Por  Carlos Sánchez Berzain.-

Los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen como característica la legitimación del narcotráfico que presentan como “antiimperialismo” y “la necesidad de acabar con la fracasada guerra antidrogas”, estrategia con la que tratan de encubrir los narcoestados en que han convertido a los países que controlan.

Castro desde Cuba hizo del narcotráfico “arma antiimperialista”, Chávez desde Venezuela ordenó “combatir a EEUU inundándolo de cocaína”. Morales a nombre de Bolivia lo propuso en las Naciones Unidas. En su posesión como Presidente de Colombia, Gustavo Petro lo ha repetido, es un ataque que protege al narcotráfico.

El narcotráfico es crimen global comprendido en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Trasnacional.

Se afirma que EEUU es el principal consumidor, pero el reporte a 2017 muestra que la agresión del narcotráfico es global: Albania 2,5 %, Escocia 2,34 %, EEUU 2,3 %, Inglaterra y País de Gales 2,25 %, España 2,2 %, Australia,2,1 %, Uruguay 1,8 %, Chile 1,73 %. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Informe Mundial sobre las Drogas 2022 expresa que “Los datos sugieren que el tráfico de cocaína se está expandiendo a otras regiones fuera de los principales mercados de América del Norte y Europa, con niveles crecientes de tráfico hacia África y Asia”.

Narcoestado es “un neologismo económico y político que se aplica a los países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”.

Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Lo prueban hechos públicos y notorios y en el caso de Cuba, la historia lo señala como el primer narcoestado de las Américas, desde la asociación de los Castro con los narcotraficantes Pablo Escobar y Roberto Suarez en la década de 1980, que pretendió ser encubierta con el fusilamiento de los operadores y mandados de la dictadura General Ochoa y coronel de la Guardia.

Cuba es narcoestado en el siglo XXI en asociación con Hugo Chávez y control sobre la dictadura operada por Nicolás Maduro convicto de la justicia internacional “cartel de los soles”, con recompensa de 15 millones de dólares por su captura. La dictadura de Cuba es despachadora de cocaína como lo prueba el decomiso de “401 kilos de cocaína procedentes de Cuba y con destino Bélgica en Colón, camuflada entre tanques con miel de caña” en Abril de 2016, “los 1517 paquetes de cocaína incautados en Panamá” en Mayo de 2019 y más.

El narcoestado de Venezuela prueba el “uso político del narcotráfico contra las democracias” como lo demuestra el informe remitido en septiembre de 2019 por la Justicia de Estados Unidos a la Audiencia Nacional de España en el proceso contra el ex Jefe de Inteligencia Militar venezolana Hugo Carvajal “alias el Pollo” que detalla cómo Hugo Chávez reunió en 2005 en su residencia oficial a los responsables de Inteligencia del país para ordenarles “combatir a EEUU inundándolo de cocaína” y “Chávez les ordenó”, a renglón seguido, “coordinarse” con la guerrilla colombiana de las FARC para consumar el plan”.

Evo Morales es jefe vitalicio de las federaciones de cultivadores de coca ilegal y productores de Cocaína que llegó a jefe de estado en Bolivia por Chávez y Castro y de inmediato estableció el narcoestado plurinacional. En abril de 2016 en las Naciones Unidas, en su discurso 883 “Evo Morales pidió disolver la DEA, luego de plantear el fracaso de la lucha antidroga”, con el respaldo de Cuba, Venezuela y Nicaragua repitió que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos” y pidió una “resolución de la ONU” para “terminar con la DEA y la lucha contra el narcotráfico”.

Ahora Gustavo Petro como presidente propone “acabar con la fracasada guerra antidrogas en el mundo y pasar a una política de prevención fuerte del consumo en los países desarrollados”. Como parte del castrochavismo asume la peligrosa posición que podría transformar a Colombia en narcoestado, ignorando que la “política antinarcóticos” -que él llama guerra- abarca “prevención, erradicación de cultivos de ilegales, interdicción y desarrollo alternativo”, y que el consumo crece en el tercer mundo, sobre todo en los productores de droga como Colombia y Bolivia.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy