El proyecto de ley de seguridad ciudadana, presentado por el gobierno de Iván Duque, fue aprobado en el tercer debate de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Debido a la polémica que ha generado, el senador izquierdista Iván Cepeda y la representante a la Cámara Katherine Miranda dijeron que denunciarán ante la Corte Constitucional la iniciativa que, según sus palabras “criminaliza la protesta social”. Cepeda aseguró que esta ley aprobada por el uribismo lo único que hace es legalizar las “prácticas criminales” y se trata de una “licencia para matar”.

La llamada ley de seguridad ciudadana”, que aprueba el uribismo en el Congreso, es un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno.

En ese sentido, el senador anunció, según RCN Radio, que interpondrá una demanda contra la iniciativa en la Corte Constitucional.

Enviaremos el texto aprobado a la Comisión Interamericana de DD.HH. -@CIDH para que constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social.

Hoy dirigimos 2 cartas a propósito de la nefasta ley de seguridad ciudadana. Una a 3 congresistas de EEUU: Patrick Leahy, Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez. Otra a la CIDH. En la primera pedimos que se tenga en cuenta esta ley a la hora de aprobar fondos para Colombia.

Asimismo, la representante a la Cámara Katherine Miranda fue enfática en decir que la ley de seguridad ciudadana “permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos” abriendo la puerta al paramilitarismo.

La ley de seguridad ciudadana de este nefasto gobierno: criminaliza la protesta social, crea delitos y aumenta penas, permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos. ¡Le abre la puerta al paramilitarismo en pleno diciembre y de espaldas al país!.

Por otra parte, el representante a la Cámara Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, y uno de los autores de la polémica ley, defendió lo presentado y aseguró que los “ciudadanos de bien” tienen derecho a defenderse.

La seguridad empezamos a corregirla cuando los ciudadanos de bien se pueden defender. Porque eso disuade al criminal que hoy está empoderado. Aquí no estamos criminalizando ninguna protesta.

Por último, agregó: “quienes cometan delitos van a ir presos bajo un procedimiento rápido y ya no tendrán la excusa donde siempre salían libres y donde el ciudadano veía cómo no se hacía justicia. Este es un mensaje claro a la delincuencia, se les acabó el jueguito de andar violentando a la ciudadanía y que no pasara nada”.

Los puntos destacados del proyecto son los siguientes:

- Endurecimiento de penas en caso de homicidio contra un uniformado: lo aprobado en Cámara establece que este tipo de hechos se castigará con penas que oscilan entre 41 y 60 años de prisión

- Penas más fuertes para quienes obstruyan la labor de la fuerza pública: el artículo 20, que suscitó reacciones airadas por parte del representante David Racero (Partido Alianza Verde), castiga con penas de entre tres a cinco años a quienes opongan actos de violencia, amenazas o intimidaciones al accionar de la fuerza pública

- Porte de armas de fuego o armas blancas tendrán penas entre 4 a 6 años si éstas no son utilizadas para un fin lícito

- Traslados por protección de ciudadanos retenidos por la fuerza pública contarán con cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico que atienda emergencias de salud, comunicación con un familiar en caso de traslado a otro centro penitenciario

- El uso de armas en legítima defensa ante situaciones que así lo ameriten

- El proyecto de ley es claro en solicitar que se eviten las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad

- Refuerzo en ciberseguridad para la Fiscalía con la apertura de 125 vacantes para cargos informáticos

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