La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, realizó los trámites de solicitud de asilo en España a través del Área de Protección Internacional de la Dirección General de la Policía, según confirmaron a la agencia Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso.

Ortega señaló además en un comunicado que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver, aportando documentos, en los que asegura que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro.

Según el relato de Ortega Díaz, en marzo de 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional dado que, afirmó, el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes.

Tal y como dicen las fuentes consultadas, esta denuncia se produjo después de que fuesen asaltadas con fuerzas militares las instalaciones de la Fiscalía. La que fuera fiscal general afirma que el régimen de Maduro tomó represalias contra ella y su familia, sometiéndola a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física.

Esto motivó que saliera del país y encontrara refugio en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

A la par Ortega Díaz también adelantó gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que, aseguran fuentes cercanas a la ex fiscal, sustentó con pruebas forenses y documentales la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano, presos políticos y ciudadanos indefensos.

Según indican, esta denuncia originó nuevos ataques y amenazas contra su vida y su libertad. Así, ante las constantes amenazas decidió trasladarse a España y solicitar asilo argumentado que a pesar de que era protegida en Colombia sentía temor por su vida dado que ambos países comparten una amplia frontera que es permeable al libre tránsito.

Además, indicó al pedir asilo que el dispositivo de seguridad que era necesario en Colombia, no le permitía sentir la libertad necesaria para desarrollarse en la vida cotidiana. Y añadió que en España está más cerca de La Haya, lo que facilitaría el impulso de su denuncia ante la Corte Penal Internacional por violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

Ortega Díaz huyó hacia Colombia en agosto de 2017, dos semanas después de haber sido destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavisa, según informaron entonces las autoridades migratorias de Colombia, que corroboraron que la ex fiscal se desplazó a Bogotá tras llegar a Aruba en una lancha.

La que fue antecesora del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habría viajado a bordo de una lancha rápida desde la península de Paraguaná, en el noroeste de Venezuela, hasta las costas de Aruba, en compañía de su marido, el diputado Germán Ferrer, y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves.

La salida de Ortega tuvo lugar dos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la detención de Ferrer por presunta extorsión. Tarek Williams acusa a Ortega Díaz de ser la “autora intelectual” de los muertos y heridos que dejaron las manifestaciones contra la dictadura de Maduro durante esos meses de 2017.

Fruto de esa acusación, en ese mes de agosto el TSJ procedió a congelar las cuentas bancarias de la ex fiscal y prohibió su salida del país. Ortega Díaz había denunciado en varias ocasiones que el régimen chavista había puesto en marcha una persecución política en su contra.

Dos años después, Ortega Díaz, quien sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, se posicionó a favor del opositor Juan Guaidó y pidió apoyo para él.

La ex funcionaria también acusó a Maduro de estar implicado en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. “Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno”, aseveró entonces, según recogía el diario El Universal.

Posteriormente, en 2018, desde Suiza, la ex fiscal general denunció la violación de los Derechos Humanos en Venezuela en un foro sobre el país celebrado en Ginebra Suiza. Además, Ortega Díaz confirmó que añadiría nuevas pruebas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) a las ya aportadas en 2017 contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

(Con información de INFOBAE/Europa Press y EFE)