Por JORGE A. SANGUINETTY.- 

Con estos comentarios hago abstracción de los orígenes del proyecto de Constitución cubano, de quiénes son sus autores, de la legitimidad del proceso y de la imposibilidad de tener un intercambio libre y abierto entre cubanos. Mi objetivo es tocar algunos de los puntos más importantes de dicho proyecto, que pudieran ser discutidos en Cuba, en la medida que sea posible.

Como he dicho anteriormente en estas páginas, la oportunidad abierta por el Gobierno cubano, aunque lejos de ser ideal, debe aprovecharse para que los ciudadanos se junten como puedan e intercambien ideas sobre temas de gran interés nacional que no se discuten con frecuencia y que debieran estar abiertos permanentemente al debate público. La discusión debe incluir a ciudadanos que todavía parecen estar en paz con el régimen. El colapso del bloque socialista nos enseña que muchos de los agentes de cambio en Cuba pueden estar en posiciones claves en el Gobierno y en el propio Partido Comunista. Ningún cubano, esté donde esté, puede escaparse de la realidad que representa el profundo y prolongado fracaso del castrismo socialista y lo que ha significado para el país.

Visto de conjunto, el proyecto de Constitución dice más que cuando vemos sus partes separadamente. El simple análisis de sus artículos puede convertirse en una distracción. Los elementos críticos de la síntesis que presento son: la definición de Estado socialista, el papel del Partido Comunista, los regímenes de propiedad, la planificación de la economía, las libertades individuales, la separación de poderes, la ausencia de un poder judicial, y el derecho de los ciudadanos a ser libremente electos como diputados de la Asamblea del Poder Popular.

No se necesita ser un erudito para comprender los muchos puntos débiles del proyecto constitucional y lo que el mismo significaría para la ciudadanía y el futuro del país.

El 'Estado socialista' y el rol del Partido Comunista

Para comenzar, los cubanos deben pedir aclaraciones y discutir exhaustivamente qué quiere decir "Estado 'socialista", cómo se define y por qué hay que caracterizarlo como tal. ¿Cómo deberá interpretarse nuevamente el socialismo cubano después de tantos años de haber sido presentado como una fase preliminar de una sociedad denominada pero no bien definida como "comunista"?

Estrechamente ligado con esta cuestión hay que preguntar y discutir en detalle cuál es el papel del Partido Comunista en la Constitución. Tal y como está redactado en el proyecto, el Partido se propone como una entelequia misteriosa e incomprensible que hace pensar, basándonos en la historia de Cuba desde 1959, que es un poder supremo sobre el cual los cubanos saben y pueden nada. Ningún ciudadano responsable puede pasar por alto esta cuestión. Es razonable que incluso y especialmente aquéllos que aun deseando una sociedad socialista para Cuba o que se califiquen como comunistas, esperen que tal sociedad tenga bien definida las reglas bajo las cuales deberá funcionar.

Los regímenes de propiedad

Cuando entramos a examinar el texto del proyecto que trata de los regímenes de propiedad de los medios de producción, o sea, las empresas que producen los bienes y servicios que el país necesita, queda muy claramente definido que la forma primordial de propiedad es la socialista o estatal, donde se aceptan formas marginales de propiedad privada que podrán operar solo cuando sea permitido por las autoridades estatales.

O sea, los cubanos no tendrán libertad para montar una empresa, mucho menos para tener más de una o hacer que la única que posean pueda crecer. De lo que se desprende que tampoco tendrán libertad para trabajar donde lo deseen ni poder para negociar mejores salarios y condiciones de vida, ya que el Estado seguirá siendo el principal empleador. Aunque una producción o empresa dadas se considere económica o socialmente necesaria, los cubanos están obligados a esperar que los burócratas estatales la aprueben y desarrollen.

En esta constitución, la propiedad estatal o socialista de las empresas productivas se define como "propiedad de todo el pueblo". Además de vago y abstracto, este concepto es demagógico, engañoso y deshonesto, pues sirve para darle la ilusión a los incautos que tienen algún poder y acceso a la riqueza del país, cuando en realidad es todo lo contrario, no poseen tal propiedad, no la controlan ni se benefician de la riqueza que genera, al menos no tanto como los que de hecho la manejan y que sirven para hacerlos inmensamente dependientes del Estado.

