El argumento que había dado Morales para justificar el drástico cambio en la tendencia era que los votos provenían de áreas rurales favorables a su partido. Sin embargo, el informe rechaza esta tesis e indica que aún si este hubiera sido el caso, “no se vería una discontinuidad tan aguda en torno a un punto arbitrario como el umbral del 95%”.

El informe explicó que su campo fue “acotado, tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación con los componentes del proceso que fueron analizados". Por ende, expresó que “excede a este informe lo ocurrido en la etapa pre electoral y los hallazgos de la misión de la observación de la OEA respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del TSE en la fase anterior a los comicios”.

Sin embargo, aclaró, “los hallazgos son contundentes”. “El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría”.

El pasado 10 de noviembre Almagro había pedido la anulación de las elecciones tras difundir los resultados preliminares del informe, realizado por auditores encargados de valorar la calidad democrática del proceso. Al igual que el reporte final, el organismo había determinado la existencia de “irregularidades muy graves” en el proceso.

La declaración de la OEA elevó los niveles de agitación existente en la sociedad boliviana desde el día de las elecciones, marcado por denuncias de fraude contra el entonces presidente. Poco después de la publicación, el todavía presidente Morales anunció nuevas elecciones y la conformación de un nuevo TSE.

Sin embargo, la decisión no logró calmar las tensiones. Y horas después, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el de la Policía Nacional, Vladimir Calderón, le solicitaron al jefe de Estado que dimitiera para desactivar un escenario crecientemente convulsionado, cosa que Morales hizo ese mismo día.

Luego de dos semanas donde los enfrentamientos en las calles se desarrollaban en paralelo a las negociaciones políticas, la Asamblea Legislativa sancionó una ley de urgencia para anular los comicios del 20 de octubre, agilizar la convocatoria a nuevas elecciones y conformar un nuevo TSE.

Uno de sus artículos, además, vetó la posibilidad de que Morales y su vice durante su tiempo al frente del Ejecutivo, Álvaro García Linera, se postularan como candidatos.

La ley fue promulgada por la sucesora de Evo Morales y presidente interina, Jeanine Áñez, quien un día después designó al primer miembro del nuevo tribunal, Salvador Romero Ballivián. Desde entonces comenzó a correr un plazo de 20 días para designar al resto de los miembros del tribunal que, una vez conformado, tendrá dos días para llamar a elecciones.

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