Las anotaciones minuciosas de un chófer han destapado lo que puede ser la mayor red de corrupción jamás descubierta en Argentina. Ocho cuadernos detallan los presuntos sobornos millonarios pagados durante 10 años por empresas contratistas de obra pública durante el kirchnerismo.

La presión judicial ha abierto una caja de pandora. El último protagonista ha sido el empresario Juan Carlos Goycoechea, quien declaró como arrepentido que pagó dinero negro a cambio de contratos con el Estado en nombre de la multinacional española Isolux Corsán.

Los bolsos con dinero que durante 10 años transportó en su auto Oscar Centeno, chófer del número dos del ministerio de Planificación del kirchnerismo, Roberto Baratta, amenazan con la cárcel a los más exaltos cargos del anterior Gobierno. El 13 de agosto, el juez Claudio Bonadio escuchará el testimonio de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), a la que considera la jefa de una asociación ilícita creada para enriquecerse con dinero del Estado. Centeno apuntó con obsesión los pagos que durante una década ayudó a concretar como chófer, con nombres de los involucrados, direcciones y detalles que la Justicia logró en buena medida confirmar. La causa puso en la cárcel a 17 personas, entre exaltos cargos y, toda una novedad en Argentina, empresarios acusados de pagar los sobornos.

La justicia se ha tomado siete meses en confirmar buena parte de los escritos de Centeno por vías alternativas, como el cruce de llamadas telefónicas y los registros de ingresos a las sedes oficiales donde, supuestamente, se depositaba el dinero recaudado. En los listados aportados por el chófer figuran pagos por 56 millones de dólares, pero Bonadio especula que la cifra de la corrupción puede aumentar hasta más de 200 millones de dólares.

El rompecabezas se inició por un chófer de buena memoria y muy obsesivo en sus anotaciones, pero la presión judicial puede desencadenar confesiones mucho más relevantes y comprometedoras. Como la del empresario Goycoechea, CEO de la española Isolux Corsán, una constructora que en 2015 había sumado contratos en Argentina por 1.200 millones de dólares. Goycoechea se encontraba esquiando en la Patagonia cuando su nombre apareció en la prensa. Bonadio intentó detenerlo en Buenos Aires y como no lo encontró lo declaró prófugo. El viernes, el empresario se presentó con su abogados en los tribunales federales y pidió declarar como arrepentido.

Ante el juez, el empresario reconoció pagos en efectivo para obtener contratos de obra pública para Isolux, pero dijo que fue “obligado” por los cargos kirchneristas, según reconstruyó el diario La Nación de fuentes judiciales. Dijo además que los sobornos se produjeron entre junio de 2008 y octubre de 2015, aunque por una cifra acumulada mucho menor a los 6 millones de dólares que le endilgó Centeno en sus cuadernos manuscritos. Goycoechea fue un alto ejecutivo de Isolux hasta febrero de este año, cuando la casa matriz lo despidió bajo acusaciones de quedarse con fondos de la compañía mediante operaciones con cheques bancarios. En los cargos internos no hubo acusación alguna de corrupción empresarial.

El juez Bonadio espera ahora que la declaración de Goycoechea sea la primera de una larga lista de empresarios acusados de corrupción. De ser así, Argentina estará ante toda una novedad. La ley del arrepentido, que otorga beneficios judiciales y económicos a los delatores, tiene menos de dos años y fue aprobada por el Congreso argentino al calor del Lava Jato brasileño, la investigación por corrupción que puso en la cárcel al expresidente Lula da Silva.