Por LUCÍA ALFONSO MIRABAL.- 

Tras mantener a cientos de cubanos presos durante meses, el régimen se enfrascó en un maratón de juicios en diciembre, no solo contra manifestantes del 11J, sino contra cubanos encarcelados desde mucho antes, como Luis Robles.

El Gobierno de Cuba ha sido denunciado por mantener en prisión provisional sin juicio ni petición fiscal a centenas de ciudadanos, entre los que resalta el nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue arrestado cuando se disponía a sumarse a las protestas que estallaron el 11 de julio en varias ciudades cubanas y se extendieron hasta el 13.

Desde antes, estaban presos Maikel Castillo (Osorbo); Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, Lázaro Yuri Valle, Esteban Rodríguez, Inti Soto y Ángel Cuza.

El Gobierno sabe que podría tener que rendir cuentas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en algún momento por la denuncia de estas violaciones y porque estadísticamente el número de presos ha aumentado, lo que constituye un indicador negativo a explicar. Un número significativo de ciudadanos encarcelados sin que se les haya realizado juicio ni existan peticiones fiscales contra ellos da una imagen pésima.

Los cien juicios como mínimo realizados en diciembre responden a la necesidad de atenuar esa mala imagen en lo posible, sin tener que renunciar al encarcelamiento de las figuras más incómodas sin celebrarles juicio, como demuestra que se haya juzgado a varios participantes en las protestas del 11J, pero no a Otero Alcántara.

En cuanto a los encarcelados previamente, fueron juzgados Robles y El Gato de Cuba. Esteban Rodríguez fue forzado al exilio y llevado directamete de la prisión al aeropuerto esta semana, mientras Soto y Cuza fueron excarcelados. Los tres últimos llevaban ocho meses en la cárcel sin juicio por participar el 30 de abril en una protesta pacífica en la calle Obispo, de La Habana, en apoyo a Otero Alcántara, entonces en huelga de hambre.

Para Rodríguez, Soto y Cuza se concretó un castigo anticipado y sin necesidad de juicio. Cumplieron en prisión más de la mitad de las condenas que habrían recibido de ser hallados culpables de los delitos de desórdenes públicos y desobediencia en un juicio. Estos delitos se sancionan con privación de libertad de tres meses a un año o, al no ser delitos graves dentro del Código Penal cubano, con multas de 100 a 300 cuotas.

Pero el régimen necesita salir de los acusados por las protestas del 11J, que constituyeron un hecho sin precedentes dentro de la Revolución y acapararon la atención mediática. A la vez, la represión policial generó una profunda repulsa no solo hacia el interior del país, sino a nivel internacional.

La única ganancia que tuvieron las protestas para el régimen en su momento fue que desviaron, momentáneamente, la atención de los encarcelamientos de Osorbo, El Gato de Cuba, Lázaro Yuri Valle y los cubanos que protestaron el 30 de abril en la calle Obispo.

El 11J continúa acaparando una atención que incomoda al régimen. Aunque impide el el acceso del público a los juicios —solo pueden estar presentes los familiares de los acusados, lo que infringe el principio de publicidad del debate penal e invalida de facto la garantía del debido proceso—, no puede mantener los procesos en secreto. Cada petición fiscal, cada juicio y cada sentencia generan noticias en la prensa independiente cubana, que lee un número cada vez mayor de cubanos.

Pero si por una parte el régimen necesita realizar juicios ejemplarizantes que disuadan al resto de los cubanos de realizar protestas en el futuro, también debe intentar ofrecer al mundo una imagen de legalidad, de que en Cuba hay un Estado de derecho.

De la misma forma que tras las protestas, concedió migajas al pueblo en paralelo a la represión, ahora celebra juicios a manifestantes presos y a algunos cubanos encarcelados desde antes, mientras mantiene a otros en prisión provisional sin juicio ni petición fiscal. O los destierra, como acaba de hacer con Esteban Rodríguez.

Por tanto, procesa –con peticiones fiscales desproporcionadas y condenas que lo son aún más– al número de presos necesario para mostrar la menor cifra posible de encarcelados sin juicio. Entre los que permanecen en prisión provisional hace meses se encuentran las figuras más incómodas para el régimen, pero para ellos reserva el tratamiento que ha recibido Rodríguez. Tampoco puede descartarse que sus liberaciones formen parte de alguna negociación diplomática en la que el Gobierno se halle inmerso. El régimen no puede permitirse que queden libres dentro de Cuba ni darles más notoriedad a través de juicios.

Ya Otero Alcántara y Osorbo recibieron ofertas de exiliarse y las rechazaron. No debe sorprendernos que en un futuro no lejano sean sometidos a expatriaciones forzosas.

El régimen también intenta presentar al mayor número posible de presos como delincuentes comunes, a partir de los cargos de atentado, daños a la propiedad, hurto y desacato, entre otros.

No olvidemos que algunos manifestantes recibieron tratamientos penales alternativos, como trabajo correccional sin internamiento o multas, con lo que el régimen espera demostrar que no en todos los casos se aplicaron medidas privativas de libertad.

Otro elemento que explica la maratón de juicios en el último mes de 2021 —además de la confianza del régimen en que los cubanos estarían demasiado ocupados persiguiendo la comida de fin de año como para interesarse en juicios en los que no estaba involucrado ningún allegado— es que en enero entran en vigor leyes que la Asamblea Nacional del Poder Popular debió aprobar en julio y finalmente aprobó en octubre.

Entre estas destaca la nueva Ley de Proceso Penal, en la que habrían podido ampararse los abogados de muchos acusados y procesados para presentar acciones de nulidad procesal por violaciones de las garantías del debido proceso.

DIARIO DE CUBA