En lugar de estar manejadas eficientemente por los que crean esas propiedades cuando son prósperas, las mismas tendrán que ser administradas por personas leales y aceptables al Gobierno y al Partido que, como podemos constatar tras la experiencia de todos estos años, no garantiza que las empresas sean eficientes, estables y productivas.

La discusión abierta de estos conceptos es una oportunidad para que los cubanos comprendan que la propiedad privada, a la cual debe tener derecho todo ciudadano, no solo es la piedra angular de la economía personal de cada uno, sino también la base de sus libertades civiles.

Un ciudadano sin propiedad es un pobre diablo sin poder para influenciar los asuntos de la sociedad a la que pertenece. Cuando el Estado es propietario de casi todo el sistema productivo de un país, el ciudadano común y sin propiedades se convierte en la práctica en un sirviente de los que manejan las propiedades estatales.

Bajo el manto de "propiedad de todo el pueblo" se oculta el hecho de que las empresas correspondientes deberán ser manejadas por personal que responde al Gobierno y al Partido, no a los intereses de la población, ni como trabajadora ni como consumidora. Y como hemos visto en los últimos años, esto ha significado que las empresas más importantes del país estén en manos de militares, quienes, como es de esperar, pueden disfrutar de beneficios y privilegios a los que el pueblo no tiene acceso. Inevitablemente esto genera formas subrepticias, informales e ilegítimas de privatización, creando en su conjunto una nueva clase que pudiéramos denominar socioburguesía y que, sin ser formalmente propietaria y capitalista, funciona como si lo fuera a la hora de beneficiarse, aunque no produzca eficientemente en beneficio de los trabajadores y consumidores.

En estas condiciones, la pequeña empresa privada que la nueva Constitución permite no puede operar con todo su potencial por muchas razones, principalmente porque no tiene acceso a los recursos que se asignan prioritariamente a las empresas estatales. Y como se ha podido observar desde que Raúl Castro les dio algún espacio en la economía (para que generaran el empleo que las estatales no podían crear), están sujetas a innumerables arbitrariedades por parte de los funcionarios del Estado y de la policía.

El predominio de las empresas estatales obliga a la creación de un aparato centralizado de control de la economía en su conjunto. Así se consagra en la Constitución la necesidad de la planificación central por medio de la cual se monta un sistema de control de precios, salarios, producción y distribución de todo lo que se necesita en el país que acaba imposibilitando que se cubran las necesidades sin depender de la ayuda extranjera, como ha sucedido hasta ahora.

Este aspecto de la nueva Constitución pone en evidencia la incapacidad del Gobierno castrista de reconocer la experiencia del antiguo bloque socialista europeo y el colapso de la Unión Soviética, que en gran medida fue resultado de la ineficiencia y de la planificación central, y descarta la experiencia reciente de Vietnam y China, que reemplazan la ya obsoleta planificación por empresas privadas y mecanismos de mercado libre.

Este empecinamiento en mantener un sistema económico insostenible es difícil de explicar, pero todos los cubanos, incluyendo los que defienden al régimen, deben comprender (y esto es parte del objetivo estratégico de aprovechar las consultas) que su prolongación significa un estancamiento crónico de la economía y una sentencia a vivir permanentemente en la pobreza y con muy pocas libertades.

Las libertades políticas

El diseño constitucional es un verdadero catálogo de restricciones a las muchas formas de libertad de los cubanos, pues las económicas se suman a otras restricciones para que la inmensa mayoría de los ciudadanos obedezca como rebaño las órdenes de una exigua pero poderosa oligarquía, bajo la falsa creencia de estar construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Por el contrario, las desigualdades en la distribución de los poderes políticos se ven claramente en la falta de un texto que garantice la libertad de expresión del pensamiento político, la falta de derecho a la propiedad privada de medios de expresión y comunicación.

Toda la rigidez institucional que se refleja en la nueva constitución converge armoniosamente en la falta de derechos de los cubanos en participar como diputados libremente electos en la Asamblea del Poder Popular, que en otras condiciones podría ser un instrumento, como su título indica, de participación ciudadana en el gobierno del país.

El hecho también notorio de que esta Constitución no reconoce la separación del Poder Judicial del Poder Ejecutivo y del Legislativo completa el diseño de una arquitectura consagrada a manejar y explotar a la población cubana.

Cualquier cubano con una inteligencia común que desee honestamente lo mejor para su país, puede darse cuenta de que hay que votar en contra de semejante proyecto constitucional.

DIARIO DE CUBA