puede leer: “Todos somos corresponsables, pero la responsabilidad mayor es del Estado”; “Los autores intelectuales del infanticidio de Cristopher Márquez y del homicidio espiritual de quienes le dieron muerte física son los gobiernos que no tienen ningún programa de desarrollo social y humano” o “Nadie se hizo cargo; ni el Estado, ni las empresas se responsabilizaron de la atención de los niños, de su educación, del mejoramiento del entorno de ellos y sus familias, de su formación, etc.”.

Volvemos a ver en la actualidad mexicana, en particular, y latinoamericana, en general, un colosal sobredimensionamiento del estado y los gobiernos y sus responsabilidades. Es verdad que si en México el sistema judicial funcionara como debe y la impunidad no protegiera a los delincuentes, la violencia no estaría tan instalada. O que si hubiera políticas sociales más eficaces la marginalidad estaría menos extendida. Sin embargo, al depositar toda o buena parte de la culpa de la violencia en el Estado cada uno de los distintos actores sociales descarga su propia responsabilidad en otros. Pareciera que ni los padres, ni las familias, ni los colegios, ni los medios de comunicación, tienen nada que decir en estos casos concretos, por no hablar de los sicarios y narcotraficantes.

Cuando en una parte no despreciable de la juventud mexicana domina la idea de que es mejor vivir “cinco años como rey que cincuenta como buey”, o cuando los narcocorridos y la cultura de la violencia tienen una importante llegada social, es porque algo falla en el plano individual. Una escuela más eficiente o mejores maestros facilitarían las cosas, pero esa discusión nos llevaría también a hablar de importantes beneficios sindicales y corporativos que dificultan las cosas. Por eso, mientras el hilo discursivo dominante mantenga la culpa cuasi absoluta del estado en casi todo lo negativo que ocurre en el país, la posibilidad de que México salga de su laberinto de violencia es realmente escasa. Como dice el viejo refrán, que cada palo aguante su vela, incluyendo, por supuesto, al estado, pero también a los individuos y a otros actores sociales, sin olvidarnos de los delincuentes.

INFOLATAM

 
El fin del PRI PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 22 de Mayo de 2015 10:53

Por Rubén Aguilar Valenzuela

El PRI no crece en el número de sus simpatizantes y todo su trabajo se reduce a mantener y alimentar su voto duro que ronda en el 30 por ciento, mismo que se distribuye en porcentajes semejantes en las distintas regiones del país. En un primer nivel de análisis esos números le garantizan ganar la próxima elección federal, por debilidad de la oposición, pero esconden la realidad del partido en el poder.

(Infolatam).- En 2012, el regreso del PRI a la presidencia no le ha implicado el crecimiento de sus seguidores. Cuando un partido, para el caso el PRI, asume que ya no tiene capacidad de convencer a más electores que su voto duro es aceptar que ahora solo le toca usufructuar, es su única posibilidad, lo que construyó en el pasado y vivir de sus rentas hasta que éstas se agoten.

En los dos y medios años que va del sexenio, el presidente y su partido han tenido una baja valoración, en torno al 40 por ciento para el caso del presidente, hay encuestas que lo sitúan todavía más abajo, y en la sociedad se ha consolidado la imagen, misma que tiende a crecer, de que este gobierno y los priistas en general son corruptos, frívolos y dispendiosos.

La estrategia electoral del PRI ante este escenario ha sido la de concentrar todos sus esfuerzos en mantener “amarrado” a su voto duro a través de distintos tipos de dádivas, pero sin hacer ningún esfuerzo, lo consideran inútil, para ampliar el número de sus simpatizantes. Confía en que su estructura, de su yo más fuerte que la de los otros partidos, sea capaz de sacar a sufragar a sus “bases” el día de la elección.

Si el PRI ya no puede crecer, todos los datos indican eso, hacen evidente que en el futuro próximo ya no tendrá posibilidades de hacerse del poder. Ahora lo previsible es que el voto duro se va a seguir reduciendo, tal como ha ocurrido en los últimos 25 años. Los porcentajes acumulados históricamente le han permitido mantenerse y ganar, pero un día, que está próximo, los porcentajes del voto de sus simpatizantes ya no se lo van a permitir.

Hoy si la oposición se une, cosa que no se ve fácil, pero tampoco es imposible, el PRI perdería las elecciones federales del 2018 y buena parte de los estados que ahora gobierna. Si el PRI no cambia su manera de hacer política, de gestionar el poder y su forma de acercarse a la sociedad no podrá crecer y de esta manera solo obtendrá el poder mientras le den los números de su voto duro.

