Con la autorización legislativa, la subasta de derechos para extraer petróleo y gas en una gigantesca área en aguas profundas actualmente explotada por la estatal brasileña Petrobras y con comprobadas y gigantes reservas de hidrocarburos podrá ser realizada el 6 de noviembre próximo como estaba inicialmente previsto.

La enmienda aprobada autoriza al Estado a resarcir a Petrobras por ceder el área que explota, conocida como “Cesión Onerosa”, para que otras empresas también puedan hacerlo y agilizar la extracción de las riquezas.

Los derechos para explotar las riquezas de la “Cesión Onerosa”, ubicada en aguas muy profundas en la cuenca marina de Santos, en el océano Atlántico, fueron ofrecidos exclusivamente a Petrobras sin licitación en 2010 como parte de pago por la participación del Estado en el proceso de capitalización de la petrolera.

En aquella ocasión se estableció que Petrobras tendría derecho a extraer 5.000 millones de barriles de petróleo en dicha área, con lo que el Estado pagaría por las acciones con las que se quedó en el proceso de capitalización.

Pero la petrolera brasileña descubrió que el área cuenta con al menos 15.000 millones de barriles de reservas, por lo que el Estado decidió realizar una subasta de concesiones para que otras empresas puedan explotar ese excedente.

El volumen de hidrocarburos calculado en el área supera las propias reservas probadas de Petrobras, que al final del año pasado ascendían a 13.278 millones de barriles.

Del total recaudado con la subasta, Petrobras recibirá cerca del 30%, unos 33.000 millones de reales (unos 8.250 millones de dólares), como resarcimiento, mientras que el restante será distribuido entre los Gobiernos federal, los regionales y los municipales.

El Congreso aún tendrá que votar otra enmienda constitucional para determinar cómo será distribuido el resto de los recursos procedentes tanto de la subasta de concesiones como de las regalías por la explotación de hidrocarburos.

La enmienda en votación, que aún puede ser modificada, determina que los 27 estados brasileños tendrán derecho al 15% de los recursos recaudados, los municipios a otro 15%, los estados en que están ubicadas las reservas al 3% y el restante quedará en poder del Gobierno federal.

Con información de INFOBAE/EFE