La Policía nicaragüense allanó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias, crítico del Gobierno de Daniel Ortega, y detuvo a su director Miguel Mora, denunciaron este viernes periodistas de ese medio, informa la AFP.

Agentes antimotines ingresaron al edificio, sacaron del aire la transmisión del canal y arrestaron a Mora, dijo la jefa de Prensa, Lucía Pineda. Todo una semana después de que las autoridades allanaras oficinas de organizaciones no gubernamentales y un periódico.

Pineda se encontraba en el canal en el momento del allanamiento y, tras hacer pública la situación, se perdió contacto con ella. El canal denunció más tarde que también estaba detenida y calificó de "secuestros" tanto su arresto como el de Mora.

La Policía cerró un tramo de la avenida Bolívar, en el antiguo centro de Managua, donde esta ubicada la televisora e impedía el acceso hacia sus oficinas.

El canal 100% Noticias, que transmite en señal por cable, ha encabezado la cobertura de las protestas antigubernamentales que se iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social.

Esas protestas se transformaron luego en la demanda de renuncia del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Ortega dice que las protestas —que han dejado unos 320 muertos según grupos humanitarios, y 198 según las autoridades— son parte de un plan para derrocarlo.

En las últimas semanas, Mora y otros trabajadores denunciaron que eran hostigados y detenidos por algunas horas por la Policía.

Seguidores de Ortega habían presentado quejas criminales acusando a Mora de fomentar el odio y el terrorismo, según la AP.

El entidad nacional que regula las transmisiones televisivas prohibió a los operadores de cable incluir la señal de 100% Noticias.

La Policía allanó y ocupó hace ocho días la redacción del diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro.

El 14 de diciembre, la Policía allanó cuatro organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Centro para Derechos Humanos de Nicaragua. Las autoridades incautaron los bienes de las oficinas.

El allanamiento de 100% Noticias y el arresto de su director han desatado críticas internacionales.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, expresó en Twitter su "repudio a la cancelación del canal 100% Noticias".

"Ortega está dispuesto a demoler toda la crítica en el país. La comunidad internacional debe estar alerta", advirtió.

"Repudiamos la detención de Miguel Mora, beneficiario de medidas cautelares, y la cancelación señal 100%Noticias. Atentos a las denuncias de cierre de otros medios de comunicación en Nicaragua. Se sigue acallando la disidencia. ¡No hay democracia sin pluralismo y libertad de expresión!", escribió en la misma red social Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Gobierno de Ortega expulsó esta semana a dos misiones de expertos de la CIDH tras acusarlas de "injerencistas" y de parcialidad en la evaluación de la situación del país, según reportó la AFP.

Este viernes, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, criticó severamente la expulsión de las misiones.

"No hay prácticamente ningún organismo independiente de defensa de derechos humanos en Nicaragua", lamentó Bachelet, después de que el propio Alto Comisionado fuera expulsado en septiembre.

"Crímenes de lesa humanidad"

También el viernes, los expertos del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) de la CIDH expulsados por Ortega, consideraron que en el país han ocurrido hechos que pueden considerarse "crímenes de lesa humanidad", reportó la AFP.

"Para el GIEI, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución", indicaron los expertos en un informe presentado en Washington.

La delegación de expertos se desplazó a Nicaragua para investigar las denuncias de represión violentas de las protestas contra Ortega.

El grupo señaló que, desde el inicio de sus labores, trabajó "sin la cooperación del Gobierno" y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores "representó una seria limitación".

Los expertos del GIEI determinaron, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos locales, que "solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo" hubo al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.

"En la investigación de los 109 casos han existido graves deficiencias, como la audiencia de procesamiento de escenas del crimen o su procesamiento deficiente y la ausencia de realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales", indicaron.

La delegación denunció que "numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos".

"Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos", indicó Pablo Parenti, fiscal que forma parte del grupo de expertos.

Los observadores señalaron además que "el sistema de justicia penal ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización" de los ciudadanos que participaron en las protestas.

"En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho un uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado", señalaron.

Evitar la impunidad

Con respecto a la acción de la justicia internacional, Parenti aclaró durante la presentación del informe que Nicaragua no forma parte del estatuto de Roma, por lo que actualmente la Corte Penal Internacional no puede actuar. No obstante, dijo que esto no cierra todas las puertas.

"Hace falta o que el Consejo de Seguridad de la ONU mande el caso a la CPI", explicó.

Para evitar la impunidad de los crímenes, los expertos recomendaron a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU "que inicien una investigaciones y, en su caso, juzguen a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país".

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump firmó una ley conocida como "Nica Act" que limita el acceso de Managua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el Gobierno de Ortega.

DIARIO DE CUBA