La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles 30 de marzo un pliego de reformas a seis leyes del país para, dicen los funcionarios de Nayib Bukele, combatir a la MS13 y el Barrio 18, las dos principales pandillas del país. Las enmiendas cercenan libertades civiles básicas, como el derecho a una defensa adecuada ante un juez, y dan amplias potestades a la fuerza pública para determinar, sin investigación previa, a quién arrestar.

Todo ocurre tras una escalada de violencia que dejó, durante el último fin de semana da marzo, 87 cadáveres en las calles y barrios del país. Y sucede en el marco de un pacto entre el gobierno de Nayib Bukele con las mismas pandillas a las que ahora su gobierno dice estar persiguiendo.

El Congreso avaló las reformas tres días después de haber aprobado, el 27 de marzo, un régimen de excepción de 30 días que elimina garantías constitucionales fundamentales, amplía los plazos de detención provisional y ha servido para un despliegue policial que, según el mismo gobierno, ha puesto a 3,000 personas en la cárcel en 72 horas. Aunque la Procuraduría General de la República disputó este dato y fijó en 1,900 la cifra de detenidos en forma provisional.

La enmienda al Código Penal, una de las leyes reformadas el miércoles pasado, amplia a 20 y 30 años las penas de prisión a quienes las autoridades entiendan que han financiado u ayudado a las pandillas. Otro cambio en este cuerpo legal aumenta el alcance del delito de “asociaciones ilícitas” a grupos de tres personas “que tengan algún grado de estructuración y la finalidad de delinquir”.

Oswaldo Feusier, abogado penalista, cree que las reformas están encaminadas a dar al traste con la presunción de inocencia y entiende que el gobierno está cambiando la ley para mantener de forma indefinida detenciones de personas no enjuiciadas.

“Estamos hablando de ciudadanos que pueden permanecer detenidos cuatro años, solo para que en casación (la última etapa del proceso penal) le vengan a decir que era inocente. Hay una restricción a la libertad exagerada e irracional”, dice Feusier en charla con Infobae.

Otra de las reformas, esta al Código Procesal Penal, establece que se puede juzgar y condenar a una persona en rebeldía, sin que haya sido debidamente notificada de que existe un proceso penal en su contra. Esto, dice Feusier, niega al acusado el derecho a la defensa material, es decir, de presentar prueba de descargo durante un juicio.

Marcela Galeas, también abogada penalista y crítica del gobierno, estima que buena parte de las reformas son ilegales, incluso contrarias a la Constitución, y, además, señala que es poco probable que sean eficientes. “Algunas propuestas son inconstitucionales, no atienden a la naturaleza del derecho penal… Fundamentan las reformas en el régimen de excepción, no en la necesidad normativa por falta de regulación. Leyes penales existen y de sobra”, comenta.

“Aumentar las penas nunca ha significado un combate eficaz al delito”, dice Galeas, quien además considera que las leyes salvadoreñas ya cuentan con todas las herramientas necesarias para combatir a las pandillas. “No es un problema jurídico, no es un problema de legislación, el problema es que el gobierno no tiene una política criminal”, asegura.

Bukele ha protagonizado este nuevo giro autoritario después de la escalada en la violencia pandillera, pero también en el último tramo de un primer trimestre de 2022 marcado por el aislamiento internacional tras su negativa de condenar la invasión rusa a Ucrania, su fracaso en el intento de financiar la deuda pública con un bono Bitcoin que al menos por ahora casi nadie quiere comprarle y con el asomo de fracturas internas en su movimiento político.

La violencia reciente ha permitido a Bukele volver a un sitio en que se siente más cómodo, uno en el que puede señalar a sus enemigos, en este caso las pandillas -a pesar de su pacto con ellas- y quienes lo critican.

Críticos en la mira

Ya el mismo presidente y sus diputados dieron pistas, antes de aprobar las reformas, de a quienes está dirigido en realidad esta enmienda legal: a críticos al gobierno y a quienes no apoyen sin chistar estas nuevas políticas. “Quien nada debe nada teme”, “vamos tras los financistas”, tuiteaban legisladores bukelistas para responder a abogados, periodistas y ciudadanos que mostraban, en público, dudas sobre la legalidad de las reformas o sobre su efectividad para combatir la violencia pandillera.

Antes de pasar las reformas al Congreso y cuando el régimen de excepción ya estaba vigente, Nayib Bukele había escrito en Twitter otra pista. Nadie tendía nada que temer, escribió el presidente, “a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”.

Para la abogada Xenia Hernández, directora de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), lo dicho por el presidente es muy grave. “Es muy peligroso dejar al arbitrio de un funcionario quién es y quién no es sospechoso”, dice en conversación con Infobae.

Otra de las reformas al Código Procesal Penal suspende la posibilidad de medidas alternativas a la prisión a quien sea arrestado por delitos menos graves, como desórdenes públicos. También se establecen, de nuevo, las figuras de jueces sin rostro, se crea un fondo de recompensas para premiar a cualquier ciudadano que proporcione información sobre sospechosos de pertenecer a pandillas. Y, a través de una reforma a la Ley de Presupuesto, el gobierno otorga más fondos a la fuerza pública, policía y ejército.