Si el PRI no se transforma, ahora no se ve cómo, está en camino a su fin como instancia hegemónica. El volver a la presidencia, que implica el regreso de viejas prácticas, marca el inicio de esta etapa y no la de su expansión. La posibilidad de triunfar en las elecciones ya no depende del PRI, sino de la debilidad de la oposición. Ella tiene la palabra.

INFOLATAM

Twitter: @RubenAguilar

 
América Latina: Lo que el petróleo se llevó PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 03 de Mayo de 2015 11:06

Por Luis Esteban G. Manrique.-

En noviembre del año pasado, ante la persistente caída de los precios del petróleo, Venezuela, que depende de la renta petrolera para el 95% de sus ingresos, intentó convencer a sus socios de la OPEP –y especialmente a Arabia Saudí– para que recortaran su producción, de modo que el precio del barril, que ya se acercaba peligrosamente a los 50 dólares, regresara a los 100 dólares.

Rafael Ramírez, por entonces presidente de la petrolera estatal PDVSA y representante de Venezuela ante el cartel petrolero, presionó al ministro de Energía saudí, Ali al Naimi, para que el reino del desierto impusiera en la OPEP cuotas de producción más estrictas y a la baja.

Pero los saudíes no estaban dispuestos a asumir la parte del león de los recortes. Al Naimi replicó a Ramírez que Rusia o México tendrían que compartir la carga si querían llegar a un acuerdo con la OPEP. Al final, los venezolanos convocaron el 25 de noviembre una reunión a cuatro bandas con responsables de Arabia Saudí, Rusia y México para coordinar una estrategia de precios conjunta.

Al Naimi exigió a los rusos que –dado que la producción de sus respectivos países rondaba los 10 millones de barriles diarios (mbd)–, cualquier reducción debía ser equitativa. Los rusos descartaron de plano esa posibilidad. “Si reducimos nuestra producción, los principales beneficiarios serán nuestros mayores competidores. Esos tiempos se acabaron”, comentó posteriormente Al Naimi al Middle East Economic survey.

Maduro, frustrado por el fracaso de la negociación, defenestró a Ramírez, nombrándole embajador ante la ONU. Su preocupación estaba más que justificada. Después de haber recibido casi un billón de dólares en ingresos por sus exportaciones petroleras desde 1999, las reservas de divisas del país apenas rozan los 21.000 millones de dólares.

Dado que ni México ni Rusia van a pedir su ingreso en la OPEP o a ajustarse a sus cuotas, la mayoría de analistas cree que, a menos que se produzca un cataclismo geopolítico que reduzca drásticamente la oferta mundial de crudo, los precios se mantendrán bajos a corto y mediano plazo. La razón es simple: la actual producción mundial excede en un millón de barriles diarios la demanda mundial.

¿Quién gana y quién pierde?

El problema es que el mediano plazo puede significar varios años, una eternidad para varios países productores latinoamericanos, que tendrán que diversificar sus economías y aumentar sus ingresos tributarios para compensar las pérdidas. El FMI ya ha reducido sus previsiones de crecimiento de la región a un mediocre 1,5% para 2015.

Los gobiernos de la región que utilizaron la bonanza de las materias primas para multiplicar el gasto público, ahora se encuentran en la incómoda situación de tener que recortar sus presupuestos en medio de crecientes tensiones sociales. Casi todos los países exportadores de crudo –Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela– ya lo han comenzado a hacer.

En México, el tercer productor de la región, la contribución de la industria petrolera al PIB es de solo el 6% mientras que las exportaciones de crudo no superan el 12% del total. Pero debido a la baja presión fiscal del país –del 19% del PIB, apenas superior a la de Guatemala y Haití–, el petróleo representa casi el 30% de los ingresos del gobierno federal.

De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto ya ha anunciado recortes presupuestarios por valor de 8.400 millones de dólares (el 3% del gasto previsto) y la cancelación del proyecto de un tren de alta velocidad entre la capital y Querétaro, que iba a ser la obra pública emblemática de su sexenio con una inversión de 3.700 millones de dólares.

Al gobierno le preocupa sobre todo el efecto sobre los campos ahora abiertos a la inversión privada. Según diversas estimaciones, el barril tendría que estar en torno a los 77 dólares para que la mayoría de los proyectos energéticos mexicanos sean rentables. El precio de la mezcla mexicana de crudos para exportación ha caído un 42% desde junio, hasta los 40 dólares, frente a los 79 dólares previstos en el presupuesto de 2015.

Pemex (ESA)Cuando el año pasado México anunció la apertura de 169 bloques a la inversión privada, la primera vez en 75 años, el gobierno esperaba inversiones por valor de 12.000 millones de dólares anuales en los próximos cuatro años, lo que subiría la producción en medio millón de barriles diarios y aumentaría el PIB en un punto porcentual.

