La Comisión Europea ha pedido este lunes a las autoridades búlgaras que clarifiquen cuanto antes si la violación y asesinato de Viktoria Marinova el pasado sábado está relacionada con su labor como periodista de investigación para una cadena de televisión.

Marinova fue hallada muerta en un parque de la ciudad búlgara de Ruse, con signos de haber sido violada, golpeada y estrangulada, solo una semana después de que su programa Detector de mentiras airease ciertos casos de presunta corrupción relacionados con el desembolso de fondos estructurales de la Unión Europea.

El crimen de Bulgaria se suma al asesinato de la periodista Daphne Caruana Galiza en Malta y del periodista Jan Kuciak en Eslovaquia, ambos volcados en investigaciones de corruptelas en sus respectivos países. Aunque el móvil del crimen búlgaro aún no se ha aclarado, la secuencia de tres asesinatos de periodistas en países de la UE en apenas un año ha disparado las alarmas en Bruselas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se ha mostrado en un tuit "conmocionado por el horrendo asesinato de Victoria Marinova". Y no ha dudado en establecer una relación entre el asesinato y la labor profesional de la víctima. "De nuevo, una periodista valiente ha caído en la lucha por la verdad y contra la corrupción", tuiteaba Timmermans.

La situación resulta tan alarmante para Bruselas que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, señaló en su reciente discurso de la Unión: "Habrá que proteger mejor a nuestros periodistas, que también son actores importantes de nuestra democracia". Juncker lamentó que "demasiados periodistas se ven intimidados, atacados e, incluso, asesinados".

El portavoz oficial de la Comisión Europea ha reclamado a Bulgaria "una investigación rápida y en profundidad". Y ha pedido que se aclare cuanto antes "si el ataque contra Marinova está vinculado a su trabajo". Bruselas, además, ha trasladado a la Oficina Europea de Lucha con el Fraude (OLAF) las sospechas sobre el presunto uso fraudulento de fondos estructurales revelado por la periodista asesinada.

La muerte de Marinova se produce en un entorno de evidente deterioro del Estado de derecho y de libertades y ha colocado a Bulgaria en el punto de mira de las autoridades comunitarias.

Bulgaria se añade a una lista en la que ya figuran Polonia (con una investigación abierta por la Comisión sobre la base del artículo 7 del Tratado de la UE que permite suspender ciertos derechos de un Estado miembro) y Hungría (con una petición del Parlamento Europeo para iniciar una investigación de acuerdo con el mismo artículo 7). El creciente número de presuntos infractores de los derechos fundamentales de la UE incluye también a Rumania, Malta, Eslovaquia e, incluso, Italia (tras la intención de su ministro del Interior, luego descartada, de crear un censo de gitanos).

En el caso de Bulgaria y Rumania, la presión de la Comisión puede redoblarse en las próximas semanas porque ambos países están sometidos desde su ingreso en la UE (en 2007) a un mecanismo de cooperación y verificación que revisa periódicamente sus avances o retrocesos en la reforma judicial y en la lucha contra la corrupción.

Hasta ahora, Bruselas ha reconocido los avances de los dos países, a pesar de ciertos tropiezos y rectificaciones. Pero los próximos exámenes pueden resultar más duros a la vista de las tendencias iliberales e involucionistas que campan en los dos países. Timmermans ya advirtió la semana pasada, en vísperas del referéndum celebrado en Rumania este fin de semana para blindar constitucionalmente la prohibición del matrimonio homosexual, que "si hace falta, la evaluación de la Comisión será brutal".

El referéndum celebrado en Rumania ha fracasado (al no alcanzar la participación requerida del 30%). Pero Bruselas sigue inquieta ante la posibilidad de que Bucarest utilice la vía plebiscitaria para iniciar contrarreformas, por lo que el próximo informe se espera duro. Una dureza que se puede extender a Bulgaria si no se aclara antes el asesinato de la periodista.

El veredicto negativo de esos informes puede complicar el ingreso de Bulgaria y Rumania en el espacio Schengen, vieja demanda de ciudadanos búlgaros y rumanos que todavía deben pasar controles fronterizos al viajar por el resto de la UE. Bruselas también puede dificultar el acceso a fondos europeos, incluidos los vinculados al Mecanismo de Verificación (118 millones de euros en el caso de Rumania entre 2014 y 2020; y 30 millones para Bulgaria en el mismo período).

EL PAIS; ESPANHA