La oposición de Nicaragua convocó a un paro nacional para este jueves, el quinto desde que estalló la crisis hace más de un año, en protesta contra el presidente Daniel Ortega y bajo el lema "Vamos a paro por la libertad de todos".

"Si te querés solidarizar con el dolor, contribuir con parar el sufrimiento, cerrá la puerta de tu casa, no salgás, no asistás al trabajo, no vayas al colegio, no abrás tu negocio (...), la acción en este caso es la inacción, para que no haya más abuso, más muertos", declaró este miércoles el integrante de la convocante Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

El paro ha sido programado entre las 00:00 horas y las 23:59 de este jueves por la Alianza, que abandonó el lunes pasado unas negociaciones con el Gobierno alegando que este no ha cumplido el compromiso adquirido de liberar a centenares de manifestantes antigubernamentales, a los que considera "presos políticos".

El paro del jueves será "un mensaje moral y ético", declaró el presidente del Cosep, que es la principal cúpula empresarial de Nicaragua, un país cuya economía cayó un 3,8% del PIB

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, advirtió de que el de hoy será un paro distinto a los cuatro anteriores, ya que la economía está más golpeada que en 2018 y posiblemente no todos los negocios se sumarán a la protesta.

El paro del jueves será "un mensaje moral y ético", declaró el presidente del Cosep, que es la principal cúpula empresarial de Nicaragua, un país cuya economía cayó un 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 arrastrada por la crisis sociopolítica.

Aguerri denunció que el Gobierno ha lanzado "amenazas al sistema bancario (...), al sector comercial, del mercado, con quitar licencias si cierran", y dijo que los empresarios que apoyan la protesta tienen claro que "estas amenazas van a producir algún tipo de consecuencias".

En un mensaje leído por Chamorro, la Alianza definió el nuevo paro como una protesta cívica "por la libertad de todos los 'presos políticos', pero, en un sentido más amplio, por la libertad de todos los nicaragüenses que sufrimos esta cárcel dictatorial".

La Alianza invitó a que las personas se sumen al paro "si nos importan los presos (políticos), si nos preocupa que los asesinen, si nos molesta que los golpeen, si nos indigna que las madres de los presos sean humilladas".

La Alianza invitó a que las personas se sumen al paro "si nos importan los presos (políticos), si nos preocupa que los asesinen, si nos molesta que los golpeen, si nos indigna que las madres de los presos sean humilladas"

El miembro de la Alianza Carlos Tünnermann, uno de los personajes más respetados de Nicaragua, llamó a los ciudadanos a sumarse a la medida, ya que "es una de las maneras cívicas y pacíficas que tienen los pueblos de protestar cuando están siendo acosados", y agregó: si el Gobierno "no permite llenar las calles, lo que podemos hacer es vaciarlas".

El llamado al paro fue motivado por la muerte del "preso político" de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense Eddy Montes Praslín, de 57 años, quien recibió un disparo en la cárcel La Modelo en circunstancias no claras que involucran al menos a un custodio.

En marzo pasado, el Gobierno de Ortega se comprometió, en las negociaciones con la Alianza que comenzaron el 27 de febrero y quedaron suspendidas el 3 de abril, a liberar por completo a todos los 809 presos políticos de la lista de los opositores, promesa que reiteró este miércoles, aunque hasta ahora no ha cumplido.

El Gobierno, que reconoce 468 manifestantes presos, a los que llama "terroristas" o "golpistas", ha excarcelado hasta este momento a 336, quienes han sido enviados a sus casas bajo diferentes regímenes carcelarios en medio de presiones de la oposición y de la comunidad internacional.

El paro anunciado para este jueves será el quinto contra Ortega desde que se inició la crisis en abril de 2018

El paro anunciado para este jueves será el quinto contra Ortega desde que se inició la crisis en abril de 2018.

El primero fue el 14 de junio pasado para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el segundo se desarrolló el 13 de julio para mostrar rechazo a la celebración anual sandinista conocida como El repliegue.

El tercero fue el 7 de septiembre para presionar por la libertad de los "presos políticos", y el cuarto ocurrió el 20 diciembre para exigir la salida del Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado unos 325 muertos, según la CIDH, aunque grupos locales elevan la cifra a 593, y el Gobierno solo reconoce 199.

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