Ahora, el banco central ha reducido sus previsiones de crecimiento para este año al 2,5%, frente al 4% anterior. El gobierno ya ha subido el precio de la gasolina un 1,9% pero aun así tendrá que emprender un ajuste fiscal adicional en 2016.

Pero aunque se han suavizado las condiciones de los contratos y se está considerando retrasar algunas subastas hasta que mejore el entorno de precios, la atmósfera se ha cargado de pesimismo. No es extraño. La petrolera estatal Pemex gasta cada vez más dinero para extraer cada vez menos petróleo: su producción ha caído hasta los 2,4 mbd, un millón menos que hace 10 años.

Y llueve sobre mojado. El gobierno ha reducido el presupuesto de la compañía en 4.000 millones de dólares para este año, lo que va dificultar aun más sus planes de extraer crudo en las aguas profundas del Golfo de México. El presidente de Pemex, Emilio Lozoya, ya ha anunciado la postergación de varios planes de exploración y de la modernización de tres refinerías. Incluso Pemex está evaluando reducir su personal, de 150.000 empleados, casi todos miembros del sindicato más poderoso del país.

En Brasil la situación es similar.

Cuando en 2007 Petrobras anunció el descubrimiento de los llamados ‘campos pre-sal’ frente a las costas de Río de Janeiro, la compañía estimó que podían contener al menos 50 millones de barriles de crudo. Luiz Inácio Lula da Silva no exageraba cuando dijo que para Brasil el descubrimiento equivalía a “ganar la lotería”.

Pero debido a la confluencia del escándalo de la corrupción que afecta a la compañía y la caída de los precios del crudo, el premio parece haberse esfumado. Muchos de los contratos de Petrobras a empresas como OAS o Sete Brasil han tenido que ser cancelados o retrasados ‘sine die’, lo que ha puesto al borde de la quiebra a varias compañías que dependían de ellos para pagar sus deudas.

Petrobras, que ha visto reducirse su valor en bolsa un 55% desde septiembre, ha admitido que sobrevaloró su activos en unos 30.000 millones de dólares. Las perspectivas serían algo mejores si se pudieran explotar a un precio competitivo los campos pre-sal. El problema es que los costes mínimos de extracción se sitúan sobre los 100 dólares.

Colombia, un importador neto de petróleo hasta hace no mucho, también ha visto desvanecerse sus esperanzas de un alto crecimiento impulsado por los hidrocarburos. En los últimos siete años, el país casi duplicó su producción, con lo que se convirtió en el cuatro productor de la región y el quinto suministrador de EEUU. Debido en parte al boom petrolero, la economía creció un 4,8% el año pasado.

Ahora Puerto Gaitán, una ciudad en cuyos alrededores se produce el 25% del petróleo del país y que triplicó su población en la década pasada, ha perdido 7.000 empleos debido a la congelación de las inversiones en el campo de Rubiales, el más grande de Colombia. El gobierno estima que a escala nacional la industria podría perder este año unos 25.000 empleos, el 25% del total.

La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol)

La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol)

La petrolera estatal Ecopetrol, que llegó a valer tres veces más que Petrobras pese a producir tres veces menos crudo, ha tenido que reducir su presupuesto para este año en un 25%. No es extraño. Sus beneficios netos cayeron un 42,7% en 2014.

Actualmente, un 15% del gasto público es financiado por las exportaciones petroleras. Colombia tiene una normativa fiscal que le exige distribuir el ajuste según la fluctuación de los precios del crudo, lo que significa que el gobierno tendrá que recaudar más impuestos si quiere alcanzar los equilibrios fiscales estructurales que le impone la actual legislación. La renta petrolera colombiana en 2013 fue de 24.500 millones de dólares mientras que este año apenas será de 9.500 millones.

La situación fiscal de Venezuela es, de lejos, la más seria.

Pero ante la cercanía de las elecciones legislativas, es muy improbable que Maduro vaya a autorizar la subida de la gasolina, que prácticamente se regala en Venezuela, lo que empeorará las distorsiones fiscales y terminará afectando al programa Petrocaribe, que brinda asistencia energética a 16 países centroamericanos y caribeños. Al menos del 10% del PIB cubano, por ejemplo, depende del crudo venezolano subsidiado.

En todo caso, en casi todos los países beneficiarios del programa, la caída del valor de las importaciones petroleras excede ya el financiamiento que reciben de Petrocaribe, lo que va a facilitar el ajuste fiscal, al menos a corto plazo.

La gran oportunidad que presenta la coyuntura es que la bajada de los precios facilita la eliminación de los gravosos subsidios a los combustibles, como ya han hecho India, Egipto, Angola, Irán, Nigeria o Indonesia. Esos subsidios sumaron unos 540.000 millones de dólares en todo el mundo en 2014. En Venezuela fueron 12.000 millones.

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