Sobre la figura de los jueces sin rostro, el abogado Feusier cree que es innecesaria porque en la historia judicial del país no es común que se haya atentado contra jueces que vieron delitos complejos o de crimen organizado. “Afecta todas las garantías orgánicas de imparcialidad… Las partes, como el juez es anónimo, nunca se van a dar cuenta si ese juez tiene prejuicios, si es capaz, si tiene conflictos de interés…”, dice.

Xenia Hernández, de DTJ, ve en el régimen de excepción un grave riesgo para la institucionalidad y la democracia del país. Su reflexión adelanta, además, una de las principales preocupaciones expresadas por miembros de la sociedad civil salvadoreña respecto a las nuevas reformas legales de gobierno: el control absoluto que el presidente ejerce sobre el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

“Lo que genera más preocupación es que todo el sistema de justicia está capturado por este gobierno, sirve a este gobierno. Es decir que bajo las generalidades de este régimen de excepción pueden utilizar como excusa el combate a las pandillas para encubrir el ataque y detenciones arbitrarias de miembros de oposición a quienes acusen de ser miembros de pandillas o financistas o defensores”, opina Hernández.

Una guerra contra quién

Si se mira de lejos parece que el gobierno de Nayib Bukele ha emprendido una guerra sin cuartel contra las pandillas MS13 y Barrio 18, las principales responsables de la violencia en El Salvador. Pero, si se mira de cerca a los motivos del gobierno, no está tan claro que las medias tomadas por el presidente sean eso, una guerra a las pandillas.

En esta nueva escalada de violencia, así como en toda la respuesta posterior de Bukele y sus funcionarios hay dos escenarios. Uno es el público, el del despliegue. En ese, los ministros de Defensa y Seguridad se toman fotos con armas largas en supuesta persecución de pandilleros mientras el presidente y sus diputados vociferan sin tregua que están en una especie de guerra santa con las maras.

En el otro escenario, el que el gobierno mantiene en silencio, lo que existe son hechos que confirman lo que ya han dicho el gobierno de Estados Unidos a través de sus departamentos del Tesoro y Justicia, que el gobierno de Bukele se entiende con las pandillas, al menos con sus líderes, con quienes ha mantenido un pacto de beneficio mutuo.

Nada menos el viernes 1 de abril, una nueva investigación periodística arrojó más detalles de ese entendimiento. Un amplio reportaje firmado por el portal especializado en crimen organizado InSight Crime y el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica prueba que el gobierno de Bukele permitió a cuatro líderes pandilleros abandonar temporalmente las cárceles del país en diciembre de 2021 y enero de 2022. El mismo reportaje asegura que la Dirección General de Centros Penales se ha negado a confirmar si sabe dónde están ahora esos pandilleros.

Osiris Luna Meza, el jefe de cárceles del gobierno Bukele, es el funcionario que ha supervisado y coordinado estas salidas de líderes pandilleros. A Luna el gobierno de Estados Unidos lo acusa de ser el nexo entre Bukele y las pandillas, por lo cual una corte de Nueva York prepara cargos penales.

En El Salvador, de hecho, es imposible que alguien más allá de Luna Meza y sus colaboradores conozcan qué hacen y cómo se mueven los líderes pandilleros en las cárceles o desde ellas. No es solo que el gobierno ya desarmó todos los mecanismos de libre acceso a la información pública, es que desde diciembre pasado ha impedido a los jueces de vigilancia penitenciaria acceso a los registros de información de reos, según una investigación de El Faro.

A todo esto se suma, como ya ha publicado Infobae, que la Corte Suprema de Justicia, también bajo el control de Bukele, se ha negado a extraditar a dos de 14 líderes de la MS13 cuya extradición reclama Estados Unidos para que respondan ahí por crímenes como homicidios y actos de terrorismo. Y que el fiscal general, también nombrado por Bukele, ha pedido explícitamente que no se extradite a uno de ellos porque Estados Unidos no garantiza que se le respeten sus derechos.

Por ahora, incluso antes de que el congreso bukelista aprobara las enmiendas, la cifra de asesinatos había vuelto a bajar drásticamente, a solo dos muertos el lunes 28 de marzo.

Las razones de la escalada reciente siguen sin estar claras. Ya en noviembre pasado había ocurrido algo similar, cuando en 72 horas se registraron 42 homicidios. Las causas tampoco estaban claras entonces, pero como reportó Infobae, un alto oficial de la Policía explicó que una de las hipótesis era, precisamente, que el pacto con Bukele se había fracturado y la pandilla estaba mandando un mensaje.

Esta vez, otro jefe que habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, dijo que se trata de lo mismo, de una onda expansiva provocada por reacomodos en el pacto, por falta de cumplimiento del gobierno y por reajustes en el liderazgo pandillero, sobre todo el de la MS13.

En cualquier caso, el resultado inmediato de este nuevo capítulo en El Salvador es que hoy un ciudadano al que la Policía de Bukele arreste por una acusación que haya hecho el fiscal general de Bukele tendrá menos herramientas para defenderse ante las cortes que controla Bukele. El abogado Feusier lo resume bien: “Son vulneraciones claras al derecho que tiene cualquier ciudadano a ser juzgado con un debido proceso. No se juzga a criminales, se juzga a cualquier persona a la que el poder del Estado señale como criminal”.

INFOBAE